La seguridad ciudadana en el umbral del caos

El declive del principio de autoridad y la erosión de la paz social

«Cuando el Estado abdica de su función de proteger al ciudadano, la libertad se convierte en una palabra vacía y el miedo en el único soberano.» Doctor Crisanto Gregorio León

La fractura del orden público y la percepción de impunidad

El clima de convivencia en la España de 2026 atraviesa una etapa de vulnerabilidad crítica, donde el sentimiento de desprotección ha dejado de ser una percepción subjetiva para transformarse en una realidad fáctica innegable. Observamos con rigor académico cómo la relajación en la aplicación de las normas de conducta social ha generado un escenario de incertidumbre que desafía la majestad de la ley en nuestros espacios comunes. Como juristas, tenemos el deber de advertir que la seguridad no constituye una imposición autoritaria, sino el cimiento imprescindible sobre el cual se erigen las libertades civiles; en su ausencia, el individuo se ve forzado al repliegue y al aislamiento. Esta degradación del civismo es la consecuencia directa de una dirección política que, a menudo, posterga la eficacia operativa en favor de dogmas ideológicos, mermando la capacidad de las instituciones para salvaguardar la tranquilidad de la nación. La calle debe recuperar su esencia como ámbito de libertad, evitando que se convierta en un territorio donde la impunidad del infractor prevalezca sobre el derecho al sosiego del ciudadano honesto.

La crisis del principio de autoridad y el desamparo policial

Uno de los fenómenos más preocupantes de la presente década es el sistemático debilitamiento de la figura de los agentes encargados de custodiar el orden legal. En lugar de contar con un blindaje jurídico que aporte certeza a sus intervenciones, los funcionarios de seguridad se hallan sumidos en una inseguridad normativa que paraliza su capacidad de respuesta ante el fenómeno criminal. Desde la cátedra universitaria, sostenemos que el respeto a la autoridad es la viga maestra que sostiene el Estado de Derecho; permitir que quienes representan la ley sean objeto de vilipendio o agresión sin consecuencias jurídicas efectivas supone una capitulación del Estado frente a la barbarie. La excesiva fiscalización sobre el actuar policial, en contraste con la laxitud ante la conducta delictiva, produce una desmoralización profesional que repercute directamente en la calidad democrática. Es imperativo restaurar la dignidad de la función pública de seguridad, dotando a sus miembros de las herramientas legales y materiales necesarias para actuar con la firmeza y proporcionalidad que la paz social requiere.

El desafío de la multirreincidencia y la ineficacia del castigo

La persistencia de delitos cometidos por sujetos que acumulan decenas de antecedentes penales evidencia un fallo sistémico en la capacidad disuasoria de nuestro ordenamiento penal y procesal. El ciudadano contempla con perplejidad un engranaje judicial que parece funcionar como una puerta giratoria, donde la reincidencia sistemática no encuentra una respuesta penal contundente que proteja el patrimonio y la integridad de los vecinos. Como docentes, advertimos que la seguridad jurídica se ve herida de muerte cuando la sanción pierde su carácter preventivo y se percibe como un coste asumible para el delincuente profesional. No es aceptable que el garantismo se desvirtúe hasta el punto de amparar a quienes han hecho de la transgresión su modo de vida habitual. Urge una reforma legislativa rigurosa que aborde la multirreincidencia con la severidad técnica necesaria, garantizando que el sistema judicial no sea visto como un espectador pasivo, sino como el garante real de la justicia que la sociedad civil demanda con urgencia.

La degradación del entorno urbano y el derecho a la ciudad

La falta de seguridad se manifiesta de forma insidiosa en el abandono de los espacios públicos, donde la proliferación de conductas incívicas y zonas de sombra administrativa favorece el enraizamiento de la criminalidad. La existencia de áreas donde el imperio de la ley parece haberse desvanecido representa una renuncia inaceptable de la soberanía estatal. Como profesores universitarios, defendemos que la verdadera justicia social comienza por garantizar que todos los barrios, sin distinción de renta, gocen de un entorno seguro y ordenado. El derecho a la ciudad implica la facultad de transitar por el espacio de todos sin el acecho de la violencia o la intimidación de bandas organizadas que se apropian de lo común. El rigor del derecho administrativo debe aplicarse con celo para recuperar la soberanía en cada plaza y cada calle, asegurando que la convivencia ciudadana no sea sacrificada en el altar de una tolerancia mal entendida que solo beneficia a quienes desprecian las reglas del contrato social.

La reconstrucción ética del compromiso con la paz social

El porvenir de nuestra democracia depende de la recuperación innegociable del deber estatal de proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos. La voz del Profesor Universitario debe alzarse para exigir un consenso nacional que sitúe la seguridad pública por encima de la dialéctica partidista, centrándose en el fortalecimiento institucional y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente. La formación de los futuros operadores jurídicos debe integrar una visión equilibrada donde el orden no sea visto como el antagonista de la libertad, sino como su guardián necesario. Solo mediante la aplicación firme de la ley, el apoyo explícito a los cuerpos de seguridad y una estructura penal adaptada a los desafíos de 2026, lograremos que la paz social vuelva a ser la norma y no la excepción. El Estado debe reafirmarse como el único garante de la tranquilidad pública, probando que el derecho posee la fuerza moral y legal suficiente para amparar al inocente y sancionar con rigor a quien pretenda quebrantar la concordia de la nación.

«La seguridad ciudadana es la base de la libertad; sin el orden que emana de la ley, solo impera el derecho del más fuerte.» Doctor Crisanto Gregorio León.

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario