Se espera que mañana pase a disposición judicial para declarar por nuevos delitos

El ex juez Fernando Presencia ha sido detenido este miércoles por la Policía Nacional, horas después de que no se presentara a su cita con el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea para declarar por los nuevos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes que le ha imputado.

Las mismas fuentes precisan que se espera que mañana pase a disposición del magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, precisamente, para cumplir con esa comparecencia.

Según la información que viene facilitando FUENTES INFORMADAS, el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha ordenado la detención del exjuez Fernando Presencia por no presentarse tras ser citado como investigado. De esta forma, el instructor avala a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pidió su arresto: “Dada la incomparecencia al llamamiento judicial de Fernando Presencia Crespo, Lidia Reina Calvo, Alejandro Diges Benito y Álvaro Arteaga García se ordene la búsqueda detención para su presentación en el Juzgado instructor”, pidió el Ministerio Público, según avanza El Periódico de España.

Con respecto a otros investigados Alberto Royuela Fernández, Santiago Royuela Samit y Juan Martínez Grasa, que sí han comparecido, la Fiscalía había reclamado a Gadea que decretara su ingreso en prisión de forma provisional, comunicada y sin fianza por la existencia de un riesgo de fuga, porque pueden ocultar fuentes de prueba y la posibilidad de que puedan cometer nuevos delitos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la detención del exjuez Fernando Presencia por no presentarse tras ser citado como investigado, según consta en una nota difundida a los medios de comunicación: “Dada la incomparecencia al llamamiento judicial de Fernando Presencia Crespo, Lidia Reina Calvo, Alejandro Diges Benito y Álvaro Arteaga García se ordene la búsqueda detención para su presentación en el Juzgado instructor”, especifica el Ministerio Público.

Condenado por prevaricación

El exjuez condenado por prevaricación Fernando Presencia debía prestar declaración en calidad de imputado (presuntos delitos de injurias y calumnias contra miembros de la carrera judicial, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, estafa agravada, organización criminal y asociación ilícita) este miércoles 28 en la Audiencia Nacional, si bien el juez instructor, Joaquín Gadea, ha rechazado indagar la denuncia falsa de Presencia, su Asociación contra la Corrupción (Acodap), y su afiliada María Montero, contra el fiscal del caso Tándem-Villarejo el 26 de octubre de 2020, víspera de la fecha en la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, apartó al fiscal Ignacio Stampa de la causa al denegarle la plaza fija que solicitaba en la Fiscalía Anticorrupción, narra Ernesto Ekáizer en el Periódico de Catalunya. 

La investigación en curso desde hace un año, prosigue la crónica de Ekáizer, ha tenido un momento relevante este miércoles 28, día en el que a propuesta de la denuncia firmada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, debían comparecer en calidad de imputados el exjuez Presencia y seis presuntos colaboradores investigados. 

El fiscal Ignacio Stampa, actualmente en la Fiscalía de Madrid, elevó al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo juez de apoyo Joaquín Gadea se encarga de la investigación, un escrito en el que exponía haber sido objeto de una denuncia de Presencia contra él ante la propia Fiscalía General del Estado el 26 de octubre de 2020. Se da la circunstancia de que la FGE cursó instrucciones a finales de octubre de 2020 sugiriendo prorrogar unas diligencias contra Stampa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apoyándose, precisamente, en ese escrito, que fue cursado por el exjuez Presencia en nombre de Acodap y de su afiliada, la periodista María Montero. 

Precisamente, dos años después, Presencia y Acodap denunciaron a Dolores Delgado, en 2022, de cobrar dinero en Panamá a través de una cuenta bancaria. Esta denuncia seguía un patrón de denuncias contra otras personalidades: exmagistrados y magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y contra Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Todas eran noticias y denuncias falsas diseminadas por el exjuez Presencia. 

La fiscalía de la Audiencia Nacional, al serle solicitado informe sobre el escrito del fiscal Stampa, señala que la denuncia contra este “nada tiene que ver con lo que se investiga en el presente procedimiento, incoado por injurias y/o calumnias a las alta instituciones del Estado, que es lo que añade la competencia en este órgano judicial, y junto a ello los delitos conexos también cometidos”.

