La Agencia Española de Protección de Datos recalca el compromiso de proteger la privacidad y la reputación de las personas en redes sociales
Publicar un vídeo en Internet sin permiso puede costarle caro, tanto como miles de euros. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha reafirmado su compromiso de proteger la privacidad y la reputación de las personas en redes sociales, donde cada vez es más común encontrar contenido que vulnera estos derechos, según Confilegal.
El 27 de junio de 2024, la Audiencia Nacional ratificó una multa de 6.000 euros impuesta a un usuario de X (anteriormente Twitter) por difundir un vídeo que mostraba una agresión en el País Vasco, en el que tanto la víctima como su hijo menor eran claramente identificables.
El incidente, que ocurrió en diciembre de 2021, generó una considerable atención en redes sociales, alcanzando 190 retuits y 209 ‘me gusta’. La AEPD concluyó que la difusión del vídeo vulneró la privacidad de los involucrados, a pesar de que la plataforma no consideró que violara sus políticas. El sancionado, que argumentó que no pudo ver el vídeo durante el proceso de sanción y que no se aportaron pruebas de que la mujer no diera su consentimiento, recurrió la multa ante la Audiencia Nacional, pero su recurso fue rechazado.
El tribunal sostuvo que el usuario no pudo demostrar que la publicación fuera una actividad doméstica, lo que habría excluido la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Además, los magistrados señalaron que, durante el proceso administrativo, el sancionado había alegado que su intención era ejercer su derecho a la libertad de información, evidenciando su propósito de difundir el contenido ampliamente.
Vídeo de una persona borracha
En un caso separado, en septiembre de 2023, la AEPD sancionó con 10.000 euros a un usuario por grabar y difundir masivamente un vídeo de una persona en estado de embriaguez, sin su consentimiento. El vídeo, que fue ampliamente compartido en diversas plataformas como Facebook, Instagram, y YouTube, mostraba al individuo claramente reconocible y en una situación vulnerable, lo que llevó a la AEPD a ordenar su retirada de internet.
Estos casos subrayan la importancia de la responsabilidad en el uso de las redes sociales y la necesidad de respetar la privacidad de las personas, así como las consecuencias legales de no hacerlo.