Dos años del ‘caso Neurona’: las 11 causas judiciales que han sacudido a Podemos

El juzgado 42 de Madrid solo mantiene abierta una de las líneas que en 2019 desgranó en su testimonio el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente

La telaraña que durante dos años ha atenazado a Podemos parece vislumbrar un final próximo. Todo comenzó a finales de 2019, cuando el abogado, José Manuel Calvente, fue relevado de sus funciones como coordinador del equipo jurídico de la formación morada. Si bien las causas de su despido no trascendieron, en mayo de ese mismo año se reveló que otra letrada del partido, Marta Flor, había interpuesto una denuncia contra él por un supuesto delito de acoso sexual.

La víctima argumentaba que su presunto agresor le pedía “favores sexuales” a través de diversas aplicaciones de mensajería. El juez dictaminó que dichas acusaciones no estaban acreditadas y el abogado fue finalmente absuelto.

Calvente decidió contraatacar. En julio de 2020, acudió personalmente al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid y testificó durante tres horas delante del juez Juan José Escalonilla, quien, a pesar de reconocer que las declaraciones del letrado eran “confusas”, terminó imputando a varios miembros de la cúpula de Podemos y estudiando una batería de delitos, entre los que se encontraban malversación y administración desleal.

Calvente desgranó hasta 11 presuntos casos, nueve de los cuales ya han sido archivados. El primero de ellos recaía sobre la consultora portuguesa ABD Europa, una promotora de marketing para empresas a la que se acusaba de haber simulado varios contratos, es decir, que ambas partes habrían firmado un documento con el deseo expreso de hacerlo pasar por real. El juez decidió archivar la causa, dado que el Tribunal de Cuentas no había detectado irregularidades en los gastos y que, por ese mismo motivo, “no ha lugar” a abrir una investigación sobre la consultora.

La segunda causa se basaba en el presupuesto destinado a la remodelación de la sede de Podemos en el barrio madrileño de Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal). Calvente cifraba la cantidad concebida para las obras en 600.000 euros, una suma, a su juicio, exorbitada, que se habría empleado para beneficiar a otras empresas o particulares. El juez afirmó que dicha cantidad “no se ajustaba” a la realidad de mercado y que “no existía desviación de fondos”, aunque sí reprende a los morados por “no licitar” la reforma, que debería haberse sometido a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia. “Aunque ello no es constitutivo de delito”, recordó.

La tercera señala la existencia de una caja de solidaridad vinculada a los morados. Los medios contribuyeron a esparcir el rumor de que se trataba de una caja B a través de la cual el partido ingresaba fondos que alimentaban su presunta financiación ilegal. La empresa detrás de la mencionada caja de solidaridad era la asociación #404 Comunicación Popular, una fundación orientada a la visibilización social y la lucha por los derechos de ciertos colectivos.

Las alarmas se dispararon cuando se destapó que a los mandos de la empresa se encontraban varios miembros de Podemos. Sin embargo, el juez Escalonilla determinó que los múltiples cargos que había recibido la entidad -algunos por valor superior a 30.000 euros- “no incurren en ningún delito” y añadía que, si bien era evidente la presencia de diputados de la formación morada en la empresa, “ninguno de ellos ostenta cargo orgánico ni función directiva en el partido”.

De forma similar, Calvente también advirtió de un posible desvío de fondos que Podemos destinaba al Proyecto Impulsa, una iniciativa auspiciada dese el propio seno del partido que operaba como una promotora de viviendas solidaria. De nuevo, Escalonilla aseveró no haber apreciado “irregularidades en los donativos” concedidos a la empresa.

Asimismo, también se acusó a la formación que actualmente lidera Ione Belarra de sustentar económicamente las arcas de Instituto 25M, una asociación creada por el partido y dirigida por Juan Carlos Monedero para fomentar “la enseñanza inclusiva” y la “liberación de los oprimidos”. Calvente sostenía la existencia de un cargo por valor de 300.000 euros realizado por la abogada Mónica Carmona desde la sede de la formación a la Escuela Popular Paulo Freire, un centro educativo que colabora con Podemos. De nuevo, Escalonilla adujo que no se había aportado “el más mínimo indicio que corrobore los hechos”.

