El sindicato Amyts denuncia que los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Sanidad de Madrid vulneran el derecho a huelga

El sindicato ha iniciado una huelga indefinida este lunes a la que están llamados 228 facultativos

El sindicato médico Amyts, responsable del paro indefinido desde este lunes para los facultativos de los centros de atención 24 horas que atienden las urgencias extrahospitalarias, ha denunciado que los servicios mínimos del 100 por 100 impuestos por la Consejería de Sanidad vulneran el derecho de los trabajos a la huelga.

En declaraciones remitidas a los medios recogidas por Europa Press y de las que se hacen eco FUENTES INFORMADAS, la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, se trata de unos servicios mínimos «abusivos y que coartan el derecho a la huelga de los médicos», por lo que el sindicato ha anunciado que estudia tomar medidas.

En concreto, la Asesoría Jurídica de Amyts «está estudiando si estos servicios mínimos están dentro de la legalidad o no y cómo poder impugnarlos».

Además, ha denunciado que los facultativos han recibido comunicaciones de anulación de la planificación de los próximos dos meses «y van a ser avisados de los servicios mínimos de forma semanal». «Esto rompe ya cualquier tipo de organización personal que pudieran tener», han denunciado ante los medios.

El sindicato Amyts, el único con representación en la Mesa de Sanidad que no firmó el acuerdo de compromisos con la Consejería que puso fin a la huelga prevista para el 27 de octubre, ha iniciado una huelga indefinida este lunes a la que están llamados 228 facultativos.

Según denuncian, la Comunidad pretende imponer un «plan que matemáticamente es imposible» al abrir 80 centros de atención 24 horas con el personal que antes atendía 41 Servicios de Atención Rural (SAR). «De facto, la Consejería está desmantelando la atención rural urgente de la Comunidad de Madrid», ha lamentado.

«Cuando algo funciona en Sanidad, no lo toques. Imítalo», ha aconsejado la secretaria general de Amyts al Gobierno de la Comunidad para defender el modelo de atención de la urgencia extrahospitalaria que funcionaba antes de la pandemia.

En este sentido, reclama que a los profesionales del Summa 112 que antes de la pandemia estaban en los SUAP se les ofrezca la posibilidad de adscripción a los nuevos puntos de atención, «siempre de forma voluntaria», pasando a ser profesionales de Atención Primaria con destino en estos dispositivos y sujetos a los mismos derechos, incluido el del traslado voluntario.

Entre otras cuestiones, también exige la contratación de más personal, con un incremento de al menos 200 facultativos a través de la creación de plazas estructurales para garantizar la existencia de 6 a 9 facultativos en estos dispositivos.