El Parlament decidirá si pide a Aragonès una cuestión de confianza

El presidente de la Generaltat se enfrenta a una sesión marcada por el órdago del PSC y la demora de Junts en dar una respuesta sobre su continuidad en el Govern

El pleno del Parlamento de Cataluña votará esta semana si solicita al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se someta a una cuestión de confianza antes de que termine 2022, con el futuro del Govern en el aire y a la espera de que la militancia de Junts decida si sale o no del Ejecutivo catalán.

La celebración de esta sesión constituye el principal motivo de la crisis interna que ahora sacude al Ejecutivo catalán. Es un punto de una moción de la CUP que se votará el jueves en el pleno del Parlament que arranca este martes, después de que en el Debate de Política General (DPG) Junts avisara a Aragonès de que le pedirían someterse a una cuestión de confianza si el presidente no concretaba cómo iba a cumplir el pacto de investidura.

Tras esta advertencia, Aragonès cesó al hasta entonces vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, por «pérdida de confianza» al no haberle informado de que Junts barajaba solicitarle ir a una cuestión de confianza, algo que el presidente rechazó de plano –de perderla, eso abocaría al Govern a la disolución–.

De hecho, el PP presentó en el mismo Debate de Política General una propuesta de resolución que instaba a Aragonès a someterse a una cuestión de confianza en un mes, una iniciativa que el Parlament tumbó con el voto en contra de PSC-Units, ERC, Junts, CUP y comuns, la abstención de Cs y el PP y el voto a favor del PP.

Junts considera que Aragonès está incumpliendo el acuerdo de Govern en tres puntos –la coordinación entre partidos en las Cortes Generales, la dirección estratégica del independentismo y replantear la mesa de diálogo–, mientras que los republicanos ven en ese planteamiento una «excusa» del sector de Junts que quiere salir del Ejecutivo catalán.

De hecho, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, afirmó la semana pasada en una entrevista para Catalunya Radio que la convocatoria de elecciones quedaba descartaba «con rotundidad». «El Govern continuará, el Govern es vigente», sentenció. «Tenemos que trabajar todos los miembros del Govern en la misma dirección. Tenemos que tener confianza, tenemos que poder contarnos las cosas, tenemos que trabajar con lealtad», reiteró.

El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) estableció el pasado lunes «condiciones» para tenderle la mano a ERC. El primer secretario del partido, Salvador Illa, solicitó que se cesara al consejero que pretendía imponer un modelo educativo en el que todas las clases se impartían en catalán. Los socialistas barajan, en su lugar, un sistema en el que al menos un 25% de las horas lectivas pudieran darse en castellano.

Poco después de que se produjeran las declaraciones de Vilagrà, la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aseveró ante los medios que para que Junts brinde su apoyo a los republicanos, los de Aragonès deberán cumplir con lo acordado. «Nuestro reproche es que no se cumplan los acuerdos que se firman y que permiten que seas presidente de la Generalitat», ha dejado caer.

La moción de la CUP también acusa al Govern haber incumplido «el marco político que hizo posible la formación de Govern», aunque por motivos distintos: le reprocha no haber frenado los operativos de Mossos en los desahucios, apostar por proyectos como los JJ.OO. de Invierno y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, no invertir en vivienda o privatizar el teléfono 061, a su juicio.

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, aclaró el lunes que su partido votaría en contra de la moción de la CUP, y lamentó que Aragonès no aceptara las «renuncias» de la formación –entre ellas, a que Puigneró fuera restituido– en la negociación para intentar reconducir la crisis y lograr un acuerdo.