La sexta acusación implicó de nuevo a Marta Flor. Calvente aseguró que varios peces gordos de Podemos habrían espiado el ordenador de la letrada en busca de información que pudiera comprometer al partido y, para evitar levantar sospechas, habrían contratado a una empresa encargada de clonar el disco duro del sistema. Esta acción sería una prueba flagrante de un presunto delito de revelación de secretos. Sin embargo, la “falta indiciaria clara” permitió a Escalonilla guardar el caso en el cajón en apenas dos meses.

La séptima estaba relacionada con unos supuestos sobresueldos que habrían percibido varios miembros de la formación sin el consenso de la dirección. El juez dictaminó que estos complementos adicionales también fueron aprobados por otros diputados “siempre con el visto bueno del consejo” y que, lejos de tratarse de decisiones “unilaterales”, fueron “aprobadas en las respectivas áreas”. Asimismo, la octava se dirigía directamente a Pablo Iglesias, quien se habría beneficiado de las costas procesales ligadas a otros delitos de su partido. Escalonilla también dio carpetazo a este caso por “ausencia de acreditación”.

El ‘caso Niñera’: el último en archivarse

La novena acusación se inspira en la presunta utilización por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de una niñera que cuidara a sus hijos durante sus meses de maternidad. Calvente señaló como culpables a la diputada del Congreso por Podemos, Teresa Arévalo, y a la empleada de Prensa, Gara Santana, quienes habrían violado el reglamento del Congreso de los Diputados en lo concerniente a la incompatibilidad del cargo de diputado con el de cualquier otro oficio.

El pasado 29 de julio, Escalonilla optó por archivar el caso y disipar la polémica al sentenciar que “no sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo Caravallo o Gara Dolores Santana Suárez se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público”.

El ‘caso Neurona’ y la financiación ilegal: los cabos sueltos

El ‘caso Neurona’ es el único que aún permanece sobre la mesa a la espera de que el juez emita un veredicto. De cara a las elecciones generales de abril de 2019, Podemos contrató los servicios de la consultora Neurona Consulting, una empresa que, como ABD Europa, ofrece servicios de asesoría empresarial y de marketing.

Los morados suscribieron un contrato con la entidad de 363.000 euros, supuestamente destinados a respaldar económicamente la inminente campaña electoral. Escalonilla creyó entonces haber hallado “indicios racionales” de que el acuerdo rubricado por las dos partes se trataba de un contrato simulado de naturaleza similar al firmado con la consultora anterior. Sin embargo, ante las pruebas presentadas por varios miembros del partido, el juez claudicó y consideró “indiciariamente acreditado” el préstamo de parte de los servicios para los que inicialmente fue contratada.

No obstante, no cerró el caso por sospechar que, ante la “falta de medios” de los morados en determinados momentos de la campaña, Neurona habría asumido ciertas responsabilidades que no le concernían, como la “cobertura de actos”.

Tal y como explica el juez , puede incurrirse en un delito electoral “cuando se utilizan fondos electorales para pagar un gasto electoral por un precio mayor a su coste real”. Para indagar sobre esta cuestión, Escalonilla ordenó un peritaje con el fin de conocer el valor exacto de dichos fondos. El juzgado ha encomendado la tarea a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, quien ha admitido que no cuenta con “especialidades o subespecialidades con conocimientos” para llevar a cabo la investigación, por lo que el estudio del delito se encuentra actualmente congelado.

Asimismo, también permanecen abiertas las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, que habría obtenido fondos del régimen de Hugo Chaves en Venezuela. Todo comenzó  cuando Okdiario publicó un documento, el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que defendía que que existieron presuntas irregularidades financieras durante la fundación del partido morado, todas ellas vinculadas a la dictadura chavista.

El pasado 28 de julio, el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia nacional anunció la apertura de una causa contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, a quien se acusaba de haber efectuado transacciones ilegales a través de un sistema triangular de cuentas bancarias, a saber: Viu Europa S.L., el Banco del Alba y la Caja de Residencia Motiva 2 producciones S.L. La última correspondía a una entidad vinculada al propio Monedero. Las dos primeras, a Ernesto Heleodoro Velasco y a Ramón Gordils, respectivamente, ambos representantes de la República Bolivariana de Venezuela.

Gracias a un sistema de movimientos ideado por las tres empresas, el ex secretario de Podemos habría logrado ingresar hasta 425.000 euros que, una vez en España, repartió entre sus 92 cuentas bancarias. Esta cantidad habría ido destinada a la financiación del partido morado durante 2014, el año de su fundación, cuando aún contaba con un menor apoyo pecuniario.