Señalaba, asimismo, que “el hecho de que el aquí investigado [Presencia] por sí o a través de su asociación, haya podido denunciar al antes mencionado [Stampa] ante la Fiscalía General no hace que lo puesto de manifiesto y los hechos en sí puedan ser aquí investigados, por tanto no existe relación entre ambos, más allá del posible autor. Por ello no procede iniciar, ni incoar en este procedimiento investigación alguna respecto a los hechos puestos de manifiesto por el antes mencionado [Stampa]”. 

La posición del instructor, según el auto de fecha 23 de junio, es la siguiente: “Este magistrado hace suyo el informe del Ministerio Fiscal, debiendo acordarse de que no procede iniciar, ni incoar en este procedimiento investigación alguna respecto a los hechos puestos de manifiesto por el antes mencionado [Stampa], sin que se le pueda tener por perjudicado, en consecuencia”. 

Un correo electrónico oportuno 

El hecho puesto de relieve por Stampa en su escrito al juzgado, describe Ekáizer, tuvo lugar en octubre de 2020. María Montero, afiliada de Acodap, denunció al fiscal. El partido de ultraderecha Vox recogió informes de prensa y denunció a su vez a Stampa. La Fiscal General del Estado a través del entonces fiscal jefe de la secretaría técnica, Álvaro García (hoy fiscal general)  abrió diligencias. El fiscal instructor, el número dos de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Carlos Ruiz de Alegría, propuso tras investigar, archivar la denuncia, carente de fundamento.

Pero la FGE, decidida a apartar a Stampa, volvió a sugerir a través de García que se siguiera investigando. Su plan: mantener abiertas las diligencias por lo menos hasta después de consumar en el Consejo Fiscal convocado para el 27 de octubre de 2020 la liquidación de Stampa en el caso Tándem-Villarejo. El 23 de ocτubre Ruiz de Alegría volvió, tras realizar diligencias, a proponer el archivo. Ese mismo día, en una entrada y registro en su celda, en la prisión de Estremera, Villarejo le espetó a Stampa: “Eh podemita no toques mis papeles. ¿Todavía no te ha echado tu jefa. Debéis de tener muy acojonada a mi amiga Lola” [FGE]”. La noticia trascendió así como el nombre de la denunciante, María Montero. 

Por ello, Montero y Presencia enviaron a la FGE un correo. Fue el 26 de octubre a las 20:14 horas. “Acodap liderada por el exjuez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, actuando en su nombre y en defensa de su asociada, la periodista María Montero Clemente, formula denuncia contra el fiscal Ignacio Stampa Fuente por considerar que los hechos que nos ha puesto en conocimiento mediante una misiva podrían ser constitutivos de un acto de represalia relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea”, añadía la denuncia ya presentada contra Stampa. 

El 27 de octubre de 2020 la fiscal general Delgado otorgó en el Consejo Fiscal, con el apoyo de la Asociación Fiscales (AF) conservadores, a la que pertenecía Stampa, la concesión de ocho plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa tenía suficientes puntos como para acceder en mejores condiciones que otros fiscales a esa plaza. Pero estaba sentenciado. La FGE utilizó, implícitamente, el caso fake, para justificar, sin que nadie solicitara explicación alguna, la denegación de la plaza al fiscal de uno de los más importantes casos de corrupción policial, política y empresarial, de España.

La posibilidad de investigar lo que ocurrió ha sido segada ahora en la Audiencia Nacional por decisión de la Fiscalía y del juez Gadea.  

Es lo cierto que la campaña de desacreditación de jueces y magistrados impulsada por el exjuez Fernando Presencia merece la investigación en curso. Pero no lo es menos que aquellos que han sufrido en su reputación por las calumnias y/o injurias, como Dolores Delgado, por ejemplo, utilizaron a Presencia para estirar como un chicle las diligencias contra Stampa. Precisamente, fue ella quien el 1 de noviembre de 2020, sobre la base del correo del 26 de octubre, anunció: “Las diligencias abiertas contra el señor Stampa siguen vigentes hasta que se agote la investigación, que podría estar pendiente de nuevas actuaciones”.

Eso es: el correo de Acodap y su defendida María Montero. Se trataba simplemente de postergar el archivo un par de meses para separarlo de la denegación de la plaza fija. El caso fue archivado a mediados de febrero de 2021, cuatro meses de bajar la guillotina sobre la cabeza del fiscal.