Hoy: 28 de noviembre de 2024
Los veintisiete países miembros de la Unión Europea han adoptado una posición unánime en la lucha contra el trabajo forzoso. El Consejo formalizó su respaldo a la prohibición de productos fabricados con mano de obra forzosa en el mercado continental.
El mandato del Consejo aclara el ámbito de aplicación del reglamento, incorporando productos ofrecidos para la venta a distancia. Además, contempla la creación de un portal único sobre trabajo forzoso, adaptando las medidas propuestas tanto a las normas internacionales como a la legislación de la UE.
Pierre-Yves Dermagne, viceprimer ministro y ministro de Economía y Empleo de Bélgica, país que preside el Consejo, expresó su consternación ante la persistencia de la esclavitud y el trabajo forzoso en pleno siglo XXI. Destacó la importancia de romper el modelo de negocio de empresas que explotan a los trabajadores y subrayó que este reglamento es un paso fundamental para lograrlo.
Según la propuesta de la Comisión Europea, se prohíbe la comercialización en la región de productos elaborados con trabajo forzoso, siguiendo la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Las autoridades competentes evaluarán los riesgos basándose en diversas fuentes, y en caso de indicios razonables de trabajo forzoso, iniciarán investigaciones con la posibilidad de retirar el producto, prohibir su comercialización y exportación.
La regulación también abarca a las pequeñas y medianas empresas, aunque se considerará su tamaño y recursos económicos antes de iniciar investigaciones formales. Además, se prevén herramientas de apoyo específicas para estas empresas.
El mandato de negociación del Consejo incluye la creación de una Red Sindical contra los Productos del Trabajo Forzoso, coordinando medidas entre autoridades competentes y la Comisión. También se propone un portal único que facilite información y herramientas sobre trabajo forzoso.
Este mandato formaliza la posición negociadora del Consejo para iniciar conversaciones con el Parlamento Europeo, que adoptó su posición el 8 de noviembre de 2023. La medida busca asegurar que los productos en el Mercado Único de la UE, independientemente de su origen, no hayan sido producidos mediante trabajo forzoso.