El ministro Albares no sabe (¡¡¡o sí!!!). Pero no contesta

Su gran mérito es una fidelidad sin complejos «al puto amo» Sánchez

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (¿y de los grandes expresos europeos?) es una olla a presión. La mayoría de los diplomáticos españoles sienten que la actuación del titular, desde 2021, del departamento, José Manuel Albares Bueno, es un desastre total para España.

A la que ha sepultado en el pozo de la irrelevancia internacional y la desconfianza de sus aliados.

La presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 fue un ejemplo de inanidad. No obstante, el pequeño ministro ha dedicado últimamente titánicos (en la medida de sus escasas luces y pobres capacidades y habilidades, según fuentes del Departamento) esfuerzos para lograr la oficialidad del catalán el euskera y el gallego en la Unión Europea.

Desatinada tarea condenada, según avezados diplomáticos, al fracaso, y que hace que nuestros más importantes socios europeos se muestren perplejos y despectivos ante nuestra sectaria y provinciana acción exterior.

Albares solo está pendiente de satisfacer los erráticos deseos y caprichos del presidente Pedro Sánchez, a quien todo lo debe, pues este individuo cuya carrera profesional no tenía nada de brillante, fue, gracias a su dócil y entusiasta entrega a Sánchez, aupado a la condición de diputado del PSOE, primero y de titular, después, de la cartera de Exteriores.

Su mérito, fidelidad canina al “puto amo” Sánchez

Pero el resto de problemas que se agolpan en un ministerio “de Estado”, a Albares se la trae al pairo. Hay un sordo resquemor en su departamento no solo por la forma de asignación de los puestos relevantes sino incluso por la de resolver últimamente la oposición de ingreso en la Carrera Diplomática.

En la oposición, la opacidad acerca de la forma de elegir al tribunal y de calificar los diferentes ejercicios es palmaria.

En la provisión de puestos en el exterior, tampoco hay transparencia. Albares prima, sobre el mérito y la capacidad, la proximidad ideológica al PSOE a la hora de elegir a Embajadores y a los titulares de los
consulados más apetecidos.

Los no afectos son reprimidos con mano de hierro y condenados a “hacer pasillos”.

Ni su, al parecer, odiada Margarita Robles actúa con tal brutalidad administrativa en el Ministerio de Defensa. Pero, claro, es que Robles, como jurista, sabe que tiene obligación, a pesar de ser ministra, de ajustar su comportamiento a la ley.

La discrecionalidad técnica no implica arbitrariedad. Albares, no obstante, es mucho más tosco. Por ejemplo, cesa a un embajador por cabecear mientras él, tras una copiosa comida, perora simplezas y obviedades ante
todos los representantes de España en el exterior.

Su ego, inversamente proporcional a su estatura, no permite la desatención a sus palabras. Se cree un Talleyrand o un Metternich, pero no es sino un resentido, al que, bajo el vistoso uniforme diplomático, se le transparenta la falta de ideas y que no ha perdido el pelo de la dehesa.

Vamos, que nuestra acción exterior no está en las manos de un Kissinger, aunque este controlador compulsivo se muestra hábil, sin embargo, en cultivar otros intereses personales.

Su actual pareja sentimental, la libanesa-armenia Therese Jamaa, hasta mayo de 2023 fue vicepresidenta de Huawei Technologies España (polémica firma bajo la lupa de la seguridad norteamericana a la que se atribuye relación con los servicios secretos chinos, a pesar de lo cual fue incluida en el desarrollo del sistema 5G español), tras lo que, a finales de 2023 fue nombrada consejera de Hispasat (empresa española de
telecomunicaciones que opera satélites, en la que la SEPI tiene una sustanciosa participación y de gran importancia para la seguridad y defensa nacional.

Este cargo compatibiliza con la Vicepresidencia de Alianzas Estratégicas de Openchip & Software Technologies (en cuyo accionariado participan, entre otros, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Generalitat y la Universidad Politécnica de Cataluña).

Según informan El Confidencial y The Objective”, en mayo de
2024 Openchip & Software Technologies consiguió nada más y nada menos que 111 millones de euros de los fondos europeos Nex Generation.

Con la particularidad de que en dicha fecha esa empresa todavía no tenía facturación registrada y contaba con un solo empleado.

Y el pasado 22 de octubre acaba de recibir, como informa The Objective, 22,2 millones de euros (en dos anualidades de 11,1 millones cada una) en una subvención del CDTI, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, también con cargo a esos fondos Nex Generation.

