El fiscal General del Estado asciende a Dolores Delgado pese al rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal

Delgado era una de las 20 aspirantes a la jefatura de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo en la Sala de lo Militar.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto este jueves ascender a su antecesora, Dolores Delgado, a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera. Delgado, que tras presentar su renuncia como fiscal general en julio por razones de salud debía incorporarse a su destino de fiscal en la Audiencia Nacional, era una de las 20 aspirantes a la jefatura de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo (en la Sala de lo Militar), según informa el diario El País.

La propuesta de nombramiento la ha hecho García Ortiz con el voto en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, su principal órgano asesor: los seis miembros de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) han rechazado respaldar a Delgado, que sí ha contado con el apoyo de los dos consejeros de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF); de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, de la inspectora Jefe, María Antonia Sanz, y del fiscal general.

El vocal de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, se ha abstenido en la votación porque su mujer, la fiscal anticorrupción María Teresa Gálvez, también aspiraba a ella.

El voto del Consejo Fiscal no es vinculante y el fiscal general ha defendido el ascenso de su antecesora. García Ortiz ha optado también por no renovar al teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, de la AF, también con la oposición de la mayoría del Consejo. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sí ha sido propuesto para seguir en su cargo.

El ascenso de Delgado era, para los fiscales conservadores, la primera prueba de fuego que tenía García Ortiz, y llega después de que el PSOE retirara en junio pasado una iniciativa parlamentaria que blindaba el ascenso de la fiscal general a la máxima categoría de la carrera cuando cesara en su puesto.

La iniciativa levantó gran polvareda tanto por su contenido como por la forma, ya que el PSOE la incluyó a través de una enmienda en la tramitación de la ley concursal, una norma que regula los procesos de quiebra de las empresas y que no guarda ninguna relación con el funcionamiento del Ministerio Público.