De la tragedia del GAL a la farsa de MAR
Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que resolvieron el 15 de octubre de 2024 declarar su competencia para instruir la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García, y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, estuvo formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Esa sala nombró instructor al magistrado Ángel Hurtado “conforme al turno establecido”.
Quizás por una indisimulable influencia sartriana, me pregunto desde hace semanas, y me decidió a confesarlo ahora, si todos ellos -o solamente algunos, o al menos uno o una- no se ha sentido tentado a emular lo que pasa en una de las obras. -de las menos conocidas, eso sí-, aquella comedia de teatro, dedicada por Sartre a los medios de comunicación en los años cincuenta. Me refiero a Nekrassov .
Y en particular a una de las escenas en el que uno de los personajes se planta ante el espejo y hace unos gestos. Quien le acoge en su casa le pregunta qué está haciendo, a lo que contesta que hace sus ensayos. Como quiera que le repregunta qué ensaya, la respuesta es: “Me miento a mí mismo”. Y ante la sorpresa de su interlocutor, que inquiere si también lo hace consigo mismo, el primero explica por qué: “A mí en primer lugar. Tengo demasiada inclinación por el cinismo: es indispensable que yo sea el primer engañado”
Los cinco magistrados de la sala citados integraban la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando una filtración -de la propia Sala Segunda permitió al “periodismo de investigación” anticipar la sentencia en algunos medios antes de la fecha prevista, el lunes 14 de octubre de 2019, para comunicarla a las partes de la causa.
No diría que algunos magistrados de la Sala Segunda que habían formado el tribunal del procés se miraron ese día al espejo, pero me consta que estaban tan indignados como impotentes por la situación. Porque no se habían producido filtraciones hasta ese momento crucial.
No pasó nada.
Y ahora en el caso de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, deja a Sartre para retroceder de los años cincuenta a los cuarenta, a Hollywood.
Porque los cinco magistrados de la sala han recreado una escena de la película Casablanca (1942), en la que el guión elaborado para el director Michael Curtiz nos dejaba aquella escena protagonizada por el capitán francés Renault entrando en el Rick’s café que regenta el personaje que interpreta Humphrey Bogart, toca el silbato y exclama: “Todo el mundo debe abandonar el local. Se cierra este café hasta nuevo aviso, salgan inmediatamente”. Y mientras los clientes se marchan, Rick se dirige al capitán: ¿Con qué derecho me cierra usted el local? “Qué escándalo, qué escándalo. ¡He descubierto que aquí se juega!” responde el capital indicándole con complicidad que se aparte, mientras el crupier le extiende el dinero y dice: “Sus ganancias, señor”. Renault coge el dinero y susurra: “Muchas gracias”. Levanta la mano con el dinero y grita: “¡Todo el mundo fuera!”
La sala suprema, en efecto, ha tocado el silbato.
Ya estábamos en el reino judicial de las filtraciones. En la película, el capitán Renault descubre que se juega; en el Supremo quien lo hace es el presidente Marchena y la sala concreta que presidió.
No puedo dejar de evocar que cuando en los años noventa era yo adjunto a la dirección de El País en una situación política que vaticinaba el fin del ciclo político de los gobiernos de Felipe González, también la judicatura y los medios funcionaban como una especie de sindicato. mediático-judicial.
En esos años, el juez Baltasar Garzón, tras abandonar el gobierno socialista y regresar al juzgado de la Audiencia Nacional, emprendió una cruzada, mediante la investigación, con sus correspondientes filtraciones, faltaría más, de los crímenes de la guerra sucia del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), sugieren en indicios con los que ya contaba antes de incorporarse al gobierno socialista, y con otros nuevos.
Allí, el pretendido “periodismo de investigación”, el de lo que podríamos llamar inversiones, estaba en su apogeo.
Los diarios de la derecha, centrados en acabar con Felipe González, formaron una pinza mediático-judicial.
Ese periodismo se fue degradando años más tarde al punto de hacerse adicto a las presuntas informaciones e intoxicaciones del comisario José Manuel Villarejo. Y como el periodismo suele pegarse como a una lapa a los políticos se formó una trinidad entre los medios, dirigentes del Partido Popular, especialmente María Dolores de Cospedal, igualmente adicta a la información presuntamente de inteligencia, y Villarejo.
