Dolores Delgado y sus circunstancias 

La renuncia de la fiscal general del Estado por razones de salud es un movimiento en el tablero de ajedrez en el que hay piezas claves como la del empresario Ángel Pérez Maura y la “rentabilidad” del Gobierno, que se aseguran, en lo inmediato la renovación del Poder Judicial.

La decisión del cambio de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Lola Delgado así como su relevo en la persona de Álvaro García, fiscal jefe de la secretaría técnica de la FGE, se fraguó hace más de un mes. También su futuro -tras una próxima intervención quirúrgica y su recuperación- vía su nombramiento como fiscal de Sala del Tribunal Supremo -categoría por la que ha trabajado, sin éxito, tanto cuando fue ministra de Justicia como desde la FGE- en un órgano de nueva creación, la Fiscalía de Memoria Democrática. 

El pasado martes 19 de julio, tras anunciarse su dimisión, Dolores Delgado concedió una entrevista al periodista José Manuel Romero, subdirector del diario El País, quien le preguntó: 

-Hay quien dice que usted ha dimitido ahora para que la puedan nombrar fiscal de sala de la Fiscalía de Memoria Democrática. 

–Lo he hecho porque mi cuerpo está roto. Y si tengo que esperar a que nadie diga nada, nunca encontraría tiempo ni el momento. 

Ergo: no ha contestado. Y no lo ha hecho porque a la tercera irá vencida. Las dos primeras tentativas de reforma legal para que tras su cese los fiscales generales del Estado asciendan automáticamente a la categoría más elevada -fiscal de Sala del Tribunal Supremo- fracasaron. Solo queda pues que se haga cargo de una fiscalía que requiera ser dirigida por un fiscal de Sala. Y la Fiscalía de Memoria Democrática, después de aprobada la ley, viene en camino, en los próximos meses, siendo uno de los temas que más interesan a la fiscal Delgado. 

Pero el horizonte próximo no explica por qué Dolores Delgado ha dado el paso al costado, facilitado por su capacidad para nombrar -prácticamente se puede decir así, nombrar- a su sucesor, el fiscal jefe de la secretaría técnica de la FGE Álvaro García, su “alter ego” que ha llevado las riendas de la FGE en el día a día durante los dos años y cinco meses de la gestión de Delgado. 

La renovación del CGPJ y del Constitucional

Las piezas en el tablero fueron colocándose de manera consecutiva. La primera estaba ya situada desde hace largo tiempo: la exigencia del Partido Popular de dimisión de Dolores Delgado para acordar la renovación del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero la “rentabilidad” cierta de la dimisión para pavimentar el terreno hacia ese pacto no explica la razón o los motivos de fondo. Hay un fondo y varias derivadas. El pacto Gobierno-PP sobre el CGPJ y la renovación del Tribunal Constitucional, es una de las derivadas. 

En un relato que tiene interés, el periodista Miguel Hernández apunta en el diario digital Fuentes Informadas “la hipótesis de que Delgado solo tenía la opción de renunciar para que no le ‘apretaran’ judicialmente con el ‘caso Villarejo’ y desterrar las dudas acerca de su implicación en una de las piezas de esta causa judicial”. 

Cualquiera sea la evolución de ese procedimiento, la pieza cuatro, que implica a Villarejo y al empresario naviero Ángel Pérez Maura, y en la que aparecen en audios referencias a Delgado y a su actual pareja, Baltasar Garzón, lo mejor es que coja a Delgado fuera de la FGE. En esa pieza se investigan posibles ilícitos en relación con la extradición -desde la Audiencia Nacional- de un exfuncionario del gobierno de Guatemala que, a su vez, era cliente del llamado bufete Ilocad Baltasar Garzón Abogados. 

Fuentes fiscales consultadas señalan sobre esos audios que Dolores Delgado, ya desde el Ministerio de Justicia, reprochó a la Fiscalía Anticorrupción por el hecho de que los fiscales del caso Tándem-Villarejo -Miguel Serrano e Ignacio Stampa- no la considerasen “perjudicada”. 

Y mira por dónde, el pasado 15 de julio, el juez a cargo de las casi treinta piezas del caso Tándem-Villarejo, dictó un auto en el que se prorrogaron las diligencias de investigación por otros seis meses de la pieza número 4 o ‘Pit’. 

Pero, atención, después de enumerar las diligencias propuestas por la Fiscalía Anticorrupción, como cosa suya, de oficio, sin que nadie lo solicitase, Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ofrece a Dolores Delgado personarse en la pieza de Pérez Maura como “perjudicada”.

