El fiscal ‘cierra’ Kitchen con Rajoy en el punto de mira: «No se buscaba dinero sino boicotear a la justicia y proteger al PP y a sus máximos dirigentes»

La versión testifical del expresidente del Gobierno ante el tribunal, que respaldó las coartadas de la presunta organización criminal, fue desmontada frontalmente por el fiscal César de Rivas

El fiscal remató sus conclusiones en el juicio del caso Kitchen con un ataque directo a los argumentos de los acusados. Esto, que sería normal, asume un rasgo propio y diferencial en esta causa: también ha destruido la versión de uno de los principales apoyos de ‘su’ ministro del Interior, ‘su’ secretario de Estado de Seguridad y ‘sus’ comisarios principales. Nos referimos al presidente del Gobierno de la época, Mariano Rajoy.

Es excepcional que un tribunal pueda oír una declaración testifical del presidente del Gobierno —el 23 de abril— y otra de la secretaria general del Partido Popular y ministra, María Dolores de Cospedal, para evocarlas posteriormente a la luz de lo sucedido en el plenario.

Mientras Rajoy nunca fue objeto de investigación en esta causa —pese al escrito de los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, donde se apuntaban las relaciones del comisario José Manuel Villarejo con los teléfonos de ‘El Asturiano’ o ‘El Barbas’, los motes que los miembros de la banda de comisarios utilizaban para referirse a Rajoy—, María Dolores de Cospedal estuvo imputada durante un breve periodo. Aquello fue, sin embargo, poco más que un ardid de cara a la galería —aparentar una investigación— para poder desimputarla con la máxima celeridad, como finalmente ocurrió.

El juez instructor, Manuel García-Castellón, decretó sobre sus múltiples reuniones y conversaciones con Villarejo: «No se puede criminalizar el derecho de reunión».

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y los magistrados Javier Mariano Ballesteros y Francisca Ramis han podido escuchar, entre las declaraciones testificales más escandalosas, la del director general de la Policía en el momento de los hechos, Ignacio Cosidó —a quien García-Castellón protegió al denegar la petición de los fiscales, que solicitaron su imputación— y, por supuesto, la del expresidente Rajoy.

La prueba más evidente de que existió una investigación irregular es que los superiores de Cosidó —el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado, Francisco Martínez— se sentaran en el banquillo de los acusados.

Pero es que todos sus subordinados —su número dos, Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO); los comisarios estrella José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, José Luis Olivera y Andrés Gómez Gordo; y los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano— también fueron acusados.

Cómo se salvó Cosidó debe de ser uno de los misterios que la jueza Teresa Palacios y los otros dos magistrados se habrán planteado.

Lo mismo cabe decir de Cospedal, tras haber escuchado algunos de los audios —no todos ni los más incriminatorios— de las conversaciones de la entonces secretaria general del PP y ministra con Villarejo.

Y, por fin, Mariano Rajoy. El expresidente cometió un error cuando podía haberse callado.

Fue al responder al abogado Pedro Colina, defensor de Francisco Martínez. El expresidente explicó: «En todo este tema [Kitchen] no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial porque su objetivo fundamental era el que debía haber sido siempre: recuperar el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero eso es una operación policial y, como usted comprenderá, ni el ministro [del Interior, Fernández Díaz], ni el secretario de Estado [de Seguridad, Martínez], ni el presidente del Gobierno [Rajoy] están en las operaciones policiales. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad».

Rajoy insistió posteriormente en esa versión, al responder a Antonio García Cabrera.

Es decir, se había preparado —o entrenado— para sostener esa versión en el plenario.

¿Por qué tuvo el expresidente que entrar en ese nivel de detalle, arriesgándose a meter la pata?

No es difícil entenderlo. Quiso echar una mano a sus dos colaboradores. Llevaban tiempo pidiéndoselo.

Y, sobre todo, pretendía aquietar a Francisco Martínez, quien durante la instrucción se apartó de la línea oficial y reconoció en los medios de comunicación que estaba teniendo que cargar con Kitchen, una operación que, según afirmó, le había sido ordenada desde arriba.

Ahí están los whatsapps protocolizados que incriminan a su superior, Fernández Díaz. Ahí está el duro careo entre ambos.

Por ello resulta significativo que el fiscal De Rivas atacara los puntos centrales de la versión con la que Rajoy se había solidarizado y que pretendió presentar ante los miembros del tribunal, cuando estaba obligado a decir verdad.

El fiscal lo resumió así: los acusados sabían que estaban cometiendo acciones ilegales; no buscaban el dinero ocultado por Bárcenas —los 48,2 millones de euros fueron localizados por las autoridades suizas y comunicados a España a finales de 2012 y principios de 2013, cuando Rajoy llevaba un año en el Gobierno—; obstaculizaban la acción de la justicia y pretendían hallar pruebas comprometedoras para el PP y sus máximos dirigentes. 

Es decir, para Rajoy.