Vox pide investigar a Sánchez por "traición"

Los de Abascal buscan llevar al presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo al considerar que existió connivencia y conocimiento previo de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma

Vox ha iniciado una ofensiva parlamentaria para intentar llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros miembros de su Ejecutivo ante el Tribunal Supremo. El partido pretende activar el artículo 102 de la Constitución bajo la premisa de que existen presuntos delitos de «traición» y contra la seguridad del Estado derivados de la reciente entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

Santiago Abascal ha justificado esta medida argumentando que existen evidencias claras sobre el conocimiento previo que el Gobierno tenía de la situación. En redes sociales, el líder de Vox sentenció: «La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales». Por su parte, el eurodiputado Jorge Buxadé insistió en la falta de transparencia del Ejecutivo, señalando que «hay una connivencia entre Sánchez y el gobierno de Marruecos».

Para que esta acusación prospere, la normativa constitucional exige una serie de requisitos parlamentarios complejos: la iniciativa debe ser presentada por al menos una cuarta parte de los miembros del Congreso y ser aprobada por mayoría absoluta. Esto implica que Vox, con sus 32 escaños, necesita sumar el apoyo de otros grupos hasta alcanzar los 88 diputados necesarios para formalizar la petición.

«PP y Vox son partidos distintos»

Ante esta situación, la formación ha puesto a sus parlamentarios a disposición de aquellos grupos que deseen unirse a la causa. Sin embargo, el Partido Popular ha mantenido una postura cautelosa y distanciada. El vicesecretario popular, Elías Bendodo, ha subrayado que «PP y Vox son partidos distintos» y que cada formación mantiene sus propias estrategias, posponiendo cualquier decisión al respecto hasta que se formalice la propuesta.

En definitiva, la propuesta de Vox plantea un desafío institucional sin precedentes que pone a prueba las mayorías parlamentarias. Mientras el Gobierno enfrenta graves acusaciones sobre la gestión de la frontera, la iniciativa de judicializar la acción política dependerá exclusivamente de la disposición del resto de las fuerzas políticas para avanzar por esta vía constitucional.