El PP mantiene su `línea Maginot´en torno al Tribunal Constitucional  

Alberto Núñez Feijóo
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo | Fuente: Flickr

La renuncia sorpresiva del magistrado conservador Alfredo Montoya que sufrió un ictus en agosto de 2021 y que no ha participado desde septiembre en las deliberaciones es una nueva pieza movida para irrumpir en el nombramiento de los cuatro magistrados

La “política judicial” de Alberto Nuñez Feijóo es la continuación de la política de Pablo Casado…por otros medios. Y la batalla decisiva que se está librando en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no va de un “bloqueo general” a la renovación del CGPJ. Lo que el PP no quiere es “ceder” su control sobre Tribunal Constitucional. O mejor dicho: el Partido Popular mantiene su resistencia numantina a la renovación de los cuatro magistrados cuyos mandatos de nueve años caducaron el pasado 12 de junio de 2022, los del presidente, Pedro González-Trevijano, y del vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. 

En una conversación con este periódico, el pasado 13 de abril, el nuevo vicesecretario general institucional del PP, de Justicia, a cargo de Justicia, Defensa y Política Constitucional, Esteban González Pons, aseguró, tras la evaporación de su antecesor, Enrique López (su cargo de secretario y administraciones públicas del PP bajo Casado fue suprimido) que “el PP no va a dilatar la renovación del Consejo General del Poder Judicial».

Las elecciones andaluzas, tras las de Castilla y León, según aclaró también el PP, tampoco serían un obstáculo para la renovación una vez que el nuevo equipo de Feijóo tomase conocimiento de la situación. Las andaluzas del 19 de junio luego, en efecto, fueron el pretexto para abrir un nuevo compás de espera en las negociaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y González Pons. Luego la necesidad del PP de contactar a las asociaciones de jueces y el anuncio de que presentaría una propuesta al Gobierno en julio se convirtieron en nuevas razones para dilatar las negociaciones. 

El 12 de junio, según se ha apuntado, vencían los mandatos de cuatro magistrados. Para ello, la norma es que el presidente del TC debía comunicar al Gobierno unos meses antes sobre la necesidad de preparar la sustitución puesto que dos de esos magistrados le correspondía nombrar al Gobierno. 

Pero el presidente Pedro González-Trevijano hizo llegar al Gobierno que solo valdrían los nombramientos de los cuatro caducados. Los sustitutos de González-Trevijano y Antonio Narváez (conservadores) venían de la época de Mariano Rajoy (2013), y correspondía nombrar a los nuevos por Pedro Sánchez; pero los otros dos, Xiol y Martínez-Vares, eran nombramientos del CGPJ (uno progresista y un conservador). Y como una ley del gobierno de 2021 prohibía al CGPJ elegido en diciembre de 2013 y caducado desde diciembre de 2018, hacer nuevos nombramientos, los dos que debía elegir el CGPJ no iban a poder acompañar simultáneamente a los dos que nombrara el Gobierno. Y aunque no hay norma legal que impida nombramientos parciales -todo lo contario, una sentencia del TC de 2016 los autoriza- el presidente González-Trevijano y su presentación mediática frenaron, en medio de la campaña de las elecciones andaluzas, los nombramientos por parte del Gobierno para renovar dos magistrados. Finalmente, Pedro Sánchez sacó adelante una reforma legal, aprobada con el voto despistado de Nuñez Feijóo en el Senado, pero el CGPJ amenaza con no cumplirla y se resiste a nombrar los dos magistrados que ahora sí está en condiciones legales de designar. 

El Gobierno ha anunciado que el 13 de septiembre, si no hay acuerdo para renovar el CGPJ, cumplirá la ley y nombrará a sus dos candidatos. El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha convocado un pleno para debatir la situación el 8 de septiembre, un día después de la ceremonia de apertura que preside Felipe VI y cinco días antes de que el Gobierno nombre a los dos magistrados a lo que está obligado. 

