El número de indultos concedidos por el Gobierno en los últimos años ha continuado en descenso, con 11 otorgados en 2023 y 16 en 2022. Durante esos mismos años, también cayó la cantidad de solicitudes de indulto, registrándose 2.410 en 2023 y 2.849 en 2022, lo que refleja una tendencia a la baja del 67% en la última década.
El subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera, informó estos datos ante la Comisión de Justicia del Congreso. En su intervención, presentó los informes sobre la concesión y denegación de indultos correspondientes a esos dos años.
En 2023, los 11 indultos se distribuyeron entre nueve hombres y dos mujeres, todos ellos con informes favorables del tribunal sentenciador y de la Fiscalía. Ocho de estos casos correspondían a delitos contra el patrimonio, dos a delitos contra la salud pública, y uno a delitos relacionados con la seguridad vial. En dos de los expedientes, la víctima se opuso al indulto.
En 2022, el Gobierno concedió 16 indultos, de los cuales 11 contaron con el aval del tribunal y la Fiscalía. Cuatro casos fueron respaldados únicamente por el tribunal, y uno solo contó con el apoyo de la Fiscalía. Entre los delitos indultados, hubo uno por falsedad, cuatro por delitos contra la integridad física, cinco contra el patrimonio, uno en el ámbito de las relaciones familiares, tres en materia de salud pública, uno por seguridad vial y otro por revelación de secretos. En tres de estos casos también se registró oposición por parte de la víctima.
En cuanto a los indultos denegados, el Gobierno rechazó 2.394 solicitudes en 2023 y 3.356 en 2022. Según Herrera, en más del 90% de los casos, los informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía fueron contrarios a la concesión. Además, mencionó que la reforma del Código Penal de 2015, que permite la suspensión de las penas en situaciones excepcionales, ha contribuido a la disminución de las solicitudes de indulto.
El subsecretario también destacó que la reducción en las solicitudes de indultos se enmarca dentro de una tendencia sostenida desde hace varios años. Según los datos, en la última década ha habido un descenso acumulado del 67% en las peticiones registradas, lo que refleja, en parte, una mayor efectividad de las reformas legales en materia penal. En este sentido, la reforma del Código Penal de 2015 ha jugado un papel fundamental, al permitir la suspensión de penas en casos donde concurren circunstancias excepcionales, lo que ha disminuido la necesidad de recurrir a la figura del indulto como mecanismo de corrección judicial.
A pesar de la caída en el número de solicitudes, el proceso de evaluación de los indultos sigue siendo riguroso. El subsecretario subrayó que en más del 90% de los casos denegados tanto en 2022 como en 2023, los informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía coincidieron en su postura negativa. Esta circunstancia refleja, según Herrera, el compromiso del Gobierno de actuar con prudencia y seguir las recomendaciones de las instancias judiciales en la concesión o denegación de esta medida de gracia, siempre garantizando el respeto al principio de seguridad jurídica y el adecuado cumplimiento de las penas.