Hacienda desmiente que el exdespacho de Montoro hiciera de lobby y lo describe como “decisivo” para lograr las reformas de las gasísticas

El informe solicitado por el juez Rubén Rus -juzgado de instrucción número 2 de Tarragona- a la unidad de inspectores adscritos a la Fiscalía Anticorrupción- cifra de forma preliminar en casi 1 millón de euros el peaje pagado por dos reformas fiscales, descarta la idea de que Equipo Económico era un lobby

“Según se deduciría de los correos y documentos, en ambas reformas legales [a favor de los intereses de las empresas gasísticas quedaría definido el reparto de roles, así como el desempeño real por el que sería retribuido EQUIPO ECONÓMICO esto es, indiciariamente la mera presentación del resultado a las ‘autoridades implicadas’”.

“En coherencia con ello cabe llamar la atención sobre el hecho relativo a que las gasísticas, disponiendo de equipos de expertos y profesionales. (que asisten a las reuniones con EQUIPO ECONÓMICO y con el MINISTERIO), son las que materialmente desarrollan los trabajos y estudios, elaboran/perfilan los datos e informes sobre las reformas legislativas. Ello en sí mismo pudiera hacer innecesario contratar al despacho investigado para una misma labor para la que las gasísticas que tienen medios más que suficientes (y que emplearon sin éxito su propia estructura de expertos fiscalistas para sus previos intentos fallidos de obtener las reformas legales)”.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las ‘autoridades implicadas’ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”.

Informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad 0rganizada (Fiscalía Anticorrupción) 23 de enero 2026.

El juez Rubén Rus, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona recibió el 19 de febrero de 2025 un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Dicho informe analizó 400 productos financieros relacionados con miembros de la consultora Equipo Económico fundada por Cristóbal Montoro, despacho que abandonó en 2008 y pasó, tres años más tarde, a finales de 2011, a ser ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy.

La UCO cifró en ese informe que la citada consultora había cobrado 673.500 euros por trabajos para conseguir reformas legislativas que solicitaba el sector gasístico español.

“La trazabilidad realizada no muestra una operativa diferenciada o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas. Gran parte de estas entradas tienen como destinos los socios de EE/GA [Equipo Económico] a través de transferencias directas…[que] “fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos, gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de estos fondos, todo ello con los datos analizados y expresados en el presente informe”.

Este informe llegaba, en febrero de 2025, en un momento relevante de la acción del juez Rus, instructor de la causa desde 2018. Todavía bajo el secreto de las actuaciones, el juez debía resolver sobre el levantamiento del secreto y la imputación a Montoro y a otras 27 personas.

El 12 de junio de 2025, el juez instructor dio orden de entregar el informe de la UCO y todas las cuentas bancarias examinadas por dicho cuerpo de policía judicial a los inspectores fiscales de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad 0rganizada, es decir, la Fiscalía Anticorrupción.

Y un mes más tarde ¡bum!, Rus levantó el secreto sumarial y dio traslado a las partes de gran parte del material.

Montoro y otras veintisiete personas, socios y ex socios de Equipo Económicos, y clientes, eran imputadas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Cristóbal Montoro y nueve miembros del plantel de altos cargos del Ministerio de Hacienda figuran entre los imputados.

Ocho meses después de que el juez instructor solicitara a los inspectores de Haciendo adscritos a la Fiscalía Anticorrupción examinar aquello que a su turno había analizado la UCO, pues, ha llegado el informe, con fecha 23 de enero pasado.

Un informe que, los inspectores, definen como preliminar porque no han tenido acceso a todas las cuentas bancarias que, en principio, debían estudiar (no han tenido acceso a las de dos fundadores del despacho de consultoría como es el caso de Montoro y del exministro Luis de Guindos). Los inspectores solicitan ahora al juez que intervenga para que se aporten esas cuentas para su examinación.

Según el nuevo informe, la cantidad que habría pagado el sector gasístico para obtener dos reformas legislativas que favorecieron fiscalmente a dichas empresas ha ascendido a una cantidad superior a la que se había barajado,

Ya no son ni los 673.500 euros que señalaba la UCO en febrero de 2025 ni los 771.000 euros apuntados en el auto del juez Rus de mediados de julio de 2025. Ahora son, entre 2011 y 2020, 991.613,76 euros.

La cantidad refleja los pagos por dos trajes a medida: dos reformas fiscales legislativas.

La patronal gasística no veía la luz del túnel en sus intentos para sacar adelante esas reformas hasta saber que el canal para lograrlas era, ¡eureka!, Equipo Económico.

Los miembros de esta consultora, en contacto con el equipo de Hacienda que trabajaba con Montoro, diseñó las reformas. Montoro las propuso en el Consejo de Ministros. Y Mariano Rajoy les dio el visto bueno.

Es curioso que el mismo material examinado no haya llamado la atención de la UCO en febrero de 2025, ahora, según el informe del pasado 23 de enero, despierta sospechas fundadas de la unidad de Hacienda en la Fiscalía Anticorrupción.

Según advierten, había un patrón de funcionamiento de los socios y exsocios de Equipo Económico, quienes se habrían servido de esos “fondos con trazas contaminadas” con una periodicidad mensual, “lo que presuntamente pudiera asemejarse más a una velada distribución de beneficios, no vinculada a su porcentaje societario, que a una eventual remuneración por una prestación efectiva”.

El informe desmonta uno de los puntos del argumentario que el PP ha distribuido en los medios de comunicación según el cual sería la ausencia de una legislación para regular la actividad de lobby –grupos de presión que representan intereses privados que intentan hacer prosperar sus intereses en el Congreso y en el Gobierno– lo que explicaría la actividad de Equipo Económico durante el gobierno de Rajoy con Montoro en Hacienda.

Según el informe, Equipo Económico ingresó 35,5 millones por sus gestiones y capacidad de entrada en el Ministerio de Hacienda de Montoro para satisfacer la necesidad legislativa de distintos lobbies o clientes.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las `autoridades implicadas´ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”, señala el informe (página 167).

Ahora el juez Rus tiene que afirmar, frente a la multitudinarias personaciones y recursos, su competencia y citar a declarar a Montoro y los otros veintisiete imputados.