La sentencia recuerda que la concesión de títulos nobiliarios en España es competencia exclusiva de la monarquía
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a Antonio Pleguezuelos Velasco, quien se autodenominaba “príncipe de Marbella”, del delito de falsificación de documentos. Aunque se le había condenado inicialmente por cooperar en la falsificación de su supuesto título nobiliario, el TSJA considera que no actuó como cooperador necesario, y ha dejado sin efecto la condena. Sin embargo, el notario que certificó el título ha sido condenado por falsedad documental imprudente.
El caso se originó en diciembre de 2016, cuando el notario, a petición de Pleguezuelos, redactó un acta de notoriedad que reconocía su supuesto título de “príncipe de Marbella”, afirmando que tenía validez como dignidad principesca del Reino de España. Incluso se publicó un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para dar publicidad al título y permitir posibles oposiciones al mismo. La sentencia del TSJA recuerda que la concesión de títulos nobiliarios en España es competencia exclusiva de la monarquía, y que solo se acredita mediante una “Real carta de concesión”, documento que no fue aportado en este caso.
El notario fue condenado a una multa de 3.600 euros por no haber verificado la autenticidad del título y proceder a extender el acta sin los debidos documentos, lo que, según el tribunal, podría haber permitido un uso indebido del título en transacciones legales.
La sentencia subraya que el verdadero delito fue la actuación del notario, no el hecho de que Pleguezuelos utilizara públicamente el título. El TSJA argumenta que el notario vulneró la diligencia profesional al legitimar un título inexistente y señala el riesgo jurídico que esto representaba.
Finalmente, la defensa de Pleguezuelos ha expresado satisfacción con el fallo, alegando que su cliente actuó de buena fe y con la intención de “honrar a la Corona española y representar a Marbella en el mundo”.
Llegó a desarrollar una página web en el que aparecían embajadores
El origen de esta controversia se remonta a las aspiraciones de Antonio Pleguezuelos Velasco, quien había construido toda una identidad alrededor de su autoproclamado título de “príncipe de Marbella”. Incluso llegó a desarrollar una página web para su supuesto principado, en la que aparecían embajadores y figuras que él denominaba “personas influyentes”. La magnitud de su proyecto alcanzaba tal nivel que se rumoreaba que Pleguezuelos tenía planes de acuñar su propia moneda, como parte de su estrategia para consolidar la ficticia nobleza que intentaba proyectar.
A pesar de estos intentos de legitimación, el TSJA recalca en su fallo que la atribución de títulos nobiliarios es una prerrogativa exclusiva de la monarquía española. A lo largo de la historia, solo los Reyes de España han tenido la autoridad para conceder títulos de nobleza, lo que quedó claramente recogido en la sentencia. La corte señaló que, sin la “Real carta de concesión”, no existía base legal para que Pleguezuelos ostentara el título de príncipe. Este documento, firmado por el Rey y refrendado por el Ministro de Justicia, es el único medio válido para certificar cualquier dignidad