Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron el informe clave sobre la presunta filtración de información sensible relacionada con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ratificaron este viernes ante el Tribunal Supremo su contenido, sin introducir matices ni correcciones. En su declaración como peritos, los investigadores confirmaron punto por punto que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo una “participación preeminente” en la cadena de decisiones que desembocaron en la difusión de los correos entre la Fiscalía y la defensa del investigado.
La comparecencia, que se prolongó durante más de una hora, fue solicitada por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa tanto de García Ortiz como de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa. Sin embargo, los agentes se limitaron a validar sus conclusiones ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado.
El informe de la UCO analiza las comunicaciones extraídas del teléfono móvil de Rodríguez, incautado durante un registro ordenado el 30 de octubre de 2024. Entre los mensajes revisados, destacan los enviados la noche del 13 de marzo, justo antes de que se publicara una nota de prensa oficial en la que la Fiscalía respondía a una información de El Mundo sobre una supuesta oferta de pacto a González Amador. Para la UCO, solo un número muy limitado de personas dentro de la Fiscalía tuvo acceso a esos correos y al contenido de la nota, señalando como núcleo de la filtración a la Fiscalía General del Estado.
El documento sostiene que fue el propio García Ortiz quien “impulsó” la creación de la nota informativa, solicitando personalmente los correos cruzados entre el fiscal del caso y el abogado defensor. De hecho, según los mensajes analizados, Pilar Rodríguez remitió dichos correos a una cuenta de Gmail facilitada por el fiscal general. Esa cuenta, junto al contenido del móvil de García Ortiz, ya ha sido eliminada, lo que impidió recuperar más información sobre los hechos, según una información publicada en Europa Press.
La UCO también hace referencia a la filtración previa —el 12 de marzo— de la denuncia de la Fiscalía contra González Amador, tan solo cuatro días después de que el Ministerio Público recibiera el expediente completo desde Madrid. Esa filtración también se atribuye a fuentes internas de la Fiscalía.
El caso ha reactivado el debate sobre la utilización de información judicial en clave política y el papel que juegan altos cargos del Ministerio Público en la gestión de filtraciones. De momento, el próximo 23 de mayo declarará como testigo el propio González Amador.
La defensa de García Ortiz sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y que el informe carece de solidez. Sin embargo, con la ratificación de los agentes, el Supremo mantiene abiertas las pesquisas en una causa que podría tener implicaciones jurídicas y políticas de alto calado.