La querella presentada por una agente contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, por una presunta agresión sexual el 23 de abril de 2025, no se limita a ese episodio. El escrito judicial, al que ha tenido acceso The Objective, detalla una cadena de llamadas, mensajes y contactos posteriores que, según la denunciante, constituyeron una “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico” destinada a disuadirla de denunciar.
Según la querella, esa misma tarde, a las 20.43 horas, el mando inició una secuencia de hasta 17 llamadas en un corto intervalo de tiempo, todas ellas no atendidas. El registro de llamadas, sostiene el documento, obra como prueba. Ante la falta de respuesta, comenzaron los mensajes con expresiones como “estás gilipollas” o “borrica”, junto a reproches con los que, afirma la agente, el investigado trataba de presentarse como la parte perjudicada.
La denunciante marcó distancia de inmediato. “Ha traspasado una línea roja”, respondió por escrito, dejando constancia de que no deseaba continuar la conversación. Sin embargo, al día siguiente las llamadas continuaron, presuntamente también desde terminales oficiales vinculados al despacho del DAO, lo que para la agente evidenciaría la intención de “eludir el bloqueo telefónico” y su “obsesión” por contactar “a toda costa”.
El relato judicial recoge nuevos episodios en mayo. El día 22, tras insistentes intentos y cuando la agente ya había manifestado su intención de denunciar, el querellado logró hablar con ella. Según el escrito, negó inicialmente los hechos y después los minimizó: “Antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo”. En esa conversación también habría proferido amenazas e insultos como “Vete a la mierda” y “Me arrepiento de haberte conocido”, además de deslizar la frase: “Ven a verme a ver qué te puedo dar”, en referencia a un puesto de trabajo.
En julio, la querella incorpora la intervención de un tercero, el comisario y asesor directo del DAO, Óscar San Juan González. Según la denunciante, este le propuso por teléfono que “elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap”. La agente asegura que rechazó de forma expresa cualquier ofrecimiento: “NO CONTESTO A SU PROPOSICIÓN”.
El escrito interpreta esa propuesta como una “coacción mediante oferta de compensación laboral” para evitar la denuncia y “tapar” el eventual escándalo público. La denunciante sostiene que el mando habría utilizado a un subordinado directo para trasladar el mensaje y mantener la presión, aprovechando su posición institucional.
La secuencia, añade la querella, tuvo consecuencias graves en la salud de la agente. Tras nuevas llamadas en julio, coincidiendo con su incorporación a un nuevo destino en la Dirección General de la Policía en Madrid, comunicó que no se encontraba “en condiciones de trabajar por salud mental”.
Desde entonces permanece de baja y ha sido diagnosticada de “trastorno ansiosodepresivo reactivo a agresión sexual”, con síntomas como crisis de ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos e “hipervigilancia”. El escrito denuncia un “aprovechamiento sistemático” de la superioridad jerárquica que habría generado en la víctima “temor a represalias profesionales” y un “grave menoscabo” de su integridad psíquica.