Creía ella que estaba en su sueldo escuchandole y adoptando medidas sobre la base de sus susurros. O Choco , nombre de guerra de Francisco Martínez, secretario de Seguridad del gobierno de Rajoy, también adicto, cómplice y promotor de operaciones encubiertas con el entonces comisario.
De la tragedia del GAL hemos pasado ahora a la farsa de MAR , alias de Miguel Ángel Rodríguez, la jefa de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió en julio pasado que una nota informativa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid en la que se desmentía una información difundida por el MAR sobre dos delitos fiscales (350.000 euros evadidos) – que confesó Carlos Neira, abogado de González Amador, en relación con un contrato de compraventa de mascarillas durante la pandemia-, tenía caracteres delictivos por revelar, presuntamente, datos reservados. Eso afirmaba en su exposición al Supremo para que interrogara al aforado Fiscal General del Estado Álvaro García.
La realidad: quién sí había hecho una revelación de secreto de un tercero había sido MAR.
Porque ante la noticia periodística el lunes 12 de marzo de 2024 según la cual se perseguía por delitos fiscales a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, filtró a su círculo de periodistas un correo que había enviado el fiscal Julián Salto a Carlos Neira, abogado de González Amador -en respuesta al que le había enviado previamente reconociendo los dos delitos- en el que contestaba que, en efecto, se podía negociar un pacto para zanjar el asunto.
MAR vendió gato por liebre para “salvar” a González Amador ya su pareja haciendo aparecer la oferta como iniciativa del fiscal Salto y no del abogado de González Amador.. A su vez, Díaz Ayuso fue más lejos, hizo como el calamar y escupió su tinta. No había delito alguno y todo era un montaje de Pedro Sánchez.
Pero MAR, pues, reveló un secreto que el Colegio de Abogados de Madrid debería sancionar.
Moraleja: no podía ser, casi por definición, que un periódico que no fuera El Mundo o Abc u otro medio de la derecha publicase la exclusiva (qué hubieran hecho con ella dichos medios en caso de poseerla no lo sé, así como seguro estoy de que si la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera socialista la habrían publicado sin vacilar).
El periodismo de invesfiltración es monopolio de los medios de la derecha.
Porque, tanto MAR, como la UCO y el instructor Hurtado atribuyen, hasta ahora sin indicio ni prueba, que la filtración del 12 de marzo a Eldiario.es , ya no del correo posterior, sino propiamente de la noticia del expediente de la Agencia Tributaria , fue una maniobra de la FGE, y ello cuando hay otras posibilidades o combinaciones.
Por ello, MAR puso en circulación la teoría de la conspiración contra Díaz Ayuso. El argumentario -falso- es que mientras los fiscales de a pie estaban dispuestos a firmar un pacto de conformidad con González Amador sobre los delitos -procedimiento habitual- “desde arriba”, es decir, desde la FGE, se estaba prohibiendo.
MAR ha declarado a Hurtado que esta no era una información -como se la vendió a los periodistas, el 13 y 14 de marzo, sino una mera deducción suya porque ya “peina canas”.
Lo esencial: MAR defendió la reputación de Isabel Díaz Ayuso. No son mis palabras. El jefe de gabinete de la presidenta se lo explicó con todas las letras a Susanna Griso
-He salido en defensa de, y pocas veces eh, de Alberto González Amador, primero porque insisto es una persona honorable pero en la medida en que la crítica a él afecta la reputación de la presidenta del gobierno, y esa sí que es mi misión , lo que afecta a la reputación de la presidenta del gobierno, sea este caso u otro es mi misión defenderla a ella”.
Y esto lo afirma sabiendo que el empresario “ejemplar” González Amador ha confesado a través de su abogado haber cometido dos delitos fiscales.
Pero, siguiendo la lógica reputacional de MAR, ¿no afecta esa realidad -que González Amador cometió dos delitos con una trama de facturas falsas- la reputación de Díaz Ayuso?
Porque sabía que sí, salió al ruedo MAR.
Cuando más de tres meses después de que el TSJM pidiera la imputación del fiscal general del Estado– vean ustedes la urgencia y gravedad del caso aunque se justifique con el parón de agosto– la Sala Segunda del Supremo resolvió -previo anuncio de la primicia por MAR , el 8 de una semana antes de la FGE iría p’alante en el Supremo – asumir la competencia, dejó claro que la nota informativa del 14 de marzo no revestía caracteres de delitos como afirmaba el TSJM.
¿Qué pasó? ¿Por qué asumía la investigación si venia a decir nullum crimen?
