La pieza sobre los pagos en metálico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) —que una buena parte de los medios de comunicación presenta como financiación ilegal— es un procedimiento secreto. Es decir, desde que se abrió, a finales de 2025, ha estado sometida al secreto de las actuaciones.
Solo el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional; la Fiscalía Anticorrupción, a través del fiscal Luis Pastor, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) conocen esta causa.
Eso quiere decir, entre otras cosas, que las diligencias que se practican no pueden ser objeto de contradicción previa, antes de su consumación.
El pasado jueves 12, unas horas antes del inicio oficial de la campaña electoral de los comicios del 29-N, un equipo de agentes de la UCO se personó en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid. No se trató de una entrada y registro.
Los agentes permanecieron allí unas trece horas para requerir al Tribunal la entrega de un nuevo informe —el primero fue aportado en septiembre pasado— sobre los donativos que recibió el PSOE entre 2017 y 2024.
El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional que depende directamente de las Cortes Generales. La «visita» de los agentes al palacete de la madrileña calle de Fuencarral, que se prolongó durante trece horas para formalizar el requerimiento del informe, fue objeto de amplias informaciones en prensa, radio y televisión.
Antes de retirarse, la UCO concedió un plazo de diez días para entregar el informe solicitado.
Siendo la pieza secreta, ¿qué necesidad había de irrumpir públicamente en el Tribunal de Cuentas? Si la investigación exige secreto, ¿era esta la única forma de practicar la diligencia judicial? ¿Quizá lo recomendaban razones de urgencia?
Lo cierto es que el plazo de diez días para entregar el nuevo informe desmiente que se tratara de una operación urgente. Dicho sea de paso, ese plazo supone que el Tribunal de Cuentas entregará el informe, en principio, durante la campaña electoral.
Más precisamente, en la última semana de la campaña del 29-N. Y, dada la manera en que se trata la información, el día en que el Tribunal de Cuentas remita la documentación será, sin duda, motivo de noticias en los medios de comunicación.
Todo ello en relación con una pieza que se investiga bajo secreto, sin partes personadas que puedan oponerse.
El hecho es que la apariencia que se desprende de esta operación es que el PSOE aparece cercado en la recta final de la campaña por sospechas de financiación ilegal o irregular, cuando la investigación, hasta el momento, no parte de ese presupuesto.
La espectacularidad de la visita de la UCO al Tribunal de Cuentas sigue a la ya desplegada el pasado 5 de noviembre por la misma unidad, con la entrada y registro del domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia —un año después del primer registro, en junio de 2025—, los registros en ADIF y la detención de seis personas, que quedaron en libertad horas después.
A su vez, el juez Pedraz resolvió el pasado 6 de noviembre estimar la solicitud de la jueza Beatriz Biedma —instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno— para citar a declarar a Cintia Rocho, a quien se vincula con un clan dedicado al narcotráfico, el próximo 24 de noviembre, cinco días antes de la jornada electoral, por un presunto plan para atentar contra ella.
Asimismo, la jueza María Tardón, que investiga la avalancha de inmigrantes en Ceuta, resolvió el pasado jueves, día 12, imputar en los hechos al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y citarlo a declarar el 18 de noviembre.
Es decir, once días antes del 29-N. Tardón, que había aceptado participar el pasado viernes, día 13, en unas jornadas jurídicas organizadas por el diario digital Okdiario en Marbella para hablar sobre la independencia y la politización de la justicia, comunicó al medio que finalmente no acudiría a la conferencia.
Mientras tanto, el juez Pedraz y la fiscal Mar Scharfhausen no han considerado necesario indagar sobre las facturas por importe de 242.000 euros abonadas por la sociedad editora de Ok diario para sufragar la defensa de Koldo García en 2025 y 2026.
Máxime cuando el director del medio, Eduardo Inda, ha señalado que las facturas correspondían, en realidad, a dinero transferido a la abogada en concepto de los derechos reconocidos a Koldo García por una docuserie y un libro.