El Supremo admite a trámite un recurso que pide bloquear 3.000 millones en préstamos a Indra y EM&E

FUENTES INFORMADAS adelantó el pasado diciembre que Defensa pretendía entregar ‘a dedo’ miles de millones a la empresa en el marco de la aportación del 2,1% de España a la OTAN

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno.

Este periódico advirtió el pasado 12 de diciembre de que el Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, tenía previsto entregar antes de que acabe 2025 a la multinacional tecnológica Indra, una firma privada en la que participa el Estado, un total de 6.000 millones de euros.

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Se va a hacer sin convocar ningún concurso público, a dedo, lo que ha despertado inquietud en distintos sectores del ministerio, que ven irregular una adjudicación de esa envergadura sin atenerse a las normas del concurso público, señala Fuentes Informadas. Con esta gigantesca aportación, el Gobierno quiere convertir a Indra en una de las grandes multinacionales del mundo. Pero en España hay más tecnológicas que también están interesadas en canalizar el volumen que supone invertir el 2,1% del PIB en material bélico al servicio de la OTAN.

Suspensión cautelar

La solicitud de la suspensión cautelar de los préstamos -una cuestión que todavía debe resolverse- es una medida que forma parte del recurso contencioso-administrativo presentado por Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics European Land Systems, GDELS) contra la concesión de los créditos a la UTE de Indra y Escribano para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros).

Ambos préstamos están recogidos en el real decreto del 14 de octubre 2025 en el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de créditos para el desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar.

En total, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar.

Programas de Indra

Los programas en los que participa Indra (bien en solitario, con algún socio o adjudicados a Hisdesat, la cual controla desde el pasado martes) acumulan 7.944 millones de euros en préstamos gubernamentales, mientras que los de Airbus suman 4.030 millones de euros (hay un programa de 350 millones en el que participan Airbus e Indra) y los de Navantia totalizan 2.292 millones de euros, señala Europa Press.

De hecho, los dos créditos que se han solicitado bloquear de forma cautelar son los de mayor cuantía concedidos a Indra, que liderará proyectos en varios dominios (tierra, mar, espacio y ciberespacio), mientras que los asignados a Airbus y Navantia se centran en los ámbitos aéreo y naval, respectivamente.

Proteger tecnología española

En este contexto, fuentes de Santa Bárbara Sistemas consultadas por Europa Press, además de confirmar la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo, han subrayado que el objetivo de esta iniciativa legal es «proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades actuales industriales del sector de defensa en España».

«Dar a dedo una cantidad de dinero de esa magnitud, sin concurso, sin convocar a otras tecnológicas españolas, es muy preocupante. Indra es una empresa privada, con accionistas privados, que sin duda pueden enriquecerse con esta aportación del Gobierno de Pedro Sánchez», afirman fuentes de Defensa.

Aun cuando Defensa aumente aún más con este dinero su porcentaje de acciones en la sociedad, el valor de las participaciones se incrementará de forma notable y de ello se beneficiarán los accionistas privados.

El Gobierno favoreció la entrada en Indra, por ejemplo, del actual dueño mayoritario de Prisa, como compensación por el apoyo editorial que aporta el grupo al presidente Sánchez.