El Constitucional admite los recursos de seis comunidades contra la acogida de niños migrantes

17 de julio de 2025
1 minuto de lectura
Uno de los migrantes rescatados tras volcar un cayuco en el Puerto de la Restinga, en El Hierro. | Fuente: EP

La medida busca aliviar la saturación en los centros canarios y garantizar una atención adecuada a los menores

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por seis comunidades autónomas contra el reparto de menores migrantes, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las comunidades que han interpuesto los recursos son Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y Castilla y León, todas gobernadas por el Partido Popular, además de Castilla-La Mancha, cuyo gobierno está en manos del socialista Emiliano García-Page.

Los recursos cuestionan la constitucionalidad del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones migratorias extraordinarias. En el caso concreto de Baleares y Castilla-La Mancha, también se ha recurrido el acuerdo del Congreso de los Diputados que convalidó dicho decreto el pasado 10 de abril.

Este Real Decreto-ley fue aprobado por el Gobierno el 18 de marzo, con los votos en contra del Partido Popular y Vox, tras varios meses de negociaciones con las comunidades autónomas. La normativa obliga a todas las comunidades a acoger de forma solidaria a los menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran hacinados en centros de acogida en Canarias.

Saturación en centros

El Gobierno ha defendido que la medida busca aliviar la saturación en los centros canarios y garantizar una atención adecuada a los menores, apelando a la corresponsabilidad entre territorios. Aunque el Ejecutivo tiene previsto iniciar los traslados este verano, aún no se ha establecido una fecha concreta.

Desde las comunidades que han recurrido la medida, se critica que el decreto impone competencias sin el debido consenso y consideran que vulnera la autonomía regional en la gestión de servicios sociales. Además, señalan que el sistema actual no garantiza ni los recursos suficientes ni las condiciones adecuadas para la acogida.

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