En este contexto, cuando los magistrados ya no reanudarán los trabajos en el TC y preparan sus maletas para salir de vacaciones, reaparece Alfredo Montoya y presenta su renuncia. 

Montoya (Madrid, 1937), catedrático y profesor universitario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, sufrió un ictus en agosto de 2021. Y desde septiembre de dicho año no ha participado en la actividad del Tribunal Constitucional. 

¿Ha habido ahora alguna novedad sobre su estado de salud? 

Fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya aseguran que no se conoce nada nuevo sobre su enfermedad y que desde septiembre de 2021, no ha participado en las deliberaciones del tribunal. 

Existía el consenso, como ha ocurrido en el caso de otros magistrados cuya vacante se produjo por enfermedad en 2020 (Fernando Valdés Dal Ré) o antes, en 2015, a raíz de fallecimiento (Luis Ortega), que, una vez renovado el TC, con nuevas mayorías y minorías y flamante presidencia, se procedería, después del verano, a cubrir esa vacante, que depende de una negociación parlamentaria entre PSOE y PP. ¿Por qué? Porque el sustituto debe ser nombrado por el Senado. 

Pero para ello se requiere un pacto, porque el PSOE tiene mayoría en el Senado. La candidatura de un magistrado de la misma orientación conservadora de Montoya, propuesta por el PP, saldría adelante solamente si el PSOE la respalda. Y ello ha sido sugerido, o asumido, por los socialistas si el PP firma primero la renovación de los cuatro vacantes en el TC y de todo el CGPJ. 

En otros términos: el debate no gira sobre la renovación de cinco magistrados en el TC sino de cuatro. 

La sustitución  de Montoya es una situación sobrevenida. 

Y lo que ha sido un acontecimiento sobrevenido es su renuncia, conocida el pasado miércoles, día 27 de julio. Y la celeridad con que el presidente González-Trevijano la ha tramitado indica que la derecha del TC ha movido pieza en el tablero. 

Al tiempo de aceptar inmediatamente la renuncia el presidente la ha cursado al Senado, se ha remitido al BOE para que se publique y se ha consumado el reparto de las ponencias de Montoya entre los demás magistrados. 

Es decir: la renovación de Montoya, cuando no hay deliberaciones en agosto, y se ignora qué pasará con el Pleno de septiembre, ha sido un movimiento para condicionar, o embarullar, más la cobertura de las cuatro plazas caducadas en el TC. 

Esa plaza de Montoya era la que Lesmes, en lo que se puede considerar un secreto a voces, estaba esperando para entrar en el TC. Porque no dependía de que el CGPJ se renueve o no. 

La operación de Montoya irrumpe cuando Lesmes después de que convocó, según se ha apuntado, un Pleno el 8 de septiembre para debatir el cumplimiento de la obligación del CGPJ, tras la nueva norma que le permite elegir a los dos magistrados para el TC. Es decir, Lesmes se ha dado algo de tiempo, entre el 8 y el 13 de septiembre -cuando el Gobierno ha anunciado el nombramiento de los dos magistrados- para tomar una decisión.

El jueves 8 de septiembre podría tener lugar un primer debate sobre los dos nombramientos y si no hay consenso Lesmes estaría en condiciones de convocar un segundo pleno para el lunes 12, en vísperas del 13, el día de los nombramientos del Gobierno, para encauzar la división dentro del CGPJ.

El PP ha pretendido construir, con la ayuda de los interesados -es decir, el presidente González-Trevijano, que aspira a mantenerse en su cargo durante el mayor tiempo que pueda- una “línea maginot”, una muralla fortificada en el TC, ante una mayoría y presidencia progresista. 

Y si, finalmente, no puede garantizar la defensa integra de esa línea, intenta preparar una salida a modo de mal menor: frustrar que la presidencia sea para el presidente in pectore Cándido Conde-Pumpido. 

¿Quién le teme a Conde-Pumpido?

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