Hoy: 22 de noviembre de 2024
España y Marruecos abrieron una “nueva página” en su relación con el encuentro mantenido el 7 de abril de 2022 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI en Rabat del que salió una hoja de ruta que trazó los objetivos hacia el futuro. Entre ellos estaba la delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica.
Dos años después, al igual que ha ocurrido con la reapertura de la aduana de Melilla y la apertura de una nueva en Ceuta también pactada entonces, este asunto sigue sin concretarse y ni Madrid ni Rabat han dado detalles de en qué punto están las conversaciones.
Y ello pese a que el citado documento establecía, negro sobre blanco, que “se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos”.
La importancia de resolver esta cuestión, toda vez que la delimitación que esgrime Marruecos se solapa con la que hace España en las islas Canarias, ha quedado de manifiesto recientemente, como resultado de las maniobras militares que el reino alauí ha iniciado en aguas frente al archipiélago y que se prolongarán hasta el próximo mes de junio.
El despliegue de varios buques marroquíes en aguas del Sáhara hizo saltar todas las alarmas en Canarias, cuyo Gobierno manifestó su preocupación.
Así las cosas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó al presidente autonómico, Fernando Clavijo, que las maniobras “se desarrollan en áreas bien circunscritas y muy alejadas de aguas españolas” y ambos tendrán ocasión de seguir ahondando en esta cuestión y lo relativo a la relación con Marruecos en el encuentro que mantendrán el próximo lunes en la sede del Ministerio.
La delimitación de las aguas territoriales es un asunto particularmente delicado. Marruecos aprobó en 2020 dos leyes por las que procedía a delimitar su mar territorial hasta 12 millas náuticas y la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, así como su plataforma continental, “hasta el borde exterior del margen continental o hasta 200 millas”.
Aunque esas leyes no han llegado a implementarse, a falta de un reglamento para su ejecución, esta delimitación chocaba con la que esgrime España en relación con respecto a Canarias, de ahí la necesidad de llegar a un acuerdo, para lo cual el Gobierno se ha remitido desde el primer momento al Convención de la ONU desde el Derecho del Mar.