España no puede renunciar a defender sus fronteras

Ceuta y Melilla no son una nota a pie de página. Son España. Sus ciudadanos son ciudadanos españoles

Por JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ FLORES

Hay asuntos sobre los que ya no caben medias palabras. La defensa de España, de su territorio y de sus fronteras no puede quedar sometida a intereses partidistas, a cálculos electorales ni a declaraciones de ocasión.

Las fronteras de España son una cuestión de Estado. Y defenderlas no significa atacar a nadie. Significa exigir que el Estado cumpla con una de sus obligaciones más elementales: garantizar la seguridad, la integridad territorial y el cumplimiento de la ley dentro de sus fronteras.

España es un Estado de Derecho. Y precisamente por eso, las decisiones de sus instituciones deben estar sometidas a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales que España ha asumido.

Pero el Estado de Derecho también exige algo más: que las normas se cumplan y que quien tiene la responsabilidad de hacerlas cumplir no mire hacia otro lado.

Ceuta y Melilla no son una nota a pie de página. Son España. Sus ciudadanos son ciudadanos españoles. Sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumplen allí una función esencial y nuestros militares desempeñan una misión que no puede ser tratada como una cuestión secundaria.

Por eso resulta legítimo —y necesario— preguntar a quienes gobiernan

¿Qué estrategia tiene España para defender eficazmente sus fronteras

¿Quién protege a quienes las protegen?

¿Quién responde cuando los ciudadanos sienten que su seguridad depende más de circunstancias políticas que de una política de Estado clara?

Y, sobre todo, ¿hasta cuándo vamos a aceptar que cada crisis fronteriza termine convirtiéndose en una sucesión de declaraciones, reuniones y promesas que después se diluyen con el paso del tiempo?

No se trata de utilizar el miedo.

No se trata de levantar trincheras ideológicas.

Se trata de algo mucho más serio: soberanía, seguridad, legalidad y responsabilidad institucional.

España puede y debe ser un país solidario. Puede cooperar con sus vecinos. Puede defender los derechos humanos. Puede mantener relaciones diplomáticas y buscar soluciones políticas.

Pero nada de eso es incompatible con una frontera segura.

Lo que no puede hacer un Estado es transmitir permanentemente la sensación de que defender sus propias fronteras es una cuestión incómoda que debe evitarse para no molestar a nadie.

No.

La frontera no es una opinión.

La seguridad de los españoles no es una moneda de cambio.

Y los hombres y mujeres destinados a proteger nuestro territorio no pueden sentirse abandonados por quienes toman las decisiones desde los despachos.

Ya hemos escuchado demasiadas veces que se actuará.

Ahora toca actuar.

Y si las decisiones adoptadas son insuficientes, que se expliquen públicamente. Y si existen responsabilidades, que se asuman.

Porque España no necesita discursos grandilocuentes.

Necesita una política de Estado seria, estable y jurídicamente sólida para defender sus fronteras.

Y quizá haya llegado el momento de decirlo sin miedo y sin complejos:

Defender España dentro de la ley no es extremismo. Es una obligación del Estado.

Y quienes gobiernan tienen el deber de estar a la altura.