La Fiscalía Anticorrupción ha protagonizado un movimiento sin precedentes en la historia del Ministerio Público español al solicitar formalmente investigarse a sí misma. Las fiscales encargadas del caso cloacas, Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, han reclamado al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que requiera de manera oficial a la Fiscalía General del Estado (FGE) toda la información disponible sobre las supuestas reuniones que miembros o colaboradores de la red bajo sospecha habrían mantenido en su sede central.
El requerimiento, impulsado tras los últimos atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, busca esclarecer de forma rigurosa los encuentros acaecidos entre abril de 2024 y junio de 2025. En concreto, se exige a la institución —dirigida actualmente por Teresa Peramato, pero liderada por Álvaro García Ortiz en las fechas de los hechos— que aporte el registro de visitas, fechas, horarios y los nombres de los participantes que interactuaron con la cúpula fiscal.
Las pesquisas se centran en verificar la veracidad de los encuentros que presuntamente sostuvieron cinco personas clave de la trama, entre las que figuran la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. La investigación judicial trata de determinar si los implicados realmente poseían la capacidad de llegar hasta el núcleo de la Fiscalía General para pactar beneficios procesales a cambio de información sensible, tal y como presumían ante terceras personas.
De manera complementaria, Anticorrupción ha ordenado que se rastreen y detallen todas las denuncias que Koldo García Izaguirre, o cualquier intermediario en su representación, formalizó ante la Fiscalía General entre los meses de enero y junio de 2025. Los investigadores sospechan que estas denuncias pudieron ser instrumentalizadas deliberadamente como una estrategia de presión mediática y procesal dirigida a desacreditar a los propios agentes policiales encargados del caso.
La pelota queda ahora en el tejado del juez Santiago Pedraz, quien deberá autorizar la práctica de estas diligencias de forma inmediata. Con este contundente paso, Anticorrupción pretende disipar cualquier sombra de sospecha institucional y comprobar fehacientemente si los hilos del entramado delictivo lograron penetrar y comprometer los estamentos más altos del Ministerio Público.