Emplaza a la Abogacía y a la Fiscalía a pronunciarse antes de resolver sobre el fondo
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha paralizado de forma urgente la comisión rogatoria dictada por Andorra para citar a declarar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a raíz de la querella sobre la ‘Operación Cataluña’ en la que figura como investigado.
En un auto, firmado este mismo lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han considerado pertinente suspender el auxilio judicial emitido por el principado que también contempla las citaciones del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
El TSJ de Madrid ha acordado conceder la medida cautelarísima solicitada por los antiguos miembros del Gobierno y ha dado traslado a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que se pronuncien antes de las 14:00 horas del jueves. Transcurrido ese plazo, se resolverá sobre la medida cautelar.
Según han explicado los magistrados, se justifican las razones de “urgencia” para adoptar esta medida y se concede “a los solos efectos de que por el Ministerio de Justicia no se proceda a la devolución a las autoridades andorranas de la comisión rogatoria” hasta que el tribunal pueda examinar en audiencia los argumentos de la Abogacía y la Fiscalía sobre el fondo de la medida solicitada.
El tribunal madrileño se ha pronunciado ahora a raíz de la impugnación por parte de la defensa de Fernández Díaz contra la decisión de la Secretaría de Estado de Justicia –dictada el pasado 30 de septiembre– de inadmitir el recurso de alzada contra el acto de la Dirección general de Cooperación Jurídica Internacional de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra.
La querella en Andorra
La Justicia de Andorra investiga a los tres excargos del Ejecutivo por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer “mediante vías ilegales” una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana” de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.
La juez Stéphanie Garcia que instruye la causa relativa al fragmento andorrano de la ‘Operación Cataluña’, en una providencia del 23 de mayo de 2022 a la que tuvo acceso FUENTES INFORMADAS, designó a un equipo de la unidad policial especializada en delitos económicos y financieros para “hacer todas las investigaciones oportunas” con el fin de “esclarecer la verdad” sobre el caso que afecta a la Banca Privada d’Andorra (BPA) como perjudicada por coacciones. Asimismo, se conoció que algunos de los imputados, entre ellos, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se personaron en la causa.
La jueza Stephanie Garcia, titular de la Sección Especializada de Instrucción nº 2 de la Justicia de Andorra, encomendó prestar “funciones de auxilio judicial” a ese equipo policial especializado. Así, la jueza instructora, en cumplimiento de las Comisiones Rogatorias Internacionales remitidas a principios de junio del 2022 a España, dio luz verde a la policial judicial de delitos económicos y financieros de Andorra para que contactara con cualquier policía extranjera, y en concreto, se refería especialmente a “los cuerpos judiciales españoles”.
Recientemente, las defensas de Rajoy, de Fernández Díaz y de Montoro alegaron que habían visto vulnerados sus derechos porque el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el “previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional”.
La Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón al considerar que dicho juzgado debía haber estimado sus recursos contra la comisión rogatoria de Andorra. La Audiencia, sin embargo, matizó que no podía admitir sus recursos de queja porque la juez ya había actuado y dado respuesta al Principado, por lo que finalmente avaló el auxilio judicial brindado a las autoridades andorranas.