“Además de estas diligencias interesadas por el fiscal [referidas a prorrogar la pieza por otros seis meses] revisadas las actuaciones, este magistrado entiende que de los audios transcritos aparecen referencias explícitas por parte del señor Villarejo a una posible participación en los hechos investigados en esta pieza [‘Pit’] de Doña Dolores Delgado, quien hoy ostenta el cargo de Fiscal General del Estado y que en aquel momento era fiscal de la Audiencia Nacional, que podrían ser constitutivos de un delito contra el honor al tratarse de manifestaciones que, por estar vinculadas al ejercicio de su cargo, podrían ser susceptibles de encajar en el tipo del artículo 215.1 del Código Penal [delito de calumnias e injurias]”.

Y añade: “Examinadas las actuaciones se ha podido constatar por este instructor que no se realizó en su momento el oportuno ofrecimiento de acciones a la persona perjudicada a la persona referida en el párrafo anterior por lo que debe procederse a la citación de doña Dolores Delgado en tal condición”. 

¿Puede el juez García Castellón haber dictado este auto que prorroga las diligencias tal como solicitaba la Fiscalía y otras partes, sin consultar en particular, según deja constancia, a los fiscales sobre la oferta de personación a Dolores Delgado? 

Una cosa es que no deje huella en el auto de dicha consulta, pero otra es que no se haya hecho. Porque el juez está diciendo que había que considerar “perjudicada” a Dolores Delgado y ofrecerle acciones “en su momento oportuno”. Y que no se hizo.

“El juez consultó con el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción Alejandro Luzón un asunto de tanta relevancia ya que como dice el auto ‘en su momento’ los fiscales -Miguel Serrano e Ignacio Stampa- no consideraron a Delgado perjudicada y decidieron que solo después de profundizar la investigación de esta pieza se adoptarían las medidas con conocimiento de causa. Que este viraje lo haga de oficio tres años después, destacando en primera persona lo que hace, un juez que suele consultarlo casi todo con los fiscales, no es creíble”, señala a El Periódico de Catalunya una fuente que conoce muy de cerca a García Castellón, a Luzón y a Delgado.

“Es más, Delgado debía saber perfectamente de que esta resolución estaba por caer”, añade la fuente, quien remata: “Ella le dio luz verde directa o indirectamente al igual que Luzón”.

El auto de junio de 2019

Luzón, empero, mantenía que Dolores Delgado, no tenía relación con estas diligencias de investigación. 

En la reunión que celebró el Consejo Fiscal el 27 de noviembre de 2021 (en la que se trató el caso Stampa o las maniobras inconfesables de la FGE y del fiscal jefe de la secretaría técnica para quitar de la causa al fiscal que había iniciado las actuaciones en 2017), según el acta al que ha tenido acceso este periódico, la entonces “fiscal general del Estado pregunta a Luzón si en esa causa [‘Tándem’] y pieza [número 4 o ‘Pit’] en relación a la fiscal general del Estado hay contenido penal y cuál es el contenido del auto de fecha 5 de junio de 2019”.

A continuación, “el señor Luzón manifiesta no recordar el contenido de dicho auto, recuerda que en mayo de 2019 se presentó un escrito por parte de la Fiscalía y que en esa misma fecha se hizo una nota de prensa en la que explicaba la actuación de la Fiscalía y que en aquella nota había un último párrafo en el que se manifestaba que la entonces ministra de Justicia no tenía relación alguna con la investigación”.

Pues ahora parece que no es así, que Dolores Delgado tenía “alguna” relación con los hechos investigados al punto de que el juez instructor descubre un “agujero” (¡de hace tres años!, es decir de 2019) y ofrece a Delgado comparecer en calidad de “perjudicada”… sin intercambiar, aparentemente opinión con quienes conocen la causa, es decir, los fiscales. Y todo ello a cuatro días de anunciarse la dimisión de la fiscal General del Estado. 

En resumen: aquí yacen elementos importantes en la “sucesión” de Dolores Delgado que se ha cocinado lentamente desde hace más de un mes. 

En 2018, Dolores Delgado sufrió la primera baja colateral del ‘caso Tándem-Villarejo’. Cuando ya tenía nombrado y presentado an sus colaboradores a su número dos, el juez Fernando Andreu, como secretario de Estado de Justicia, tuvo que renunciar a su amigo. El ministro Fernando Grande-Marlaska, conocedor de las grabaciones de Villarejo con Andreu alertó a Pedro Sánchez y el nombramiento quedó en agua de borrajas. 

Las grabaciones tardaron en aflorar hasta hace algunas semanas pero finalmente alguna de ellas han salido a la superficie, en la que el juez Andreu oye a Villarejo y al comisario José Luis Olivera contar el montaje que el comisario Enrique García Castaño le ha hecho al alcalde de Barcelona, Xavier Trías, un montaje chapucero con una cuenta falsa en Union de Banques Suisses (UBS) con los códigos inventados.

¿Baltasar Garzón, pareja de Delgado, va a ser el único al que Villarejo no iba a grabar todos esos años de vida simbiótica policial y judicial? Difícil.