La ‘pinza’ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el ‘caso Begoña Gómez’

Mientras se tramitan los recursos contra la imputación de los delitos de malversación y tráfico de influencias en la sección 23, tanto la esposa del presidente como su asistente, Cristina Álvarez, no declararán ante el juez

Es todo un desafío ejercer el derecho de defensa en la causa de Begoña Gómez tanto por las costumbres procesales del titular del juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, como por los tiempos que se toman los magistrados de la sección 23 de la Audiencia de Madrid, encargada de revisar las actuaciones.

La imputación anunciada el 18 de agosto pasado por el juez Peinado por delitos de malversación y tráfico de influencias de la esposa del presidente y de su asistenta han sido recurridas la semana pasada directamente ante la Audiencia de Madrid, pero la solicitud de todos los correos electrónicos, recibidos y enviados por Begoña Gómez desde 2018 -fecha de su llegada junto con Pedro Sánchez a La Moncloa-, cursada la semana pasada por el juez, con el beneplácito cuando no de la iniciativa de los magistrados de la Audiencia, está en ejecución para que se hagan llegar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Mientras, el juez las ha citado a ambas para el próximo miércoles 10 de septiembre para declarar en calidad de imputadas en los delitos de esta pieza separada, abierta en diciembre con querella del partido político Vox.

Y aunque los recursos de apelación son directos ante la Audiencia, sin pasar por los recursos de reforma ante propio el juez, la tramitación consume varios meses.

En estas condiciones, señalan fuentes judiciales consultadas por este periódico, las defensas no aconsejarán a sus clientas prestar declaración ante el juez y las acusaciones populares que impulsan la pieza separada.
Según la “guía” realizada de facto por la sección 23 de la Audiencia de Madrid, el juez Peinado señalaba el 12 de junio los pasos a dar. «En concreto, respecto de la investigada Cristina Álvarez, ¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar?

La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada [Begoña Gómez] en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privado. «[La conducta de Cristina Álvarez, asistenta de Gómez] podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la presidencia del Gobierno”. [La citada estructura de poder] «Podría permitir inferir la solidaridad con la actuación de la principal investigada [Begoña Gómez], al tiempo que refuerza frente a terceros el carácter prevalente de la conducta de la principal investigada [Begoña Gómez], apuntalando el aura de indudable influencia que como esposa del presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa podía tener toda su actividad privada».

Futuro de las diligencias

Por tanto, el futuro de las diligencias dependerá de la cumplimentación del envío de los correos electrónicos a la UCO ordenada por el juez al palacio de la Moncloa en su providencia de la semana pasada, aparte de la identificación de todos aquellos funcionarios que han sido secretarios generales de la Presidencia desde el 11 de junio de 2018. Actualmente cumple esa función Judit Alexandra Gómez, desde finales de 2023.

El sistema de controles, asimismo, no es ni transparente ni inmediato con el juez Peinado. Muchas de sus resoluciones se realizan mediante providencia, que es una orden, sin razonar, como lo es un auto.
Aunque “contra las resoluciones del juez instructor podrán ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja” (artículo 116 de la ley de Enjuiciamiento Criminal), lo normal es que para recurrir en apelación a la Audiencia de Madrid es que sea contra un auto judicial, no una providencia. El auto debe ir acompañado de un razonamiento jurídico (consideraciones y fundamentos), en los casos en que las leyes de procedimiento (civil o penal) así lo determinan.

La solicitud a La Moncloa de todos los correos de Begoña Gómez desde 2018, por ejemplo, se ha hecho por providencia.

Además, Peinado suele resolver, por ejemplo, 16 recursos de reforma acumulados a lo largo de muchos meses, recursos que las partes han ido presentando, antes de recurrir en apelación. En realidad, no es partidario de resolver los recursos de reforma durante la instrucción.

16 recursos de reforma

En una resolución del 8 de enero de 2025, sobre los apuntados 16 recursos de reforma, los desestima todos por proyección de esta doctrina: “En fase de instrucción no sería admisible el recurso de apelación, y ni siquiera el de reforma, pero en cualquier caso la determinación de las diligencias de investigación decididas por el juez instructor debe entenderse que las ha considerado pertinentes”.

El decalaje entre la la presentación de un recurso de apelación a la Audiencia de Madrid y su resolución no es un asunto menor.

Desde el mes de noviembre hemos sostenido en este medio que la imputación de Juan José Güemes, ejecutivo del Instituto de Empresa (IE), entidad que había contratado a Begoña Gómez para el África Center, se había realizado sin razonamiento alguno y sobre la base de una presunta contradicción inexistente entre Güemes y su subordinada Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del IE.

Peinado sostuvo que Gil de Antuñano le había declarado que se contrató a Begoña Gómez “por ser la esposa del presidente del Gobierno” -hecho inveraz- y acusó de palabra a Güemes de falso testimonio al negar que esa era la razón de su contratación. Amenazó con celebrar un careo entre ambos e imputó a Güemes. Dicho careo nunca tuvo lugar. Cinco meses después, el 16 de mayo de 2025, la Audiencia de Madrid anuló la imputación.

Peinado amenazó también con un careo a Cristina Álvarez y a Francisco Martínez, es secretario general de La Moncloa -actual delegado del Gobierno en Madrid-, pero nuevamente, dicho careo no se ha producido. Y ahora ha solicitado al Palacio de la Moncloa la lista de todos los secretarios generales de Presidencia.

¿Cuándo llegarán todos los correos desde La Moncloa a la UCO para que se realice el informe solicitado por Peinado?

Peinado estará pendiente, en vigilia, para pescar en ese caladero. Porque lo suyo, como dicen en el Reino Unido y en Estados Unidos, es una expedición de pesca, algo que en España se llama investigación prospectiva -a ver qué pesco- y está prohibida. Pero el hombre tiene apoyos en los magistrados de la sección 23: María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández y Enrique Jesús Ramón de Bergés.