La cuestión de la vivienda ha permanecido, desde los inicios del actual ordenamiento, en el núcleo de las promesas incumplidas de cada administración. Lo que en algún momento fue una visión de desarrollo urbano integrado, donde se buscaba dotar a la familia de un refugio digno con criterios de sostenibilidad y permanencia, se ha diluido en un mar de burocracia y normativas asfixiantes. Históricamente, existieron modelos que, con acierto, proyectaron soluciones habitacionales con un marcado sentido social, logrando incluso niveles de innovación técnica que fueron referentes de estudio internacional. Sin embargo, ese impulso hacia el progreso arquitectónico fue sepultado por la dinámica de los intereses corporativos, prefiriendo el beneficio del suelo y las plusvalías de contratos millonarios sobre la necesidad vital de quienes hoy no pueden costear un alquiler o una hipoteca.
Al observar el panorama actual de las metrópolis, vemos cómo proyectos que otrora fueron ejemplos integrales de urbanismo —combinando viviendas unifamiliares, áreas comerciales, centros educativos y espacios verdes— han quedado como reliquias de una voluntad política hoy inexistente. En la actualidad, los arquitectos y urbanistas más brillantes, formados en academias de gran prestigio, son figuras que deambulan entre la precariedad y el desaprovechamiento técnico. Su conocimiento y su capacidad para resolver el drama colectivo de la familia que se ve asfixiada por el mercado inmobiliario son sistemáticamente ignorados. Poseen las herramientas para transformar el entorno desprovisto de amparo, pero sus propuestas no encuentran eco en una gestión pública que ha decidido dar la espalda a la ciencia del hábitat.
Han pasado décadas de alternancia en los despachos y la sensación de manipulación social persiste. Se rehúye de la técnica y del conocimiento especializado para dar paso a soluciones improvisadas o parches legislativos que no resuelven la raíz del problema. Se presentan planes, ideas y programas a granel, pero falta la verdadera voluntad y un deseo auténtico de producir una reforma radical en el campo de la vivienda para los sectores que sostienen el país. La juventud se ve obligada a postergar su proyecto de vida y las familias se ven hacinadas en espacios reducidos, mientras los profesionales del diseño observan con frustración cómo su talento es desperdiciado en un sistema que prioriza la rentabilidad estadística sobre la dignidad humana.
Es lamentable que iniciativas que buscaban dotar al ciudadano de un equipamiento urbano completo —con sus parques, zonas de recreación y centros comunitarios— hayan sido sustituidas por la densificación desordenada. La vivienda no es solo un conjunto de muros; es el espacio fundamental para el desarrollo de la vida y la cultura popular. Si el encargado de dirigir las políticas públicas olvida que su función primordial es garantizar un hábitat justo ante el imperio de la especulación desenfrenada, estaremos condenando a las futuras generaciones al desarraigo. La reconstrucción del bienestar requiere volver a la ética técnica y a la honestidad, alejándonos de la retórica vacía para devolverle al ciudadano el derecho de habitar su propio destino con seguridad y decoro.
«La felicidad no reside en las posesiones, ni en el oro, la felicidad habita en el alma.» — Demócrito.
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario