Hoy: 23 de diciembre de 2024
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, ha solicitado nuevas diligencias a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionadas con el análisis del móvil del jefe del Ministerio Público, luego de que la Benemérita informara haber encontrado “cero mensajes” en sus dispositivos.
En particular, el magistrado ha ordenado que se identifiquen los números y códigos asociados a las tarjetas incautadas durante el registro del despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre, así como la titularidad vinculada a esos números.
La decisión fue adoptada por el instructor Ángel Hurtado “a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado, y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos que figuran en el acta levantada”.
El magistrado dicta esta providencia, recogida por EP, tras recibir un informe en el que los agentes indicaron que no hallaron mensajes en los dispositivos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, días clave en la presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Cabe recordar, no obstante, que en un informe previo la Guardia Civil localizó mensajes enviados y recibidos por García Ortiz durante esas fechas en el móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien también está siendo investigada en esta causa. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press consideran que la nueva diligencia podría estar orientada a determinar si el dispositivo desde el cual García Ortiz envió mensajes a Rodríguez es el mismo que fue analizado por la UCO.
Estas investigaciones se enmarcan en la causa abierta por el Supremo a raíz de la querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso, vinculada a una nota de prensa emitida por la Fiscalía a las 10:20 horas del 14 de marzo. En esta nota, se revelaba información sobre el cruce de correos entre su defensa y Salto, con el objetivo de desmentir lo que calificaron como un “bulo” relacionado con una noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en El Mundo. En dicha publicación, se afirmaba que había sido el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en lugar de al revés, como ocurrió en realidad.
Cuando el Supremo abrió la causa el pasado 16 de octubre, descartó que la nota de prensa constituyera delito, argumentando que la información ya había sido difundida por los medios horas antes. Sin embargo, puso el foco en la filtración de los correos electrónicos a la prensa durante la noche del 13 de marzo.