Los magistrados insisten en la comprobación periódica del estado del excomisario, lo que ha despertado una ola de quejas en el equipo de médicos
La salud del excomisario José Manuel Villarejose ha convertido en casus belli de la última batalla entre la Audiencia Nacional encargado de juzgar tres piezas del caso Tándem. Los magistrados instaban al personal sanitario a realizar comprobaciones periódicas del estado en el que se encontraba el policía retirado. En respuesta, los médicos han difundido un comunicado en el que han recogido sus objeciones y malestar.
La vida de Villarejo se vio seriamente amenazada después de un traspiés que lo dejó incapacitado para testificar en las vistas orales. Los especialistas lo achacaron a una parálisis isquémica, un ataque similar al ictus que presenta síntomas similares pero acarrea consecuencias más leves. Poco después del episodio, en junio de este año, el tribunal pidió a los sanitarios un seguimiento constante de las constantes vitales del expolicía, para el que los profesionales debían trasladarse a su domicilio.
Las condiciones fueron cumplidas durante meses, hasta la llegada de las vacaciones de verano en agosto. Para llenar el vacío que provocaba el descanso estival, los forenses decidieron establecer dos médicos que velarían por la salud del comisario. Sin embargo, tal y como recalca el comunicado, estos médicos acudirían a su residencia “en caso de urgencia” y no “montarían guardia”, lo que implicaría vigilar de cerca el estado de salud de Villarejo durante un horario previamente fijado.
Los sanitarios acordaron que uno de los médicos se iría de vacaciones la primera quincena del octavo mes, y el otro lo haría la segunda. Han justificado esta decisión alegando que agosto es un mes “inhábil” y que desde el principio “se contaba con información médica suficiente para realizar una valoración”, lo que dejaba entrever que no se hacían necesarios informes diarios sobre la evolución del paciente. En su lugar, se propone “emitir un informe final a día 1 de septiembre a efectos de determinar si puede asistir al juicio”.
A la espera de que el tribunal se pronuncio sobre el comunicado expedido por el equipo forense, la defensa de Villarejo también ha hecho públicas sus protestas. Los abogados denuncian la insistencia de los magistrados y los acusan de una flagrante “pérdida de imparcialidad” al entender que la exigencia de un seguimiento constante y exhaustivo “encubre la verdadera finalidad de vigilar diariamente durante todo el mes de agosto el domicilio familiar del enjuiciado a distintas horas del día”.
Cabe recordar que el policía jubilado se enfrenta a una pena de 80 años de prisión por una treintena de piezas, muchas de ellas relacionadas con el caso Tándem, un entramado de corrupción por el que ya fue enviado a la cárcel en 2017 por delitos de blanqueo y organización criminal.