El lamentable caso de un policía canario que pasó más de un año en la cárcel siendo inocente

El agente sigue viviendo un calvario interminable porque ahora Asuntos Internos le mantiene abierto un expediente disciplinario por la misma causa por el que fue exonerado

Aunque ya recuperó su puesto en la Brigada Provincial de Policía Científica en abril de 2024, todavía no cesa la pesadilla a la que se está enfrentado un agente de la Policía Nacional de Gran Canaria, tras haber pasado un año y 14 días en prisión, siendo inocente, y además, estar suspendido de empleo y sueldo durante 2.122 días.

Después de haber pasado más de seis años, continúa enfrentando un calvario legal.

A pesar de haber sido exonerado judicialmente por sobreseimiento libre, se enfrenta a un expediente disciplinario que podría resultar en una sanción administrativa, lo que su abogado considera una prolongación injusta de su sufrimiento.

El policía fue detenido en 2018 por el Grupo VI de Asuntos Internos, ahora llamado Grupo 51, por presuntos delitos graves, aunque posteriormente los hechos fueron archivados por la justicia al no encontrarse pruebas en su contra. Según su abogado, Miguel Ángel Pérez Diepa, las acusaciones se basaron en “meras apreciaciones subjetivas” sin fundamento fáctico, y denuncia que se utilizaron falsedades y manipulaciones para sustentar la acusación.

A pesar del sobreseimiento judicial de la causa, y haber pasado más de un año en la cárcel siendo totalmente inocente, el instructor de la Unidad de Régimen Disciplinario de la Dirección General de la Policía le impuso una sanción contra el agente por una falta grave.

La propuesta de sanción se basa en los mismos hechos que ya fueron archivados por la justicia, lo que, según Pérez Diepa, es paradójico y una violación del derecho de defensa del agente. La situación se agrava con la introducción de un presunto documento falso en el expediente disciplinario.

Falsedades en el expediente

El abogado del agente sostiene que los investigadores de Asuntos Internos añadieron falsedades al expediente, como la supuesta participación del agente en la incautación de una gran suma de dinero en 2016, lo cual, según Pérez Diepa, es completamente falso y contradice los atestados oficiales.

Además, afirma que se ha falsificado una conversación telefónica para incriminar al agente, lo que ha llevado a una nueva denuncia por falsedad documental.

Durante su tiempo en prisión, el agente experimentó un trato adverso debido a su condición de policía, lo que empeoró su estado de salud física y mental. “Estoy de baja todavía porque mentalmente estoy tocado, no he recuperado la salud”, comenta el agente.

La defensa presentó denuncias que fueron archivadas, pero el Tribunal Constitucional ordenó reabrir el caso para investigar posibles tratos inhumanos.

El abogado del agente ha destacado la falta de pruebas sólidas en su contra, señalando que las acusaciones se basaron en conjeturas y manipulaciones. A pesar de haber sido exonerado por la justicia, el policía sigue siendo objeto de un proceso disciplinario que su abogado considera injusto y que ha prolongado innecesariamente su sufrimiento.

El agente, que fue diagnosticado con un trastorno por estrés postraumático severo, ha solicitado repetidamente que se archive el expediente disciplinario en su contra, ya que considera que no cometió ninguna infracción. Su abogado insiste en que la administración debe respetar la decisión judicial que lo exoneró y archivar definitivamente el expediente.

Situación precaria

La situación ha dejado al agente en una situación económica y emocional precaria, tras haber pasado seis años suspendido de empleo y sueldo. A pesar de las dificultades, este hombre sigue luchando por limpiar su nombre y recuperar su vida, mientras el caso continúa siendo objeto de instrucción y está a la espera de una resolución definitiva.

La defensa cuestiona la imparcialidad del instructor del expediente disciplinario y sostiene que ha habido una predisposición en contra del agente desde el inicio. Esta falta de objetividad, según Pérez Diepa, se evidencia en la insistencia en sancionar al agente basándose en hechos ya sobreseídos por la justicia, lo que constituye una grave vulneración de los derechos del agente.

El caso del agente grancanario es un claro ejemplo de cómo una investigación mal manejada puede tener consecuencias devastadoras para una persona inocente, y la lucha por la justicia continúa mientras su abogado sigue defendiendo su honor y derechos en un proceso que, según él, nunca debió existir.