La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se ‘retrató’ al imputarle

“No resulta posible atribuirle de una manera mínimamente justificada la filtración”, a Álvaro García Ortiz, advirtió el magistrado del tribunal de apelación Andrés Palomo al abandonar la ponencia por oponerse al auto de procesamiento

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Andrés Palomo tuvo discrepancias sustanciales con sus dos colegas de la sala de apelaciones. La primera tuvo lugar con la decisión (febrero de 2025) sobre la entrada y registro de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) en los despachos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, en octubre de 2024 para clonar durante doce horas sus dispositivos (ordenadores, ipad y teléfonos móviles). Palomo no avalaba dicha entrada, pero se abstuvo de presentar voto particular porque era una decisión “no definitiva”, por así decir, en el proceso de instrucción.

Palomo se “reservó”- reconstruida su posición retrospectivamente- para otro momento.

Y fue cuando le tocó la ponencia sobre el auto de procesamiento (transformación de las diligencias en procedimiento abreviado), a finales de julio de 2025. Presentó una propuesta de archivar las diligencias tanto para Álvaro García Ortiz como para Pilar Rodríguez.

La aceptación de sus otros dos colegas (el presidente de la Sala, Julián Sánchez Melgar, y el magistrado Eduardo de Porres) de archivar la causa contra Rodríguez no logró perfilar un acuerdo para conseguir un auto por unanimidad sobre García Ortiz.

Palomo, pues, cedió la ponencia a manos de De Porres y explicó sus divergencias esta vez sí en un voto particular.

El primero resultó fallido, pero el segundo, el voto particular realmente emitido, es el que podría ser considerado por algunos magistrados como la base de una sentencia absolutoria, alternativa a una condenatoria por parte de un mayoría del tribunal de siete magistrados que comienzan este lunes 3 de noviembre un juicio oral que, en principio, deberá durar diez días.

El autor intelectual -para usar una terminología tan gastada por la derecha mediática y judicial durante el juicio de la masacre del 11-M – de sentar en el banquillo García Ortizes Manuel Marchena, entonces, a mediados de octubre de 2024, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Las versiones transmitidas por Susana Polo, ponente del auto del 15 de octubre de 2024 que abrió causa contra el fiscal general, a diferentes personalidades con quien ha mantenido contacto El Periódico así han dejado constancia de ello.

Marchena y otros cuatro magistrados -Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Susana Polo y Carmen Lamela- decidieron, pues, imputar a García Ortiz. Marchena ya no es presidente de la Sala Segunda, pero forma parte, con los otros cuatro magistrados del tribunal que ahora, tras imputar, juzgarán al acusado fiscal general del Estado.

Otros dos magistrados han sido incorporados para formar un tribunal de siete, número que se dedica a causas relevantes. Son el actual presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, que será el presidente del tribunal, y Ana Ferrer.

De partida, el tribunal contará con cinco magistrados que ya se pronunciaron sobre los indicios para ordenar la investigación. Es lo que hay porque así funciona la Sala Segunda (la magistrada Ana Ferrer ha propuesto una reforma para evitar que la sala que admita una querella e impute a un aforado sea después quien también le enjuicie) .

Y para más inri, al tratarse de una sentencia del Supremo, se trata de una resolución irrecurrible por la vía ordinaria.

Susana Polo vuelve a ejercer la ponencia. Es una segunda oportunidad para ella. Y existen versiones de que podría compartir la afirmación del magistrado Palomo, a saber, que “no resulta posible atribuirle de una manera mínimamente justificada la filtración” al fiscal general del Estado.

También están las posiciones que adoptarán Martínez Arrieta y Ana Ferrer. El primero, según hemos informado, mantuvo una conversación subida de tono con Ángel Hurtado, instructor de la causa, en el despacho de éste último. Pero entonces Martínez Arrieta era presidente en funciones de la Sala Segunda. La segunda, Ferrer, difícilmente respaldará una sentencia condenatoria.

¿Hasta dónde querrá llegar Marchena?

En otros términos, ¿ha ido demasiado lejos ya la Sala Segunda -la Sala de Admisión y la Sala de Apelaciones- como para echarse atrás el tribunal con una sentencia absolutoria?

¿Ha llevado Marchena a la Sala Segunda a una situación tal que quedaría en ridículo, o dicho de otra forma, habría hecho un viaje con las alforjas cargadas por Hurtado para desandar finalmente ese camino con una sentencia que consagrara la falta de pruebas para condenar?

¿Sería suficiente con una absolución acompañada por frases de censura a la Fiscalía General del Estado para contentar al sindicato mediático-judicial?

Fuentes razonablemente informadas sostienen que Marchena contaría con una mayoría de cuatro magistrados -quitando una posible deserción de Susana Polo del grupo de la Sala de Admisión- que ya imputaron el 15 de octubre de 2024 al fiscal general del Estado.

El voto decisivo sería, en este recuento, el del magistrado Antonio Del Moral.

Tanto Marchena como Del Moral proceden de la carrera fiscal.

Ambos han sido miembros de la secretaría técnica de la FGE. Marchena lo fue con Eligio Hernández, primero, durante el gobierno de Felipe González, y más tarde llegó a ser fiscal jefe de la técnica con Jesus Cardenal, en el gobierno de José María Aznar. Del Moral integró la secretaría técnica de Carlos Granados, también en el gobierno de Felipe González.

¿Hasta dónde han cambiado las cosas en la Sala Segunda?

El voto particular de Palomo, por ejemplo, hubiera sido inimaginable en esa larga etapa de Soviet Supremo (guiado por la unanimidad).

Y ya antes, en 2024, los votos particulares de Ana Ferrer contra la decisión de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación, empezaron a modificar el monolitismo cuando Marchena atravesaba sus últimos meses como presidente de la Sala Segunda.

El juicio puede dar mucho de sí.

Puede.

Martínez Arrieta sabe que será “el juicio” con el que pasará a la historia su mandato como presidente de la Sala Segunda, que acaba con su jubilación en abril de 2027..