Laura Borràs pide que se le aplique la amnistía a su condena

Fue sentenciada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental

Laura Borràs, expresidenta del Parlament, ha solicitado al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía en la revisión de su condena de cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación.

La condena fue impuesta por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo, Isaías H., durante su mandato en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. Fuentes cercanas confirmaron que Borràs recurrió al Tribunal Supremo con este propósito, como estrategia para, en última instancia, llevar el caso a instancias europeas si no se acepta la petición en España.

El diario Ara informó de que se negoció la posibilidad de que la ley de amnistía incluyera el caso de Borràs, aunque el texto final dejaba un margen limitado, ya que la medida se había planteado inicialmente para casos relacionados con el 9-N y el 1-O. No obstante, Gonzalo Boye, abogado de Borràs, presentó la solicitud como una “decisión técnica” en la estrategia de defensa, lo cual, de ser rechazado, permitiría posteriormente recurrir a tribunales internacionales.

Evitó la cárcel

A pesar de la condena de cárcel, Borràs no ingresó en prisión debido a un indulto parcial que redujo la pena a menos de dos años. Además, fue multada con 36.080 euros. En el proceso judicial, una de las magistradas expresó que Borràs solo había inducido, pero no falsificado documentos, y argumentó que la inhabilitación debía aplicarse únicamente a cargos que impliquen facultades de contratación.

Por otro lado, Isaías H., el destinatario de los contratos adjudicados, confesó su participación y fue absuelto del delito de prevaricación, aunque se le condenó a dos años de cárcel, a pagar una multa de 2.100 euros y a inhabilitación temporal para contratar con administraciones públicas. Isaías H. también fue exonerado de una parte de los cargos que enfrentaba en el juicio.

Andreu P., colaborador de Isaías H. en la preparación de los presupuestos y también implicado en la causa, fue absuelto de prevaricación. Sin embargo, recibió una condena por falsedad documental que incluye un año y dos meses de prisión, una multa de 2.250 euros y una inhabilitación de un año para contratar con administraciones públicas.