El fiscal general se muestra prudente ante la reforma de la sedición porque no conoce «el texto completo»

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Fiscalía General
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, atendiendo a los medios de comunicación. | Fuente: M. Dylan / Europa Press

El fiscal ve «precipitado» hacer «un análisis jurídico de la situación en la que quedan los tipos penales y cómo queda el Código Penal» hasta que el Parlamento no apruebe el cambio de la sedición

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mantenido una postura prudente sobre la modificación el delito de sedición porque «todavía no hay una reforma» ni ha trascendido «un texto completo«. Este jueves se somete a debate en el Congreso de los Diputados en forma de proposición de ley -la cual registran los grupos parlamentarios-, lo cual ha acelerado los trámites para que se apruebe en el menor plazo de tiempo posible si las Cámaras así lo deciden.

«Todavía está en manos del Legislativo. Yo creo que una vez que eso se haya producido tendremos que hacer un análisis jurídico de la situación en la que quedan los tipos penales y cómo queda el Código Penal. Hasta entonces es precipitado hacerlo«, ha reconocido García Ortiz, según ha recogido Europa Press.

La sesión en la Cámara Baja para tomar en consideración la proposición presentada por Unidas Podemos (UP) y el PSOE está prevista para este jueves después de que termine el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. A instancia del PP, todos los diputados deberán votar de viva voz y uno por uno en el hemiciclo.

Recientemente, fuentes jurídicas consultadas por FUENTES INFORMADAS aseguraban que el procedimiento utilizado para tramitar la modificación del Código Penal era «un fraude de ley total y grosero» dado que no se había presentado un proyecto de ley, una iniciativa parlamentaria que parte del Gobierno.

«Las formas y el respeto a la ley: esenciales en un Estado de Derecho»

Esta maniobra del Gobierno, elegir la proposición de ley en vez de un proyecto de ley, ha ahorrado tiempo para que se pueda aprobar cuanto antes. no ha sido preciso pedir informes al Consejo de Estado, el órgano consultivo del Ejecutivo, ni al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«El uso, en este caso de una proposición de ley, por dos grupos parlamentarios, PSOE y UP, con personalidad jurídica propia, y no un proyecto del Gobierno, es inadmisible», denunciaban esas mismas fuentes. De esta forma, apuntaban que «las formas y el respeto a la ley son esenciales en un Estado de Derecho«.

Hace unas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que eliminaría el delito de sedición por el que se condenó a los líderes del procés y lo cambiaría por otro de desórdenes públicos agravados. El actual delito está castigado hoy en día para autoridades públicas con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y del derecho de sufragio pasivo. Con la nueva propuesta, que tiene otra denominación, se pasaría a penas de prisión de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación.

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