Es decir, que en poco menos de año y medio la diminuta empresa (constituida en noviembre de 2021 con un capital social de 3.214 euros) en la que ha aterrizado la compañera de Albares ha recibido más de 133 millones de euros en subvenciones.

El Gobierno del que forma parte Albares afirma que no quiere que nadie se quede atrás, pero parece obvio que algunos/as se colocan muy por delante del resto, vía capitalismo de amiguetes.

Para compensar, y revertir su imagen de respetabilidad (blanqueo reputacional), Therese Jamaa ha sido nombrada Vicepresidenta de la Fundación de la Cruz Roja Española (sociedad nacional que depende fundamentalmente, desde el punto de vista presupuestario y orgánico, del Gobierno).

Lo demás (fuera de satisfacer los desvaríos de Pedro Sánchez y celebrar los éxitos de que su pareja sentimental se ha hecho justa merecedora) a José Manuel Albares también se la trae al pairo.

Sobre todo, lo que ocurra con los ciudadanos a los que su Ministerio debe servir.

Ya en marzo de 2025 este medio informaba del “latigazo judicial” (y moral) propinado a Albares de una sentencia de ese mes de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En la sentencia condenaba en costas (es infrecuente que los jueces impongan las costas a la Administración) al departamento que aquél dirige por la arbitraria actuación del Cónsul en Manila (Filipinas), Javier Martín García, al denegar reiteradamente durante dos años a la pareja de hecho del español Miguel H. (con salud delicada) y a la súbdita filipina Cherry P., el visado para poder reunirse con él en España.

Una actuación que, según fuentes jurídicas, fue calificada de “rayana en la
prevaricación”.

El consulado tenía documentos (incluso notariales, procedentes de Miguel
H., que reside en Granada) que acreditaban oficialmente que él y Cherry P. eran una pareja de hecho según la legislación europea y española, tal y como reiteradamente argumentó, en mensajes al correo oficial del Consulado, el abogado de la pareja, el letrado granadino Simón Oller Carrillo.

Ante el desprecio de la legación española a sus múltiples escritos, elevó el caso al TSJ de Madrid, que acabó dándole la razón.

En su sentencia, de la que fue ponente el magistrado Francisco Javier Canaval Conejo, el TSJ de Madrid llegaba a decir que las sucesivas negativas a conceder el visado a Cherry P. para reunirse con su pareja de hecho eran injustificadas, atendidas las razones legales que una y otra vez, sin éxito, esgrimió la pareja.

Uno de los documentos aportados era un escrito oficial de la Junta de Andalucía que acreditaba que Miguel y Cherry constituían una pareja de hecho, debidamente inscrita en el registro.

Del tenor de la sentencia (que alguien en el ministerio de Albares, donde hay una asesoría jurídica, debió leerse) se infiere que el cónsul Martín García “no facilitó el visado a Cherry P. porque-no-le-dio-la- gana, pese a ser un servidor público que cobra al mes de las arcas del Estado más de 10.000 euros.

Insistentemente dijo por escrito Martín García que la razón para denegar el visado era que la unión entre Miguel y Cherry era un fraude. Pero, sin ninguna prueba, como reprocha el TSJ de Madrid a la arbitrariedad del diplomático español, que “ni siquiera ha entrevistado” a los interesados antes de rechazar una y otra vez, y casi de plano, la solicitud de visado, pues la deniega sin aportar ninguna prueba del supuesto fraude.

En base, tan solo, según se infiere de la sentencia, a su sola voluntad. Para ello, y esto es gravísimo, el cónsul no solo desconoció sino que se permitió, por sí y ante sí (como un covachuelista de los mejores tiempos del “Ancien Régime”), rechazar la veracidad del documento oficial de la Junta de Andalucía que declara a Miguel y Cherry pareja de hecho, infringiendo la normativa española y europea sobre reagrupamiento familiar.

Y todo sin motivar, sin aportar no ya pruebas sino indicios del pretendido fraude, pues como dice la sentencia del TSJ, “la resolución impugnada no contiene elemento alguno que pueda tenerse como indicio de tal posible fraude [en el matrimonio] ya que, ni siquiera se llegó a realizar una entrevista a la pareja”.

Añade que “el Consulado no puede revisar la resolución que ampara la inscripción registral de la pareja y ello porque supone una extralimitación de sus competencias, lo que se deduce del artículo 6.2 de la citada Ley en el que se expresa que la inscripción registral producirá ante las Administraciones Públicas de Andalucía la presunción de convivencia de los miembros de la pareja de hecho, salvo prueba en contrario”.

