El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en el Congreso que abandonará su cargo si la víctima que ha denunciado una presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional considera que no se sintió protegida o que él, como máximo responsable político, le falló. La declaración, realizada durante la sesión de control al Gobierno, llega en un momento de máxima tensión política y mediática.
“De la única persona de la que aceptaré críticas es de la propia víctima”, afirmó el ministro, subrayando que su continuidad depende exclusivamente de esa percepción. Con estas palabras, Grande-Marlaska quiso situar el foco en la protección de la víctima y no en el enfrentamiento partidista que ha marcado el debate público en los últimos días. “Si la víctima entiende que este ministro le ha fallado, renunciaré”, reiteró con firmeza
La intervención tuvo lugar en una sesión especialmente bronca. Desde la bancada del Partido Popular se escucharon gritos pidiendo su dimisión inmediata, mientras los diputados socialistas respondían con aplausos en señal de respaldo. En ese contexto, el ministro negó de manera tajante haber conocido previamente la denuncia o haber encubierto los hechos. Además, advirtió que se reserva la posibilidad de acudir a los tribunales si se le acusa de calumniar o de proteger al alto mando policial investigado.
Por otra parte, Marlaska ha solicitado relevar «de cualquier responsabilidad» al comisario Óscar San Juan, asesor directo del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, después de que la víctima haya denunciado que San Juan ejerció presuntas presiones sobre ella para que guardara silencio. El abogado de la denunciante ha pedido al juez que cite a declarar a San Juan como testigo, mientras que el magistrado ha convocado a la querellante para el 17 de marzo y al DAO en calidad de querellado.
Antes de la sesión de control en el Congreso de los Diputados, el ministro explicó que solicitó una “información reservada” sobre las acusaciones contra San Juan, que actualmente está siendo analizada. Según la querella presentada por la subordinada, el comisario le habría ofrecido destinos laborales a su elección a cambio de su silencio, lo que la denunciante considera un intento de comprar su silencio mediante beneficios profesionales derivados de su posición institucional.