Hoy: 23 de noviembre de 2024
La más hilarante “información” que una fuente del Partido Popular difundió sobre las once de la mañana de este miércoles 11 de enero de 2022 fue esta: “Cándido Conde-Pumpido se retira”. Era una de las que las “no falla nunca”. Todavía alguien se lo comentó al interesado antes de entrar en la sala de plenos para votar. Y no sin humor, contestó: “¡Pues qué bien!”.
Seguramente ni su fuente ni la propalación de la presunta noticia pusieron, al difundirla, el grano de sal que se requiere, pero hay subyacente una realidad. Y es que la ofensiva de asesinato de reputación (character assasination) sufrida por el magistrado en los últimos meses y años, muy digna de las llamadas cloacas, le llevaron a pensar y expresar en voz alta que lo mejor, ante tanto odio, era dar un paso al costado, coger de la mano a su esposa, a quien también incluyeron en el intento de matar su imagen, y cumplir su función de magistrado sin más. Después, pasar tres años en calma, haciendo sentencias y votos particulares, y dejar a todos con su cadáver de presidente in pectore. Una operación llevada adelante, en este caso, por ilustres magistrados y jueces de altos tribunales, como el propio Constitucional y el Supremo, con los altavoces de lo que se llama el sindicato mediático-judicial, y una gran parte de los medios de comunicación escritos y digitales de Madrid.
Esa demonización como la llama él llegó al extremo de atacar la profesionalidad y el prestigio personal, al punto de que han terminado siendo asesinados. No creía él que nada igual pudiera suceder en otros países europeos con magistrados del Supremo de larga trayectoria, convertidos en objeto de injurias permanentes y descalificación total. Le dejaba con los ánimos destrozados. Pero Spain, es verdad, is different. Si bien sufrió el intento de asesinato reputacional más encarnizado, no es ocioso dejar constancia de que en esta batalla la derecha consiguió que el magistrado José Manuel Bandrés, cuyo nombre figura como “peligroso independentista” en la lista negra de la derecha, causara baja macartista por parte de las huestes de José María Macías, el del famoso bufete Cuatrecasas, que le ha impedido pasar al TC. Y su baja, precisamente, fue un peldaño en la escalada para impedir que votase hoy a favor de Conde-Pumpido. Ni por esas.
María Luisa Segoviano, jugó hasta casi el último momento, con la carta tapada. Pero aparte del suspense hitchcockiano, finalmente, esa presunta indecisión fe un Macguffin, como lo definía el maestro del suspense: un elemento que hace avanzar la trama, pero que no es lo más relevante.
Porque la magistrada Segoviano, con una experiencia jurisdiccional, primero, como magistrada; más tarde, del Supremo y, después, como presidente de su Sala de lo Social, difícilmente podía apostar por la candidata alternativa, la también originalmente del grupo progresista. Precisamente, porque se necesita a un magistrado con experiencia de años precisamente jurisdiccional, porque a su modo especial también lo es, al frente de un TC desacreditado por la derecha, manoseado como tercera cámara legislativa por el PP y Vox —exactamente lo que negó en su antiprotocolario discurso de despedida Pedro González-Trevijano el pasado lunes 9—.
La candidatura de la catedrática María Luisa Balaguer, que se presentó con el presunto gancho de representar el consenso con la derecha, podía llegar a entenderse, en el mejor de los casos, como un deseo de realización personal. Lo que la llevó a hacer una campaña electoral de largos meses, frente al silencio de Conde-Pumpido, que algunos observadores llegaron a crititicar, ya no tenía justificación ni personal, ni profesional ni política desde el golpe del 21 de diciembre de 2022, cuando a sangre fría los magistrados Eneique Arnaldo y González Trevijano dieron la patada en la puerta del Congreso de los Diputados y del Senado.
Toda la idealización, por así decir, de la presidencia del TC, con la que soñaba Balaguer, no podía sobrevivir a ese golpe anticonstitucional. ¿Acaso no fue ella quien se enfrentó a Arnaldo y le dijo esa tarde que dejara de hablar del auto en que estaban todas las respuestas a las objeciones de los progresistas, porque todavía no se había repartido? Fue cuando levantó la voz y gritó: “¡Qué puto auto! ¡De qué estamos hablando! ¡Si no está escrito!”.
Balaguer dijo a este periodista, ayer martes, en un breve intermedio de su conferencia sobre Interpretación de la Constitución, que el propio presidente en funciones, Ricardo Enríquez, le había confirmado los votos de los cuatro magistrados progresistas para su candidatura. La disciplina partidista de voto del PP ha funcionado ¡hasta para César Tolosa, presidente hasta ahora de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo!
Pero, ¿desconocía Maria Luisa Balaguer el fenómeno que hemos llamado de reencarnación? Es decir, ha convivido desde 2017 con la magistrada Encarna Roca. Ese año, los conservadores rompieron el grupo progresista y, en lugar de respetar la propuesta para elegir vicepresidente al magistrado de esta tendencia, Fernando Valdés, cooptaron a Roca. Este, igual que hoy ha hecho Balaguer, abandonó el llamado grupo progresista y se presentó por su cuenta. Y Roca ganó, pero esa oferta que no pudo ni quiso rechazar tuvo un precio muy alto. Para el TC y para el grupo progresista.
María Luisa Balaguer tampoco pudo ni quiso rechazar la oferta de González-Trevijano, quien en su discurso de despedida alentó la candidatura de ella, al afirmar que no hay conservadores y progresistas.
María Luisa Segoviano no picó. Probablemente, porque sabe lo que es el Tribunal Constitucional, tras haber pasado largos años en el Tribunal Supremo.
Y mira por dónde, todo hay que decirlo, el Gobierno de Pedro Sánchez no se lo ha puesto fácil al no menos superviviente que él Conde-Pumpido. Más bien todo lo contrario.
Porque, al nombrar magistrados a Juan Carlos Campo, exdiputado del PSOE, exministro de Justicia y exmagistrado de la Audiencia Nacional, y a la catedrática Laura Díez, mano derecha del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tendrán que abstenerse en asuntos relevantes y no relevantes en los que han participado directamente o que han apoyado en el Congreso, como es el caso de Campo.
Para no mencionar el hecho de que un recurso de amparo y la medida cautelar —porque la cautelarísima fue rechazada, al contrario que la del PP— esperan en un cajón de la magistrada María Luisa Balaguer para resolver la devolución del escaño robado a Alberto Rodríguez. después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, entre la pared de Vox, que la amenazaba en la Mesa del Congreso con seguir la suerte de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la espada de la desobediencia del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, optó por privarle de su escaño por toda la legislatura cuando debía suspenderle por 45 días. Ni más ni menos. Eso dijo la fiscal del Supremo Isabel Rodríguez que debía haber hecho.
Conde-Pumpido tiene tres años para reconstruir el TC. La decisión de nombrar vicepresidenta a la progresista Inmaculada Montalbán, quien junto a él y a Ramón Sáez, han elaborado el plan de reconstrucción, no ha sido arbitraria. No existía ninguna disposición a pactar por parte de los conservadores como quedó patente con el intento de romper el grupo progresista con el respaldo a la candidatura de Balaguer. Por tanto, la idea barajada hace algunas fechas de proponer el nombramiento de Ricardo Enríquez, cuyas relaciones con Conde-Pumpido son impecables, ya no era viable. Enríquez es quien confesó sentir vértigo cuando González-Trevijano y Arnaldo le dijeron que debía votar a favor de la intromisión en el Congreso y el Senado. Pero, por disciplina, así lo hizo.