El Supremo avala exhibir la bandera LGBTI en edificios públicos durante el Día del Orgullo

La decisión subraya que no vulnera la neutralidad ni la objetividad de las Administraciones, y destacan que representa un compromiso con la igualdad

El Tribunal Supremo ha validado la exhibición de la bandera LGBTI en edificios públicos durante el Día del Orgullo, considerando que no es un símbolo partidista ni propicia enfrentamiento. La sentencia establece que el uso de esta bandera respalda valores constitucionales como la igualdad, protegidos por la Carta Magna y la normativa europea.

El alto tribunal ha resuelto dos recursos relacionados: uno presentado por Abogados Cristianos contra la presencia de la bandera en el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha sido rechazado, y otro de la Diputación de Valladolid en defensa de la misma acción, que ha sido estimado. Según el Supremo, la Ley 39/1981, que regula el uso de banderas, no aplica en estos casos, ya que no contempla situaciones como la exhibición temporal de símbolos vinculados a derechos fundamentales.

Una acción en línea con la promoción de la igualdad

Los magistrados destacan que la bandera LGBTI representa un compromiso con la igualdad, recogido en leyes como la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la Ley 4/2023 sobre los derechos de personas trans y LGTBI. En el caso de Aragón, la Ley 18/2018 ya había avanzado en esta dirección. Por tanto, el tribunal concluye que su exhibición no vulnera la neutralidad administrativa, sino que se inscribe en las acciones destinadas a promover la igualdad y la no discriminación.

Opiniones divididas en el tribunal

No obstante, la decisión contó con un voto particular en contra del magistrado José Luis Requero Ibáñez. En su disenso, argumentó que la bandera arcoiris simboliza postulados ideológicos asociados a la «ideología de género», los cuales generan división en la sociedad. Requero sostuvo que la administración pública no debe «abanderar» posturas ideológicas, incluso si están inspiradas en principios de igualdad o tolerancia, por considerar que ello vulnera su obligación de neutralidad.

La sentencia sienta un precedente en la interpretación de la neutralidad institucional y su compatibilidad con la promoción de valores constitucionales, marcando un hito en la relación entre administraciones públicas y símbolos vinculados a derechos fundamentales.