El Gobierno del Reino Unido, liderado por el Partido Laborista, ha presentado este lunes una propuesta que endurece de manera significativa la política de inmigración y asilo del país. La iniciativa contempla la retirada de ayudas a solicitantes de asilo y el incremento de expulsiones de quienes no cumplan los requisitos establecidos, generando críticas tanto dentro del parlamento como entre organizaciones de apoyo a migrantes.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, defendió la medida en la Cámara de los Comunes. Según Mahmood, los británicos consideran que el sistema de asilo está descontrolado e injusto. “Lo creen porque es así”, afirmó. La ministra señaló que en los últimos cuatro años se han recibido alrededor de 400.000 solicitudes de asilo, más de 100.000 personas viven en instalaciones de acogida y más de la mitad de los refugiados siguen recibiendo ayudas ocho años después de su llegada. Mahmood calificó de “absurdo” que personas con recursos suficientes puedan recibir apoyo estatal, como vivienda o 800 libras mensuales. El gobierno propone eliminar la obligación de ayudar a quienes puedan trabajar o sufragar sus gastos, condicionando la asistencia al cumplimiento de la ley británica.
El documento de 32 páginas establece que las ayudas serán “discrecionales” y que cada caso se revisará cada dos años y medio durante un período de 20 años, frente a los cinco actuales. Durante ese tiempo, los solicitantes no podrán acceder a la residencia definitiva. Organizaciones como el Centro de Derechos Laborales han alertado sobre los riesgos de la medida, advirtiendo que puede empujar a los migrantes hacia empleos precarios y beneficiar a “traficantes y explotadores”.
Otro eje central de la reforma es aumentar las expulsiones de solicitantes de asilo cuya petición haya sido denegada. Según Mahmood, el gobierno evaluará la devolución forzosa de familias y menores si rechazan el apoyo económico ofrecido para regresar voluntariamente a su país. Entre los países contemplados para estas devoluciones se encuentra Siria, donde Reino Unido no ha ejecutado expulsiones en los últimos años.
La propuesta también endurece las condiciones para la reunificación familiar. Esta dejará de ser automática: el solicitante deberá contar primero con un visado de estudio o de trabajo antes de poder solicitar que se les permita reunirse con sus familiares, según Europa Press.
Estas medidas han generado rechazo dentro del propio Partido Laborista y entre organizaciones de apoyo a migrantes, que advierten sobre los efectos en la vulnerabilidad de quienes buscan protección. Con este paquete, el gobierno británico intenta reforzar su mensaje de control migratorio, pero enfrenta el desafío de equilibrar seguridad y derechos humanos, una tarea que se anticipa compleja en los próximos meses.