Juan Carlos I contra Revilla o ¿Revilla versus Juan Carlos I?

El rey honorífico o emérito, Juan Carlos I, se enfrenta a la situación surrealista de propiciar, por iniciativa exclusivamente propia, su posible única comparecencia en sede judicial -tras sus cuotas defraudadas a Hacienda por las que abonó 5.074.294,96 euros y ser archivados sus presuntos delitos- en el caso de presentar una demanda de protección del honor contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla

Juan Carlos I, miembro de la familia real, que no de la Casa de Su Majestad el Rey Felipe VI-según quedó acreditado en la demanda de Corinna zu Sayn Wittgenstein en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales. Consiguió eludir la acción de la justicia penal en Suiza y España, y la acción de la justicia civil en Inglaterra -por falta de jurisdicción-, pero se encuentra en manos de una abogada, amiga de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid -ay de esos wasaps intercambiados entre ellas- que puede llevarle a tener que oír aquellas preguntas que nunca ha querido escuchar ya responderlas.

Esa sería la consecuencia de la demanda de protección del honor contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que está elaborando Guadalupe Sánchez -dicen que ya hay un borrador- y que -tras el acto de conciliación de este viernes 16 de mayo en Santander, en el que el demandado se ha ratificado en sus afirmaciones sobre el emérito y le ha desafiado a ir a juicio- tendrá que interponer. Revilla debía retractarse de sus afirmaciones: «evasor», «apátrida fiscal», “autor de tropelías” y presunto “corrupto”, entre otras.

Juan Carlos I, con residencia, domicilio fiscal en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y titular en Abu Dabi de la Fundación Sumer – acrónimo de Su Majestad El Rey con el que solía identificarse cuando llamaba a amigos y amigas por teléfono- se encontraba el viernes 16 de mayo en Sanxenxo disfrutando de la regata de clase 6 y, como se esperaba, dejó solo a Revilla en el acto de conciliación en Santander.

Revilla, a la salida del juzgado, instó a Juan Carlos I a repatriar el dinero que mantendría en cuentas bancarias extranjeras y recordó las grandes cantidades de dinero que le han atribuido medios de comunicación norteamericanos como The New York Times (NYT) y Forbes .

Precisamente, en una reunión en Times Square, con el equipo editorial del NYT, en septiembre de 2012, cuando se le mencionó que se cifraba la fortuna de la familia real española en 2.300 millones de dólares, el emérito no ocultó su bochorno, se levantó de la mesa y abandonó el encuentro, seguido del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien, un día de hoy recuerda con espanto aquel cónclave.

La periodista presente, Doreen Carvajal, y el entonces corresponsal en Madrid, Raphael Minder, publicaron, tras el encuentro, una información relevante titulada Juan Carlos I busca la redención, para España y su monarquía.

“La riqueza de la familia real española ha sido estimada en 2.300 millones de dólares, una suma que sus simpatizantes consideran inflada porque incluye propiedades gubernamentales”, señalaba.
Pero había algo más.

En aquellas fechas todavía se celebraba el hecho de que España había ganado a Francia en la adjudicación del tren AVE Medina-La Meca en Arabia Saudí el 6 de octubre de 2011 por 6.736 millones de euros.
Y en el reportaje citado, el exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos no podía ser más explícito: «Sin el rey Juan Carlos, el contrato del Ave [Medina-La Meca], no habría salido adelante. Este tipo de contratos se reduce a una decisión personal del rey Abdullah [Abdalá bin

Abdulaziz al-Saúd] de Arabia Saudita». Retroceso repentino.

El 8 de abril de 2006, Juan Carlos I y la reina Sofía, visitaron en un viaje oficial con empresas de infraestructuras Arabia Saudita. En el mismo avión Airbus A-310, en uno de los asientos reservados a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ocupa uno Corinna zu Sayn Wittgenstein, en pleno noviazgo con Juan Carlos I.

Unos meses después, el 1 de octubre de 2006, con financiación pública ya través de la compañía estatal Organización de Ferrocarriles Saudí (SRO), abrió la licitación del proyecto Ave Medina-La Meca en un solo paquete, pero en 2008 decidió separar el contrato en tres partes: plataforma (Fase 1.1), estaciones (Fase 1.2), y superestructura y operación (Fase 2). Durante la fase de precalificación para esa licitación se presentaron dos consorcios españoles: Al Shoula MMLR, formado por nueve empresas, y OHL Internacional, por siete.

El 16 de julio de 2008, el rey Abullah, junto con su ministro de Finanzas, Abdulaziz Al Assaf y Juan Carlos I, lanzaban en Madrid, aprovechando la inauguración de la Conferencia Mundial para el Diálogo de Madrid de las tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islam) el proyecto pactado en el viaje de Juan Carlos I de 2006: la puesta de largo del Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras y Energía.

Tres semanas después, el ministro de Finanzas saudí Abdulaziz Al Assaf, siguiendo instrucciones del rey Abdullah realizó una transferencia de 100 millones de dólares (65,8 millones de euros) a una cuenta abierta en el banco Mirabaud por la Fundación Lucum, Panamá, cuyo primer beneficiario era el mismísimo Juan Carlos I y Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, el segundo beneficiario y como tercero el heredero o heredera del trono de España.

Según Juan Carlos I, que ocultó esa fortuna al fisco español, se trató de un regalo del rey Abdullah y no de una comisión por sus gestiones sobre la adjudicación del Ave Medina-La Meca. El fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, investigó la operación, pero terminó archivándola. Sea un regalo o una comisión, Juan Carlos I no declaró los 65,8 millones de euros en España. Se los transfirió en junio de 2012 a Corinna zu Sayn Wittgenstein mediante un contrato de donación irrevocable, que más tarde intentó, sin éxito, recuperar.

Con todo, esta operación ocurrió cuando el rey Juan Carlos I estaba en ejercicio y le cubría la inviolabilidad constitucional.

Sin embargo, en aquellas infracciones fiscales posteriores recibieron avisos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, decidió no personarse en los procedimientos y, finalmente, como consecuencia de esas comunicaciones decidió regularizar las cuotas defraudadas con dos pagos: 678.393 euros (por dinero que le hizo llegar a su testaferro el empresario mexicano-británico Alex Sanginés Krause) y 4.395.901,96 euros (pagos de la Fundación Zagatka de Liechtenstein por viajes en jet privado). En total: 5.074.294,96 euros.

La Fiscalía demostró que cumplió los requisitos de una declaración veraz, completa y espontánea, por lo cual no se querelló contra el emérito por delito fiscal. Pero claro, la defraudación quedó acreditada al pagar los 5.074.294,96 euros.

Da toda la impresión de que, si se presenta finalmente la demanda de protección del honor, se reabre el melón. La defensa de Revilla solicitará como prueba la comparecencia de Juan Carlos I -cuya presencia no es obligatoria al presentar la demanda- para interrogarle, una diligencia que tendrá que ser aprobada por el juez a quien toque la demanda.

Por tanto, de Juan Carlos I versus Revilla, pasaríamos, si el demandante no se echa atrás, a una fase Revilla versus Juan Carlos I en el 50 aniversario de su coronación el 22 de noviembre de 1975.