Hoy: 8 de septiembre de 2024
El Tribunal Supremo ha rechazado, por ahora, derribar el hotel de la playa del Algarrobico, en Carboneras (Almería). El alto tribunal ha desestimado así el recurso de Greenpeace con el que aspiraba a la nulidad de la licencia del hotel y a su demolición inmediata.
La sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016, confirma que el hotel se construyó ilegalmente en pleno parque natural ante la pasividad de las administraciones responsables. Pero el Ayuntamiento de Carboneras presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Este recurso fue estimado parcialmente por el Tribunal, en lo relativo a obligar al Consistorio a revisar de oficio la licencia de obras, aunque no en lo relativo al expediente de demolición y derribo del inmueble.
La organización ecologista Greenpeace, muy comprometida en denunciar las obras de construcción del hotel, por sus daños en el ecosistema costero, presentó un recurso frente a la desestimación del Ayuntamiento con el objeto de que figurase en el plan general de ordenación urbana como suelo no urbanizable, lo que supondría la anulación de la licencia de obras y la apertura de un expediente de demolición. Sin embargo la ultima decisión del Tribunal Supremo, ordena al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia de obras, antes de decidir el derribo del inmueble.
En la actualidad, a pesar de los compromisos electorales sobre su inmediato derribo en marzo de 2008 y las promesas de ministros de Medio Ambiente y presidentes andaluces, el hotel sigue en pie. En los más de 8.000 km de costa española son numerosos los casos de destrucción. El hotel ilegal de la playa de El Algarrobico es uno de los mayores escándalos urbanísticos del litoral. El macro hotel dispone de 21 plantas, 411 habitaciones, esta a 14 metros de la playa y tiene 20 sentencias en su contra.
Las distintas administraciones implicadas y, especialmente el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía, han permitido que este monstruoso hotel se construyera sobre uno de los escasos espacios sin urbanizar de la costa mediterránea occidental: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
A pesar de la resolución del Alto Tribunal de revisar, tra vez, la licencia de obras, la Junta de Andalucía ha vuelto a consignar en los presupuestos de este año 1,1 millones de euros para sufragar los gastos de su demolición.