España tropieza en su intento de oficializar el catalán, el euskera y el gallego en la UE

Varios Estados temen abrir un precedente que pueda ser utilizado por otras minorías lingüísticas, como la rusa en los países bálticos

El Gobierno español ha vuelto a impulsar su propuesta para que el catalán, euskera y gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea, pero el primer debate técnico celebrado este miércoles ha revelado significativas resistencias entre los Estados miembros. Un tercio de los socios comunitarios ha expresado dudas o una postura directamente contraria, lo que complica la adopción de esta medida en el próximo Consejo de Asuntos Generales del 27 de mayo.

Durante la reunión preparatoria, entre ocho y nueve países mostraron una actitud «en contra o escéptica», según diversas fuentes diplomáticas citadas por Europa Press. Esta división en el seno del Consejo evidencia que, por ahora, no hay consenso suficiente para avanzar en una cuestión que requiere la unanimidad de los 27.

A ello se suman las objeciones planteadas por los servicios jurídicos del Consejo de la UE, que han manifestado reservas sobre la legalidad de modificar el reglamento de lenguas. La razón principal es que las lenguas cooficiales en España no forman parte de los Tratados comunitarios, que solo están firmados en español en el caso español.

Opiniones divididas

Aunque Bélgica y Portugal apoyaron abiertamente la iniciativa, la postura de otros países permanece incierta, y algunos plantearon preocupaciones que van más allá del aspecto legal. Varios Estados temen abrir un precedente que pueda ser utilizado por otras minorías lingüísticas, como la rusa en los países bálticos. Francia e Italia, por su parte, esgrimieron objeciones de carácter procedimental y financiero.

Pese a estos obstáculos, el Gobierno español mantiene su compromiso, argumentando que se hará cargo de todos los costes derivados de la oficialidad de las lenguas cooficiales. Sin embargo, hasta la fecha no ha presentado estimaciones concretas del impacto económico que implicaría esta medida para las instituciones europeas.

La oficialidad del catalán fue uno de los puntos incluidos por el Ejecutivo en el acuerdo alcanzado con Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Este compromiso político enfrenta ahora un difícil recorrido diplomático y jurídico dentro de las estructuras de la Unión Europea.