La tortura blanca o invisible

El policía sabe dónde golpear para no dejar huella

La formación técnica como disfraz de la impunidad clínica

«La crueldad que se oculta bajo el manto del deber es la más difícil de erradicar, pues se ampara en la técnica para silenciar la conciencia.» — Concepción Arenal

En la doctrina moderna de seguridad ciudadana, existen pilares académicos fundamentales que rigen la actuación de los agentes del orden. En ciertos ordenamientos jurídicos, estas asignaturas se definen con rigor bajo la nomenclatura del Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza y el Uso de la Fuerza Potencialmente Mortal. En otras latitudes, estos mismos conceptos se operacionalizan a través de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, integrados en protocolos de medios técnicos defensivos. El objetivo es universal: establecer una escala racional donde la fuerza sea el último recurso y su aplicación sea estrictamente proporcional a la resistencia encontrada.

Estas materias enseñan que el funcionario debe actuar como un garante de la vida, utilizando desde la presencia disuasoria y la persuasión verbal hasta el control físico, limitando el uso de armas de fuego o dispositivos de energía a situaciones de riesgo grave e inminente. Sin embargo, el meollo del asunto y la verdadera tragedia jurídica residen en la perversión de este conocimiento especializado. Existe una zona oscura donde la capacitación técnica se desvía de su propósito protector para convertirse en un instrumento de agresión quirúrgica.

Es lo que se conoce como la técnica del golpe invisible. El funcionario, dotado de un conocimiento profundo de la anatomía humana y de los protocolos de inspección, sabe golpear con precisión para infligir un dolor insoportable o quebrar la voluntad del aprehendido, capturado, acusado o imputado. Este sujeto, que debería estar bajo el amparo de las garantías procesales, se convierte en víctima de una violencia científica, diseñada específicamente para eludir cualquier control posterior y no dejar marcas externas, hematomas ni roturas en la piel que delaten el maltrato ante una revisión superficial.

El drama alcanza su punto álgido durante el reconocimiento médico legal. Cuando la víctima es trasladada ante el facultativo para certificar su estado físico, la ausencia de señales visibles —producto de la pericia en el golpe oculto— suele derivar en una certificación de «buen estado de salud». Este acto médico, que debería ser la última barrera contra el abuso, se convierte en una falsedad institucionalizada. Los traumas internos, las lesiones en tejidos blandos y el daño en órganos profundos quedan fuera del acta oficial. Así, el sistema de justicia se ve contaminado por una praxis viciada donde la pulcritud del expediente clínico oculta la podredumbre de la tortura blanca.

Esta fricción jurídica permite que el proceso judicial avance sin tachas aparentes, mientras la verdad queda sepultada bajo un manto de formalidades que ignoran el sufrimiento real de un ser humano cuyo daño ha sido técnicamente invisibilizado por quienes juraron protegerle.

«Una injusticia hecha a uno solo es una amenaza hecha a todos.» — Montesquieu

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario