Hoy: 23 de noviembre de 2024
Cuando un conductor sale de un centro de reconocimiento médico para sacarse el carné de conducir o de revisión para renovarlo, ¿existe seguridad de que las condiciones de salud de ese conductor son absolutamente fiables para evitar riesgos en la carretera para él y para los demás conductores? La respuesta rotunda es no en la mayoría de los casos y lo es por dos razones: porque los controles médicos que se realizan no son rigurosos para determinar si alguien padece una patología que pueda condicionar su capacidad física y mental al volante y porque, además, la mayoría de los conductores mienten o esconden problemas de salud para no quedarse sin el carné.
Lo ha comprobado un equipo de investigadores del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada, que ha elaborado un informe para la Dirección General de Tráfico (DGT) en el que ha analizado las implicaciones que las condiciones psicofísicas de los conductores tienen sobre la seguridad vial. El informe incluye, a partir de la base de datos existentes, una descripción de la población de conductores y conductoras de España en 2022.
El estudio ha analizado también el trámite que realizaron en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) durante una década de trabajo, desde 2012 a 2022. Una de las conclusiones principales, según comenta Cándida Castro, es que “en los centros de reconocimiento médico se puede estar produciendo un infradiagnóstico en la detección de enfermedades, y una infraestimación del riesgo por la falta de imposición de restricciones en más del 50% de algunas enfermedades detectadas que conllevan riesgo para la conducción, como los trastornos mentales y del consumo de sustancias, mientras que sí se imponen restricciones en un 80-90% en las enfermedades visuales y auditivas”.
Según el equipo investigador, las conclusiones muestran que sería precisa una detección de las enfermedades que puedan afectar a la seguridad en conducción, algo que podría conseguirse mediante una evaluación más completa que la que se hace actualmente en los CRC. Cándida Castro explica que “sospechamos que, tras analizar los datos disponibles del trabajo realizado en estos centros en la década 2012-2022, se puede estar produciendo dos hechos relevantes.
En primer lugar, un infradiagnóstico de enfermedades que afectan a la conducción. En muchos casos no son detectadas, pero tampoco informadas por quienes conducen. Esta sospecha podría despejarse analizando cómo se produce una diferente distribución de estas enfermedades en la población global, en comparación con su distribución en la población de los hombres y mujeres que conducen”.
Por otro lado, continúa la investigadora, “se puede estar dando una infraestimación del riesgo ya que, aunque se detecten las enfermedades o la población conductora las informen, en un alto porcentaje no se utiliza dicho diagnóstico para la imposición de restricciones”.
En los CRC se suelen diagnosticar, sobre todo, enfermedades relacionadas con déficits visuales, auditivos y perceptivo-motores, imponiendo en estos casos un porcentaje elevado, entre el 80 o 90%, de diagnósticos de “Apto con restricciones”, “Interrumpido” y “No Apto”.
Sin embargo, este no es el caso de otras enfermedades que, sin duda, añade Castro, “conllevan riesgo en la conducción, caso de ciertos trastornos mentales o del consumo de sustancias, entre otras, en las que no se imponen los diagnósticos en el mismo porcentaje. De hecho, en este ámbito, sólo se imponen restricciones aproximadamente en el 50% de los casos”. Es decir, la mitad de los conductores lo hacen sin restricciones con enfermedades que son un riesgo para la conducción.
De ahí, concluye el informe, la necesidad de colaboración entre los centros de salud (en los que se tiene un historial médico de la población conductora) y centros especializados de la DGT de modo que sea posible imponer restricciones que garanticen la conducción segura en los casos que sea preciso. Este modelo ya se implementa en el Reino Unido, donde cuentan con centros especializados en los que se realiza una evaluación profunda que incluye pruebas neuropsicológicas en simulador y en la carretera.
Según las conclusiones del estudio, esta evaluación más profunda, que incluye pruebas médicas, neuropsicológicas y de personalidad especializadas y práctica en la carretera, no sólo debería dirigirse a la población conductora mayor, sino a todos los que padecen enfermedades. La sugerencia para quienes conducen y no tienen problemas de salud, en cambio, es que el trámite de renovación podría ser rutinario, al modo en el que se renueva el carné de identidad, “como ocurre en Reino Unido”, puntualiza Castro.
La detección de estos problemas, determina el informe, podría ser la punta del iceberg para poder intervenir en estas enfermedades que suponen no sólo un problema de tráfico, sino también social, laboral y familiar. A partir de estos datos también podría sugerirse que los 70 años parece ser una edad en la que se produce un punto de cambio en el que disminuye bruscamente el diagnóstico de “Apto” y aumenta el de “No Apto”. Esta afirmación podría tal vez servir como sugerencia para replantearse si los períodos de vigencia del carné de conducir deberían ser inferiores a 5 años a partir de los 70, como ocurre en la actualidad.
Practicar la conducción está asociado con el bienestar y la calidad de vida, reflejando independencia, capacidad cognitiva y siendo una manera de mantener relaciones sociales. De hecho, se ha interpretado que mantenerse conduciendo constituye una manera exitosa de envejecer. Por ello, señala el informe, “es esencial contar con métodos de evaluación precisos y fiables para evaluar las habilidades de los conductores, especialmente las de aquellos más vulnerables, y determinar si están en condiciones de seguir conduciendo. Esta evaluación debería incluir una evaluación neurocognitiva detallada, análisis del historial médico, así como pruebas en la carretera”.
El declive de las capacidades cognitivas y psicofísicas asociado al envejecimiento, aunque no sea patológico, puede afectar a la realización de actividades de la vida cotidiana, y, en particular, a la seguridad en la conducción aumentando el riesgo de siniestralidad vial.
La tasa de mortalidad en siniestros de tráfico por cada millón de habitantes entre las personas mayores ha sido una de las más altas en todos los grupos de edad. Aunque esta tendencia parece haber disminuido en los últimos años en España, sigue siendo motivo de preocupación según datos de la Dirección General del Tráfico (DGT, 2022). Se prevé que para 2030, el número de personas mayores involucradas en siniestros mortales aumentará en un 155%, constituyendo el 54% del aumento general previsto en el número de siniestros mortales.
Con este envejecimiento, se observa un aumento en el porcentaje de conductores de edad avanzada con limitaciones en la conducción que aún mantienen su permiso de conducción.
Con estos argumentos los investigadores concluyen que para garantizar la seguridad al volante, sería conveniente plantearse la realización de una evaluación más completa de aquellos conductores que padecen enfermedades que ponen en riesgo la conducción segura. Resultados de investigaciones en los últimos 10 años, con muestra de participantes españoles, sobre procesos patológicos que influyen negativamente en la conducción, destacan problemas visuales, del sistema nervioso, trastornos mentales y conductuales, y el abuso o dependencia a sustancias.
El informe, que lleva por título ‘Estudio del efecto de las condiciones psicofísicas sobre la seguridad vial’, ha sido realizado por los investigadores Cándida Castro, Pablo Doncel, Ana Clara Szot, Lucía Laffarga, Daniel Salazar Frías, Andreea I. Dinu y María Rodríguez Bailón.