El juicio contra el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por presunto fraude fiscal ha concluido con la Fiscalía manteniendo su solicitud de cuatro años y nueve meses de prisión. Según el fiscal, queda acreditada la defraudación tributaria en los años 2014 y 2015, por lo que se rechaza la defensa del técnico italiano, que argumenta haber estado «mal asesorado» y que los contratos eran «una chapuza».
El fiscal ha asegurado que el uso de sociedades instrumentales en las Islas Vírgenes Británicas para gestionar sus derechos de imagen demuestra «la clarísima existencia de un plan o estructura defraudatoria». Según su alegato, Ancelotti diseñó un esquema para «tributar menos» en España, perjudicando a la Agencia Tributaria. Además, ha criticado que el entrenador no reparara la deuda fiscal cuando fue informado en 2018, esperando hasta 2021 para hacer el pago principal.
La Agencia Tributaria ha cobrado la deuda mediante embargo, alcanzando un total de 1.217.958,24 euros, más un recargo de 243.593,71 euros y 47.298,10 euros en intereses. La Fiscalía exige también dos multas que suman 3.186.237 euros.
El abogado del Estado sostiene que el caso prueba la «absoluta simulación del contrato de derechos a una de las sociedades» con la finalidad de eludir la tributación en España. En contraste, la defensa de Ancelotti ha solicitado su absolución o, en caso de condena, la aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas y reparación del daño. «Ancelotti estuvo mal asesorado. Los contratos fueron una chapuza. Pero ¿qué defraudador presenta dos declaraciones en dos sitios distintos?», ha argumentado su abogado.
Durante el juicio, Ancelotti ha explicado que cuando firmó con el Real Madrid en 2013, acordó cobrar el 15% de su salario a través de derechos de imagen y que el contrato mencionaba una sociedad cesionaria. «Yo nunca he dado importancia a los derechos de imagen. Los entrenadores no son tan importantes, pero sí los jugadores porque venden camisetas», ha declarado.
Para la Fiscalía, a pesar de confirmar su residencia fiscal en España, Ancelotti solo declaró sus ingresos como entrenador, omitiendo los rendimientos por derechos de imagen, que presuntamente cedió ficticiamente a otras entidades.
El escrito de acusación detalla que el contrato con el Real Madrid, firmado en julio de 2013, especificaba tanto su salario como los ingresos derivados de la cesión de sus derechos de imagen. A pesar de cesar su relación con el club en mayo de 2015, la Fiscalía sostiene que España era su principal centro de intereses económicos y personales, lo que lo obligaba a tributar en el país.
Según la Fiscalía, Ancelotti habría utilizado un «complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas» para evitar tributar por los ingresos obtenidos de sus derechos de imagen, tanto del Real Madrid como de otras marcas por su participación en eventos.