Pero, independientemente del injusto proceder de un servidor público para con un ciudadano español y su pareja de hecho (que podría ser constitutivo de desviación de poder), lo más grave que se ponía de relieve por este medio era que en la legación española de Manila nadie ayuda a los interesados a rellenar y documentar sus solicitudes.

Más aún, se les impone acudir a una gestoría próxima para que desde ella
se tramiten las peticiones, gestoría que cobra por ello 300 euros, lo que es una fortuna en Filipinas.

Para recurrir las sucesivas negativas a conceder el visado, Cherry P. hubo de hacer dos pagos, 600 euros, a esa gestoría, además de viajar a Manila desde una gran distancia.

Igualmente informábamos que hay fotos de actos y comilonas que dejan entrever la excelente relación que existe entre los responsables de esa agencia y el Consulado de Martín García (quien no nos consta que haya sido relevado).

Pero lo grave es que Miguel H. acudió a Albares mediante un escrito que tuvo entrada en el Registro General del Departamento el 22 de julio de 2024 en el que, al amparo de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, le exponía los extraños hechos y manejos que ocurrían en el Consulado de Manila.

Nada contestó Albares. Ni lo ha hecho hasta ahora.

A pesar de lo que dispone la Ley Orgánica 4/2001. Él y los funcionarios del Ministerio (en el que, repetimos, hay una asesoría jurídica) tendrían cosas más importantes que hacer que contestar a un pensionista de salud delicada.

Sobre todo él, que pertenece al Gobierno que se ocupa de “la gente” (sobre todo de la gente próxima, colocándola en puestos suculentamente retribuidos).

Pero el Ministro, o alguno de sus adláteres (alguien tuvo que leer el escrito de Miguel H., e informar al titular del Ministerio), hubo de tener conocimiento de los extraños (por no decir turbios) hechos que, según se relataba, tenían lugar en Manila (la necesidad de acudir a una gestoría, en vez de que el Consulado ayudara o facilitara el cumplimentar la documentación para solicitar un visado, la relación del Consulado con
esa gestoría, etc.). Conocieron, sin duda, pero nada hicieron.

Trataron de correr un velo sobre la verdad. La podredumbre siempre aflora. Recientemente, The Objective publicaba que se investiga una posible denegación irregular de visados por el consulado español en Argel, al haberse rechazado últimamente solicitudes en nombre de la Cónsul Miriam De Andrés en fechas en que esta ya había sido relevada por el
nuevo titular Gauden Villas.

Al parecer, en una denegación de un visado de 21 de septiembre pasado, la firma de De Andrés que figura en el documento no es la suya sino la del canciller Vicente Moreno, y que supuestamente este último “suplantó la identidad de la cónsul relevada para rechazar la solicitud de viajar a España de un ciudadano argelino”.

Y, a mayores, ese día 21 en que el canciller rechazó la solicitud en nombre
de su antecesora Vicente Moreno se encontraba fuera de Argel por un permiso de trabajo.

Según “The Objective”, una denuncia anónima afirma que en el Consulado español en Argel se conceden visados fraudulentamente a cambio de miles de euros, interesando una gestión profunda e independiente sobre la gestión de visados en esa legación.

Pues bien, el Ministro Albares (conocido como Napoleonchu entre sus compañeros diplomáticos), que tan servil se muestra con Pedro Sánchez para dar satisfacción a sus antojos y cuya pareja sentimental ha escalado (merecidamente, sin duda) a puestos generosamente retribuidos en empresas cuya financiación no resulta ser del todo ajena a lo público, no parece prestar la más mínima atención a casos de presunta corrupción en su Ministerio.

Estas irregularidades, las de Manila, Argel y otras, afectan a ciudadanos españoles, como es el caso de Miguel H. y extranjeros, a los que, presuntamente, se les hace realizar gastos injustificados o directamente se exigen dádivas por quienes, envidiablemente retribuidos, deberían dedicarse a facilitar las gestiones precisas para satisfacer (en el sentido que en Derecho corresponda) sus solicitudes de visado (y no a facilitar, presuntamente, cohechos).

Pero, en fin, ya se sabe, no hay que dejar a nadie atrás pero algunos, previsores del porvenir, como Albares y su entorno, se sitúan siempre a la cabeza; y al resto, que lo zurzan.