Hoy: 22 de noviembre de 2024
Tras la reunión convocada para reunir a los presidentes autonómicos, la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, junto a los consejeros autonómicos y un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha anunciado que el decreto no se retirará ni se aplazará su aplicación. “Las medidas se empiezan a aplicar a partir del miércoles. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley”, ha sentenciado pese a la petición de su retirada por parte de cinco comunidades.
Sin embargo, la ministra sí que ha asegurado el 31 de este mes las autonomías quedan pendientes de enviar sus propuestas alternativas por escrito. Una fecha tope que daría margen para poder debatirlas e incluirlas en el plan de contingencia que presentará el Gobierno.
Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, ha comparecido poco después solicitando la “retirada inmediata” del decreto, además de pedir al presidente del Gobierno que mantenga una reunión esta misma semana con los dirigentes autonómicos. “La víspera de entrada en vigor de este decreto, solo es un ejemplo más del desastre de organización y de improvisación que rige este Gobierno”.
Durante la reunión celebrada hoy, el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla- La Mancha, José Luis Escudero, ha mostrado el apoyo a las medidas que el Gobierno de España propone en el decreto. Sin embargo, pide al Gobierno central “tener las condiciones claras” y que se tengan en cuentan a los negocios y establecimientos “que puedan tener unas condiciones distintas a las que se marquen con carácter general”.
Por otro lado, Cataluña y País Vasco, reclamaban durante la reunión que las medidas permitan una mayor flexibilidad. Cataluña planteaba que se pueda aplazar su aplicación, pero Ribera ha descartado esta posibilidad.
Mientras que en Madrid, la consejera de Medio Ambiente Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha avanzado este lunes que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al real decreto del plan energético del Gobierno de España al considerar que se está “poniendo en cuestión las competencias propias”.
El vicesecretario Miguel Tellado, ha afirmado que las comunidades no saben cómo poder aplicar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. “Es necesario que se tomen medidas, por supuesto que sí, pero las medidas adecuadas y correctas sin improvisaciones ni ocurrencias y analizar su impacto” con el objetivo de bajar el precio de la electricidad, ha recalcado. Además, destaca que las comunidades están en su pleno derecho a recurrir ante el Tribunal Constitucional, tal y como su partido ya ha adelantado.