El juez Pedraz acuerda citar a la agente que viajó a Nueva York en la operación de ‘inteligencia’ contra Podemos

El ex director de la Policía Ignacio Cosidó declara que estos viajes requerían su autorización ya que se hacían con fondos públicos, como era preceptivo, pero no lo recuerda

La inspectora jefa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) con carné profesional número 89169 Silvia O.M. debía declarar la semana próxima, el 13 de enero de 2025, sobre su escrito aportado al juzgado en el que desveló dos operaciones de inteligencia contra Podemos en 2016: Bolívar y Venus. Pero la decisión del juez Santiago Pedraz del pasado 8 de incorporar los expedientes de ambas a la causa, según una solicitud de la acusación particular -el partido Podemos actúa en calidad de perjudicado- ha aplazado la comparecencia testifical, de Silvia. O.M, según una providencia del pasado 7 de enero.

La nueva fecha depende, ahora, de que las instituciones policiales envíen los expedientes de las operaciones Bolívar y Venus al juzgado para conocer el alcance de las pesquisas políticas, al margen de los tribunales. Cabe señalar que Pedraz decidió el pasado miércoles 8 esa incorporación pese al informe negativo del fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, quien considero desproporcionada la solicitud.

Cachondeo

Cosidó, decididamente, pasará a la historia política no porque durante su gestión el gobierno de Mariano Rajoy convirtió la Policía Nacional en un instrumento político contra sus adversarios (desde Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, al PSOE, operación BARC mediante, a Podemos y los partidos independentistas catalanes), según el dictamen del Congreso de los Diputados de 2017, sino por la filtración del whatsapp que envió como portavoz del PP en el Senado a su chat informal de senadores el sábado 18 de noviembre de 2018 a las 21:30, un mensaje que hizo abortar el pacto secreto del Gobierno y el Partido Popular para nombrar presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entonces presidente de la Sala Segunda, o Penal, del Tribunal Supremo.

En dicho texto, Cosidó se mostró pedagógico con voces disidentes -los llamados senadores sorayistas que abominaban de un pacto con el Gobierno- y destacaba la goleada que suponía el acuerdo.
“Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11 a10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda [la sala penal del Tribunal Supremo] desde detrás…”

El pacto voló

El pacto voló por los aires y el PP de Pablo Casado y Alberto Nuñez Feijóo mantuvieron el bloqueo de la renovación durante cinco años y medio, hasta julio de 2024. Se dice pronto, sí.

En cambio, como director general de la Policía (2012-2017), Cosidó estuvo al frente de una institución que puso en marcha una policía política, según se ha apuntado, sin resultar imputado, ni prestar declaración en calidad de testigo, en la operación extrajudicial Kitchenen busca de datos presuntamente comprometedores para Mariano Rajoy en poder de Luis Bárcenas, un montaje en el que intervinieron 50 policías, que se juzgará con la mayor parte de los altos cargos de Interior en fecha todavía por determinar. El rechazo de la judicatura de investigar la Operación Cataluña, por otra parte, también le ahorró cualquier tipo de molestias.

Por último, ha sido citado en calidad de testigo el pasado jueves 9 en la causa que investiga las operaciones políticas para acabar con Podemos en 2016 y 2017.

No conoció, según ha declarado, el llamado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) sino por los medios de comunicación cuando es lo cierto que dicho informe fue elaborado por la Dirección Adjunta Operativa, a cargo del número dos de la Policía, el subordinado de Cosidó. Esto es: Eugenio Pino. Ahora, eso sí: usó ese mismo informe para acosar a Podemos en el Senado.

El 5 de octubre de 2018, Cosidó apuntó públicamente que hay «dudas razonables» sobre los fondos que pudieron llegar a los fundadores de Podemos desde Irán y Venezuela, y por ello ve oportuno que declaren aquellas personas que dispongan de información «relevante». No sin ironía, en alusión velada al célebre whatsapp, de Cosidó, Pablo Iglesias dijo: “Ni [Manuel Marchena], uno de los suyos, ha visto financiación ilegal en Podemos”.

En realidad, según apuntamos, los pagos presuntamente realizados, según el informe PISA, no fueron para Podemos sino para una entidad llamada CELS y eran anteriores -de ser ciertos- a la vigencia de la nueva ley de financiación de partidos, del 1 de julio de 2015.

La inspectora jefa 89169

Silvia O.M. formó parte del trío de la bencina -con García Catalán y Fuentes Gago- para interrogar en Nueva York, en abril de 2016 -después que el Tribunal Supremo rechazó investigar el informe PISA- al exministro de Finanzas del gobierno venezolano de Hugo Chávez, sobre el presunto apoyo a Podemos. De ahí el ocurrente nombre de Bolívar. Todas estas informaciones iban saltando a los medios ante la proximidad de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 para desgastar a Podemos.

Según el escrito de la inspectora, Isea aseguró que el gobierno venezolano apoyó con 7 millones de euros a la fundación ya citada. El 14 de abril de 2016, tras la conversación con Idea, se registró la operación Bolívar para comprobar los datos. De regreso a Madrid, la inspectora consultó bases de datos para verificar si Pablo Iglesias había viajado a Venezuela.

La otra operación, Venus, buscó datos para apuntalar el desacreditado informe PISA y distintas financiaciones externas de Podemos.

Ni Bolívar ni Venus obtuvieron resultados. Y fueron desactivadas. Ahora, esos expedientes han sido solicitados por el juez Pedraz. Una vez incorporados a la causa, Silvia O.M será citada a declarar en calidad de testigo. Cuando una comprueba la participación de los inspectores resulta que en estas operaciones políticas siempre eran los mismos.

Fuentes Gago, por ejemplo, viajaría a Ginebra en 2017 para confirmar la veracidad de la cuenta en la Union de Banques Suisses (UBS) que el comisario Enrique García Castaño filtró a un diario en octubre de 2014, a una semana de la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Falsa, claro.