El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en el Congreso que abandonará su cargo si la víctima que ha denunciado una presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional considera que no se sintió protegida o que él, como máximo responsable político, le falló. La declaración, realizada durante la sesión de control al Gobierno, llega en un momento de máxima tensión política y mediática.
“De la única persona de la que aceptaré críticas es de la propia víctima”, afirmó el ministro, subrayando que su continuidad depende exclusivamente de esa percepción. Con estas palabras, Grande-Marlaska quiso situar el foco en la protección de la víctima y no en el enfrentamiento partidista que ha marcado el debate público en los últimos días.
La intervención tuvo lugar en una sesión especialmente bronca. Desde la bancada del Partido Popular se escucharon gritos pidiendo su dimisión inmediata, mientras los diputados socialistas respondían con aplausos en señal de respaldo. En ese contexto, el ministro negó de manera tajante haber conocido previamente la denuncia o haber encubierto los hechos. Además, advirtió que se reserva la posibilidad de acudir a los tribunales si se le acusa de calumniar o de proteger al alto mando policial investigado.
El caso, que se encuentra ya en manos de la Justicia, ha abierto un intenso debate sobre la responsabilidad política y los mecanismos de protección dentro de las instituciones. El PP sostiene que el Ministerio del Interior debía haber actuado antes, mientras que el titular de la cartera insiste en que no tuvo conocimiento previo de la denuncia y que, en cualquier caso, la prioridad ha sido respetar el procedimiento judicial, según Europa Press.
Grande-Marlaska ha defendido que el sistema debe garantizar tanto la presunción de inocencia como la seguridad y el acompañamiento de quien denuncia. Su compromiso de dimitir si la víctima declara haberse sentido desprotegida pretende, según explicó, demostrar que no elude responsabilidades. “Si la víctima entiende que este ministro le ha fallado, renunciaré”, reiteró con firmeza.
Más allá del cruce de acusaciones, el episodio refleja la sensibilidad social ante los casos de agresión sexual, especialmente cuando afectan a altos cargos públicos. La ciudadanía exige claridad, transparencia y una actuación rápida que no deje espacio a dudas. En este escenario, la palabra de la víctima se convierte en un elemento central, no solo para el proceso judicial, sino también para la estabilidad política.
El desenlace dependerá de lo que determinen los tribunales y de cómo evolucione el procedimiento. Entretanto, el ministro ha vinculado su futuro a una idea clave: que ninguna persona que denuncie un delito de esta gravedad pueda sentirse sola o desamparada. En esa promesa se juega no solo su cargo, sino también la credibilidad institucional en un momento especialmente delicado.