Ya hemos contado en estas páginas que en la sala presidida por Marchena no había consenso sobre la exposición razonada del TSJM. Y el presidente siempre buscaba la unanimidad .
La magistrada ponente, Susana Polo, no compartió el criterio de abrir una investigación del fiscal general del Estado por la nota informativa. Porque la nota estaba amparada por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y, además, el fiscal general del Estado se había hecho responsable a través de un escrito al TSJM.
¿Resulta que ahora el Supremo tenía que dictarle a la FGE lo que tenía que decir en un comunicado?
Pero el papel aguanta todo lo que le pongan. Y así fue. En lugar de investigar lo que pedía el TSJM, se cambió el objeto de la investigación.
Fue una curiosa resolución a lo Groucho –se le atribuye al célebre actor la frase de “estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”- para asumir la causa en la Plaza de la Villa de París.
La pregunta es: ¿cómo pueden ustedes señores magistrados, cambiar el título de imputación -apoyándose en una providencia dictada el 30 de julio que unía las denuncias por la filtración del correo – en el auto de admisión de un procedimiento contra un aforado?
Es como si cuando llegue en los próximos días a la Sala Segunda del Supremo la autorización del Congreso del Diputados al suplicatorio solicitado por el magistrado Eduardo de Porres para investigar al diputado José Luis Abalos, el magistrado va y dice: muy bien pero ahora le vamos a investigar por una violación.
Oiga aquí lo que pidió la sala del TSJM es perseguir la publicación de una nota informativa y usted le da la vuelta: ¡Ah no, es que eso no es delito, pero me lo quedo y vamos a investigar… la filtración de un correo.
Sí, el papel lo aguanta todo. Y quizás alguno de los magistrados de la sala -al menos uno o una- se mirase al espejo llevándose las manos a la cabeza cuando el instructor Hurtado decidió enviar simultáneamente a la Unidad Operativa (UCO) a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial. de Madrid para llevarse toda la información de los dispositivos – una faena de doce horas de intenso trabajo con móviles, tabletas y ordenadores- y espiar judicialmente en lo que, sin duda, es la mayor afectación al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y la libertad de expresión en atención a “indicios”, lo que en ningún caso supone o sustituye un juicio razonado de proporcionalidad, cuenta habitada de que durante años, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han establecido que en caso de grave criminalidad la interceptación de las comunicaciones se debe hacer para el seguimiento futuro.
Después de que el elefante se retiró de la cacharrería, aquella noche del 31 de octubre, ante la perplejidad del respetable, el instructor corrió a redactar otra resolución -toda la información ya estaba en poder de la UCO- en la que delimitaba que se le debía extraer lo que pudiera estar relacionado con el correo entre los días 8 y el 14 de marzo de 2024.
Para este viaje no hacía falta encargar las alforjas que se llevó la UCO.
El estriptis, todo hay que decirlo, ha sido general. Nadie escarmienta en cabeza ajena. La fiscalía General del Estado ha abierto expedientes respecto del secreto de la información: ahí están los casos de los fiscales Vicente González Mota e Ignacio Stampa (objeto de una investigación penal y su separación de facto del caso Tándem-Villarejo).
Ser fiscal general del Estado con un gobierno progresista es estar a contracorriente. No puedes actuar como si eso no existiera y pensar que tú puedes hacer como FGE de Pedro Sánchez lo mismo que pudo hacer en su momento Jesús Cardenal fiscal general de José María Aznar.
El fiscal general del Estado que presume de progresista está herido de muerte ab initio y si no tienes cuidado te matan. Si eres Marchena una filtración no se va a investigar. Si un magistrado del Supremo es fiscal general del Estado será imposible que le metan a la UCO en Fortuny, 4. Y si eres García sí te van a investigar.
Y, claro, que también, Marchena lo hace bien y tú no.
El juez Hurtado ya cuenta con datos que, según dijo este jueves en la declaración de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que él ha podido disponer sin estar todavía aportados a la causa- los de las compañías telefónicas Movistar y Vodafone, al parecer.
Lastra narró que le dijo directamente el 14 de marzo a García que había sido él quien había filtrado el contenido del correo a la cadena SER. Estaba convencida de ello y por tanto no lo hizo en tono de pregunta. García respondió que “eso, ahora, no importa”.
Alea jacta es.
Pedro Sánchez ya busca fiscal general del Estado.
Y no será de la carrera fiscal.