El hombre admite haber atacado a la víctima y se enfrenta a una condena de hasta 17 años de prisión por tentativa de homicidio
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha celebrado este jueves el juicio contra un hombre acusado de tentativa de asesinato, con las agravantes de violencia de género y parentesco, por presuntamente haber acuchillado a su expareja.
Durante la vista, el encausado ha reconocido ante el tribunal que agredió con un cuchillo de cocina a la víctima, aunque alegó que el ataque se produjo después de haber consumido “dos vasos de whisky” y en “un momento de rabia” del que ha dicho arrepentirse.
También ha asegurado durante la vista oral que no tenía intención de matar a su expareja y ha explicado que él mismo alertó al 112 para entregarse tras el ataque, de manera que permitió su detención en la playa fluvial del río Lérez, minutos más tarde, por una patrulla de la Policía Nacional.
Entre sollozos este hombre ha dicho estar arrepentido. “Quiero pedir perdón por lo que hice”, ha afirmado el acusado.
Estos hechos se produjeron en abril del año 2023 en un piso del barrio de Monte Porreiro donde ambos residían a pesar de haber puesto fin a su relación sentimental tres meses antes.
Oculta detrás de un biombo para evitar el contacto visual con el acusado declaró a continuación la víctima, que relató con detalle cómo su ex pareja la siguió por una habitación con un cuchillo oculto en la espalda hasta que la atacó repetidamente.
Esta agresión se produjo, según ha explicado, después de que ella le preguntase cuándo iba a abandonar el domicilio y él le pidiera un “último abrazo”, al que ella se negó. Logró escapar gracias a la intervención de los vecinos, alertados por sus gritos de auxilio.
17 años de prisión
La Fiscalía pide penas que suman 17 años de prisión para este hombre por el delito de asesinato en grado de tentativa, con las agravantes de género y parentesco, un delito de acoso sobre la mujer y un delito leve de hurto por la desaparición de 350 euros de la víctima tras la agresión.
El Ministerio Público también solicita para el procesado la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 23 años, y que el cumplimiento de esa medida se controle mediante un dispositivo telemático.
También reclama la medida de 10 años de libertad vigilada, y la prohibición para tener o portar armas durante 2 años.
Igualmente, solicita que pague una indemnización de 37.350 euros a la víctima, por los daños físicos y morales; y una compensación de 1.140,57 euros al Sergas por la atención médica a la mujer.