Pedraz señala que existe un grupo organizado que cometió actuaciones delictivas «continuadas y estructuradas» en favor de Sánchez

La gerente de la secretaría de organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, se encargó de emitir las órdenes para elaborar facturas mendaces.

El juez Pedraz ha pedido al juzgado de la plaza de Castilla que tramitaba una rama del caso Leyre/Cerdán que se inhiba de su investigación y le remita todas las diligencias que ha realizado en este sentido.

El Ministerio Fiscal presentó un informe el 26 de mayo de 2026 interesando esa inhibición, por entender que los hechos investigados guardan relación con la causa principal que lleva Pedraz, el caso Leyre/Cerdán

El auto alude al caso Hirupok y la supuesta participación jerárquica de Santos Cerdán, ex úmro 2 del PSOE. También recoge que, en abril de 2024, se habría encargado a Leire Díez coordinar actuaciones para desestabilizar procedimientos judiciales o policiales que afectaran al PSOE o al Gobierno.

El auto del juez indica que las actuaciones investigadas en Madrid Plaza nº 9 guardan identidad de objeto con la causa central, pero que la causa 150/2025 amplía el foco a más delitos y responsables.

El juez afirma que existiría un grupo organizado que habría cometido actuaciones delictivas continuadas y estructuradas, con afectación de intereses públicos, y atribuye a Santos Cerdán una “evidente capacidad de decisión” sobre ellas.

El auto de Pedraz revela una estrategia de concentración judicial: el instructor quiere atraer a su causa piezas conexas que podrían estar dispersas.

Los indicios recogidos en la causa sitúan al político Santos Cerdán León en un plano de jerarquía superior dentro de esta estructura delictiva, atribuyéndole un papel estratégico por encima del resto de los investigados.

Según detalla la resolución judicial, Cerdán habría encargado en abril de 2024 la ejecución de un plan penalmente relevante para boicotear y atacar la correcta dirección de las investigaciones lideradas por magistrados instructores —como los jueces Biedma, Alaya o Peinado—, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.

El objetivo primordial consistía en salvaguardar los intereses del partido y del Ejecutivo ante la apertura de múltiples causas que salpicaban a miembros de la formación y a la familia del Presidente del Gobierno.

Para el desarrollo de esta estrategia de interferencia judicial, Santos Cerdán habría acordado remunerar con 4.000 euros mensuales a Leire Díez Castro con cargo directo a los fondos del PSOE. Para articular estos pagos de manera opaca y ocultar el verdadero origen del dinero, la trama presuntamente instrumentalizó un entramado de sociedades pertenecientes a los investigados Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo.

El auto judicial señala que la operativa fraudulenta contó con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, encargada de emitir las órdenes para elaborar facturas mendaces.

Las pesquisas tienen su origen en las actividades del denominado grupo ‘Hirurok’ (‘Nosotros tres’ en vasco), integrado desde 2021 por la propia Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxón Alonso Egurrola.

Esta facción operaba en un plano de igualdad de condiciones utilizando canales seguros de comunicación y estructuras societarias para influir en adjudicaciones y expedientes de la Administración pública en beneficio propio.

Al confirmarse la estrecha interrelación y conexidad de esta red con la posterior campaña de desestabilización institucional, el magistrado Pedraz ha blindado la competencia del tribunal para centralizar toda la instrucción pública contra la corrupción en el seno de la causa originaria.