El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles, con 183 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones, votar el próximo jueves 14 de julio la reforma de la Ley del Poder Judicial con “carácter de urgencia” y mediante el procedimiento de lectura única.
Esta reforma afectaría al artículo 570 bis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el cual, durante el vacío provocado por la designación de nuevos vocales, el CGPJ limitará sus funciones a tan solo quince atribuciones que, en su mayoría, engloban aspectos elementales, como la participación en la selección de jueces y magistrados, la publicación de sentencias o la potestad reglamentaria en ciertos ámbitos.
La votación se ha producido en un ambiente caldeado por el término del debate sobre el estado de la nación. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, se ha pronunciado sobre esta decisión, proclamando que “Montesquieu y el procedimiento legislativo han muerto”, en referencia a la vulneración de la separación de poderes. Ha acusado al Ejecutivo de “poner trampas” a través de decretos leyes y proposiciones de ley, que, en definitiva, “cercenan los derechos de los diputados”.
El vicepresidente de la formación naranja ha citado el reglamento del Congreso para subrayar los “intereses de Pedro Sánchez” con respecto al Tribunal Constitucional. “Esto es una auténtica cacicada“, ha sentenciado. “Algo totalmente ilegitimo, francamente antijurídico y absolutamente antidemocrático”. Ha concluido su intervención acusando al hemiciclo de “plegarse a las exigencias del Ejecutivo”.
Posteriormente ha comparecido el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. “Evidentemente, rechazamos el proyecto y su tramitación”, ha comenzado. “Esta urgencia podría calificarse de absoluta premeditación, alevosía y nocturnidad. Ustedes lo que quieren es que pase rápido esta vergüenza para la democracia y para la independencia judicial”. En esta misma línea, el popular, José Antonio Bermúdez de Castro ha afirmado que la bancada socialista está “inmersa en una huida hacia adelante donde supedita todo al mantenimiento del poder” y tiene una forma de gobernar “ajena a la realidad”.
La votación definitiva tendrá lugar el próximo jueves 14 de julio, tras el dictamen del proyecto de Ley de Memoria Democrática.