El Congreso de los Diputados abre su periodo de inactividad, típico durante el verano tras el fin del curso político. Después se reanude la actividad parlamentaria, quedan pendientes de aprobar decenas de leyes algunas desde hace más de un año. Algún ejemplo de las normas que se impulsarán en otoño es la Ley de Vivienda, de la cual no ha trascendido en detalle su contenido ante el disenso entre el PSOE y Unidas Podemos, aunque la nueva temporada debería abrirse con la habitual presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
De momento diputados y senadores cogen aire después de que las sesiones plenarias de julio hayan finalizado con varios proyectos de ley, a iniciativa del Gobierno, que tendrán que ser refrendados de nuevo en el Congreso, debido a las enmiendas introducidas en la Cámara Alta. Entre ellos, la polémica Ley del “Sí es Sí” o la nueva Ley de Ciencia, que costó tramitar en el Congreso y cuyo texto vuelve ahora retocado por el Senado.
Así, tras promulgar desde enero más de una veintena de leyes, entre las que destacan la reforma laboral, la ley audiovisual, la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la ley de planes y fondos de pensiones o la ley de residuos y de convivencia universitaria, aún quedan pendiente legislar sobre la prostitución, el aborto o sobre los nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las eléctricas.
Nuevos impuestos anunciados en el debate de la nación
En este sentido los nuevos impuestos que serán tramitados en sendas proposiciones de ley las cuales tendrían luz verde antes de que acabe el año. Por ese motivo, presumiblemente, se convocará un pleno extraordinario a finales de agosto para agilizar su tramitación.
Tras el debate sobre el estado de la nación, que puso el broche a la actividad parlamentaria del primer semestre, el Gobierno debe presentar cuanto antes estos nuevos tributos que gravarán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y a la banca, cuyos costes, según anunció el presidente Pedro Sánchez anunció este sábado en el comité federal, no se repercutirán en los consumidores. “El Gobierno va a prohibir que las empresas carguen a los consumidores la subida de los impuestos”, sentenció Sánchez.
De enero a julio, las Cortes Generales han aprobado cerca de 12 reales decretos leyes, en su mayoría para contener las consecuencias de la crisis económica y energética que ha provocado la pandemia y después la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, también ha impuesto medidas urgentes para la recuperación económica y social de la isla de la Palma o para proteger a los autónomos.
Los últimos decretos han sido destinados a frenar los elevados precios de la electricidad y el gas con el fin de hacer frente el alza de los precios, -la inflación se ha disparado a más del 10%- aunque los partidos ya reclaman más medidas económicas con vistas al otoño. La derecha emplaza a realizar rebajas fiscales mientras que las formaciones de izquierdas piden proteger las familias vulnerables y a los trabajadores.
A poco más de un año de que se celebren las próximas elecciones generales el Ejecutivo iniciará el curso político con Patxi López como nuevo portavoz del grupo parlamentario socialista, que deberá demostrar su talante negociador para sacar adelante varios debates parlamentarios y leyes. Y no sólo con la oposición sino también con los partidos qel bloque de investidura, que previsiblemente tomarán posiciones, a pesar de encontrarse satisfechos por el giro a la izquierda del Gobierno en el debate de la nación.
A la dificultad que supondría pactar unos nuevos presupuestos para 2023 se añade la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años y medio caducado, o nuevas normas que prohíban la prostitución o la que regulen el aborto, a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley auspiciada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que lleva 10 años de demora. Leyes que, en algunos casos, confrontan al PSOE de Unidas Podemos y de sus socios parlamentarios.
Y del Senado llegará en septiembre la nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo pacto con Bildu ha suscitado tiranteces incluso dentro de las grupo socialista.
La reforma de los autónomos que se tramitará como proyecto de ley, las enmiendas que ha introducido el Senado a la nueva ley de Ciencia o a la ley Concursal así como el cambio en una vocal en una frase del preámbulo de la nueva ley del “sí es sí” también deberán votarse en los primeros plenos.
El Ejecutivo además tiene la pretensión de aprobar en esta legislatura la nueva ley de seguridad ciudadana, una nueva ley de secretos oficiales y otra para reformar la Ley Orgánica del Control Judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), después del caso Pegasus que espió presuntamente de forma ilegal a algunos líderes independentistas. Aunque luego el Gobierno reveló que también habían sido infectados los dispositivos del presidente del Gobierno y de algunos ministros.
Otra ley que está por finalizar su tramitación en la Cámara Alta es la norma que deroga el voto rogado y facilita el voto de los españoles residentes en el extranjero. Por su parte, el Congreso sigue esperando la tramitación de la Ley Trans.
En plazos de enmiendas
También se siguen ampliando los plazos de presentación de enmiendas a proyectos de ley como el que pide reformar el artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuido”, por su connotación peyorativa.
El Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Seguridad Nacional, el que introduce cambios en diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud o el que rige el Sistema Universitario, permanecen en cartera.
Las iniciativas con más prórrogas en sus plazos de enmiendas son la Proposición de Ley sobre Bebés robados en España, la que pide sancionar la morosidad empresarial o la que afecta a la reforma del Código penal para la protección de la libertad de expresión. Sendas tramitaciones comenzaron hace ya dos años, en 2020.
Finalmente, la iniciativa de Unidas Podemos sobre salud mental, o la de Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también siguen en el tintero.